Tras el triple choque que se dio el domingo último en la ruta Luque - San Bernardino, donde falleció su padre Osvaldo Dario Jaquet Valdez, de 39 años; su madre Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hermano de cuatro años, la niña de tan solo 8 años continúa luchando por su vida en el Hospital de Trauma y su estado sigue siendo grave.

“Ella está aún en terapia intensiva, afortunadamente no tiene daño en la zona de la cabeza ni el corazón, pero sí en varios vasos sanguíneos y el pulmón, los cuales se deben de recuperar y por lo que permanece en estado muy delicado. Afortunadamente hay muy buenos profesionales acá en el hospital y le están atendiendo muy bien a mi sobrina”, indicó Nancy Jaquet, tía de la niña en conversación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Destacó que la acción rápida de los médicos cuando la niña empezó a descompensarse fue clave para que la misma continúe hasta el momento luchando por su vida, remarcando que a pesar de los cuidados que se tienen con ella el pronóstico es reservado, ya que la evolución en sí es lenta y depende de muchos factores.

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En cuanto al proceso judicial el abogado Enrique Jaquet, hermano de víctima del accidente fatal y tío de la niña, indicó al programa “Arriba hoy” que la familia se encuentra en un estado muy complicado por el hecho de que recién ayer le dieron el último adiós a sus familiares y deben de cuidar de su sobrina que está internada, pero que no obstante no dejan de lado el proceso legal, al tiempo de exigir justicia.

“La familia lo único que quiere es justicia y que sea imparcial, que el Ministerio Público sea objetivo y que se hagan las cosas como corresponden, que no haya ningún trato preferencial hacia ninguna de las partes. Para nosotros, para la familia el caso es más que evidente y durante el proceso penal se van a ir ordenando las pruebas”, remarcó Jaquet.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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En el marco del control a la aplicación del programa Hambre Cero, la Contraloría General de la República habilitó la plataforma Ñangareko, a la cual podrán tener accesos los padres y la comunidad educativa en general de modo a calificar la calidad de los alimentos y realizar denuncias específicas en los que casos que así lo precisen.

“Es parte de lo que tiene previsto llevar adelante la Contraloría en la implementación de controles y fiscalizaciones de Hambre Cero. Ellos han diseñado una plataforma de fácil acceso y donde va a estar disponible a padres de familia, docentes y a toda la comunidad educativa de todas las escuelas, de manera que puedan desde ahí tener acceso fácil y puntuar la calidad de la comida”, explicó el ministro Tadeo Rojas.

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) detalló a la 650 AM que en los casos de mala calidad, se podrá incluso adjuntar fotografías y reportes precisos sobre los alimentos. En la plataforma estarán identificadas todas las escuelas en donde se implementa el programa de alimentación, divididos por distritos y departamentos.

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“La Contraloría va a estar remitiendo un reporte a las gobernaciones, al MDS y también un consolidado al Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de manera que sirva como un elemento de monitoreo permanente y que se puedan tomar acciones inmediatas, teniendo en cuenta que es imposible que exista un fiscalizador en cada escuela”, expresó.

No obstante, Rojas recordó que el MDS realiza controles aleatorios en las áreas de su competencia, al igual que el ente contralor, el que mediante sus funcionarios también realizarán monitoreos presenciales en las escuelas de todo el país. El secretario de Estado señaló que de todas formas, esta plataforma será de gran ayuda, pues permitirá tener una “radiografía” de la implementación del programa y posibilitará tomar acciones inmediatas.

“Siempre hemos dicho que este programa va a ayudar a mejorar un montón de cosas, a identificar debilidades, a ver problemas que se dan en muchos establecimientos educativos. Aquí el objetivo fundamental es ofrecer el plato de comida a los niños considerando que para el gobierno del presidente Santiago Peña es prioridad la alimentación de los chicos en etapa escolar”, remarcó Rojas.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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