El líder del pueblo qom, Tito Recalde, y un menor de 17 años de la comunidad enxet, fallecieron el 25 de agosto y el último lunes, respectivamente, a causa del COVID-19. Son las dos primeras víctimas oficiales del nuevo coronavirus en las comunidades indígenas. Así lo relata la organización Tierraviva que, a través de un comunicado, pide a Salud Pública realizar un plan de emergencia para pueblos y comunidades Indígenas frente al COVID-19, que contemple un protocolo sanitario que incluya monitoreo a través de la regiones sanitarias ante casos sospechosos y confirmados.

Recuerdan que la primera población indígena afectada por el COVID-19 fue la comunidad ava guaraní de Yapy, Santa Isabel, en el departamento de San Pedro, donde se confirmaron varios casos positivos, todos recuperados luego del aislamiento obligatorio.

Sin embargo, señalan que existen otras comunidades donde se registraron brotes como en la comunidad qom de Cerrito, de Benjamín Aceval, y en la comunidad enxet, de La Herencia, de Villa Hayes. Manifiestan que en las comunidades monitoreadas fallecieron 10 personas por diversas enfermedades y que también pudo ser a causa del COVID-19.

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Asimismo, señalan que se han reportado casos positivos por la XVI Región Sanitaria Boquerón, en Loma Plata y Filadelfia; en Alto Paraguay, en Bahía Negra y Carmelo Peralta. Ante los posibles contagios lamentan que Salud Pública no realice muestras en varias de las comunidades afectadas.

Denuncian que el COVID-19 se suma a otros graves problemas que afectan a las poblaciones indígenas, como la desnutrición, la falta de agua potable, la sequía estacional, la limitada asistencia alimentaria y las enfermedades de base endémicas.

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Lamentan que exista apenas un hospital por región sanitaria en el Chaco y la falta de unidades de terapia intensiva, respiradores, ambulancias e insumos para protegerse del COVID-19. Señalan que los centros de salud, al igual que los hospitales, se encuentran mal equipados con limitados recursos humanos, en cantidad y especialidad.

Denuncian que la desprotección de la población indígena no es entera responsabilidad de Salud Pública, sino de otras carteras e instituciones estatales como el Instituto Nacional del Indígena (INDI), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Trabajo, y demás instituciones que no atendieron las necesidades más básicas de la población indígena.

Solicitan que sean expeditivos en el levantamiento de muestras por Vigilancia de la Salud. Asimismo, piden una campaña de educación e información específica para la población indígena y distribución de elementos de prevención como tapabocas, alcohol, agua y jabón, entre otras reivindicaciones.

Además, piden seguimiento a casos de personas de las comunidades con enfermedades de base para extremar cuidados y asistencia; la dotación y fortalecimiento de las regiones sanitarias de la Región Occidental con un mayor número de ambulancias.

Solicitan al MOPC priorizar la construcción y mantenimiento de caminos vecinales de comunidades indígenas, hoy aisladas o inaccesibles para recibir asistencia médica, como el caso de la comunidad paysenyamexenpa’a, que es la Colonia 96 y Buena Vista.

En el mismo sentido, el Ministerio de Trabajo debería monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad en las estancias y colonias menonitas, asegurando a la par, la estabilidad y pago legal de los trabajadores indígenas.

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