El enfrentamiento entre militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra criminales del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Concepción, ocurrido el pasado miércoles, continúa generando nuevas controversias. Al fuerte reclamo por parte del gobierno argentino, ahora a través de un comunicado, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, solicitó la investigación de los hechos donde perdieron la vida dos menores, ambas de nacionalidad argentina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta al comunicado de prensa de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), expresa en ocho diferentes puntos, la postura del Gobierno Nacional ante la situación planteada desde la dependencia de las Naciones Unidas y que lo reproducimos de manera íntegra a continuación:

1- No ha recibido solicitud alguna de información por parte de la citada Oficina desde el momento de los hechos del 2 de septiembre hasta hoy en que emitió el referido comunicado, por lo que sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos.

2- El Gobierno Nacional expresa nuevamente su profundo pesar por las circunstancias en las que lamentablemente perdieron la vida dos menores. Además, de nuevo reitera su repudio, rechazo y condena a la práctica deleznable de la organización criminal EPP, de utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, con el agravante que en algunas situaciones estos menores son incluso parte del núcleo familiar de los cabecillas de la citada organización criminal.

3- En el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes.

4- Cabe aclarar que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República.

5- Todo el procedimiento realizado el día 2 de setiembre tuvo autorización y acompañamiento de agentes del Ministerio Público y de juez competente, y así también la prensa ha tenido acceso a todas las evidencias encontradas en el lugar de los hechos.

6- Rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado, hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionado llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo.

7- El Estado paraguayo renueva su total apego a las normas de protección de los derechos fundamentales y las garantías judiciales, contenidas en la Constitución Nacional, así como a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitarios y se pone a disposición de todos los órganos de supervisión de tratados para cooperar en torno a este tema.

8- Finalmente, el Paraguay mantiene su invitación abierta y permanente a los órganos de tratados y relatorías para dar un enfoque integral a la problemática y cooperar con el Estado en ese sentido.

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Según el portal Web de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la versión original del Protocolo de Minnesota se elaboró mediante un proceso de expertos dirigido por el Comité de Derechos Humanos de Abogados Internacionales de Minessota (MLIHRC, por sus siglas en inglés) y cuya motivación fue la toma de conciencia de algunos agentes de la sociedad civil de la inexistencia en esos momentos de una clara referencia internacional que sirviese de guía práctica para los encargados de llevar a cabo la investigación de muertes ocurridas en circunstancias sospechosas o como norma para evaluar ese tipo de investigación.

Fue aprobado por la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en 1991. Desde entonces ha sido utilizado por tribunales, comisiones y comités nacionales, regionales e internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Mientras tanto, ayer en horas de la noche, el Ministerio Público anunció a través de sus redes sociales la conformación de nuevos equipos de fiscales que continuarán trabajando en la causa relacionada al enfrentamiento que se llevó a cabo días pasados en la zona norte del país. Uno de ellos es para trabajar con el fiscal Federico Delfino y el otro tendrá a su cargo indagar sobre la utilización de niños y niñas en actividades criminales.

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