El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.

El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.

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El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de inver­tir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.

Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.

De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.

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Los distintos movimientos disidentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomaron el control del directorio y lograron mediante una sesión extraordinaria liderada por el vicepresidente segundo, Eduardo Vera Bejarano, convalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de las votaciones municipales previstas para el 2026.

De esta forma, se prevé que los comicios internos del PLRA sean realizados el 17 de agosto de 2025. Asimismo, ratificaron otro de los puntos resueltos en la última convención del pasado 6 de octubre consistente en que el titular de la agrupación tradicional que lance su candidatura para el cargo de la presidencia o vicepresidencia de la República, deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones internas del partido.

“Un año ha pasado y no tenemos resultados dentro del directorio (asunción de Fleitas a la presidencia), ya no hay excusas. Hoy cada día estamos peor, el PLRA se está cayendo a pedazos, tenemos que recuperar la institucionalidad del partido. No vamos a fortalecer a nuestro partido escondiéndonos y haciendo oídos sordos, 400 convencionales estuvieron presentes en el último encuentro, no se puede desconocer que son ellos las máximas autoridades partidarias”, manifestó el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia.

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De esta manera refirió que el exgobernador de Cordillera perdió la confianza de la mayoría de los liberales tras ser incapaz de impulsar un trabajo de unidad y fortalecimiento en el partido. Mientras que la senadora Celeste Amarilla exigió la renuncia de Fleitas y la vicepresidente primero, Alba Talavera. “A mayor crisis, mayor democracia, a mayor crisis, mayor unidad. Yo quiero hacer un llamado a ambos que renuncien. No nos tiene que marear los carguitos, hoy ser presidente del PLRA es un carguito porque es un partido en crisis, quebrado sin la menor esperanzas”, sostuvo.

Durante la sesión autoconvocada los disidentes tomaron la decisión de intervenir el Instituto José P. Guggiari, ante el despilfarro de recursos económicos del PLRA, designando como interventoras a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, a la abogada llanista Basilisa Vázquez y a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier. También decidieron reemplazar a los apoderados partidarios, nominando a Cristian González, Cirilo Pereira y Agustín Saguier.

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Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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