El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que en el marco del proceso del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el gobierno de Santiago Peña continua en marcha el plan para convertir la cárcel de Tacumbú en un Centro Nacional de Prevenidos. Agregó que este proceso será fundamental para aplicar los programas de reinserción social.

“Toda la parte frontal de la penitenciaría donde antes se tenían las habitaciones vip, los casinos y un galpón grande con un montón de gente acostada en el piso será rencausada. Estamos apuntando que en la cárcel de Tacumbú ya no se tenga mezclado a los reclusos procesados y condenados, solo tendremos a las personas procesadas”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La intención ya había sido anunciada por Nicora en mayo pasado luego del exitoso operativo militar y policial denominado Veneratio, desarrollado el 18 de diciembre del 2023, que hizo frente a uno de los grupos criminales con mayor influencia en los penales, el clan Rotela.

Sin embargo, el ministro reiteró en la fecha que sigue firme la intención de concretar el ambicioso plan. “De esta forma Tacumbú solamente será para las personas procesadas de alto tránsito que tengan que ir al Poder Judicial para la revisión de sus audiencias, juicios orales, entrevistas con psicólogos, siquiatras. En la etapa del proceso abierto hay mucho más movimiento judicial justamente por las audiencias y las etapas previas a una sentencia”, explicó.

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El secretario de Estado argumentó que de concretarse la iniciativa no solo el Estado paraguayo optimizará recursos humanos y logística, sino que se dará cumplimiento “al gran precepto internacional en clasificar a las personas privadas de libertad en condenadas y procesadas”.

Por otra parte, Nicora sostuvo que el saneamiento que se encuentra impulsando su cartera en las diferentes cárceles del país es el éxito de una gran coordinación de las fuerzas públicas, esto en referencia al inicio del proceso de clasificación de los condenados de acuerdo a sus perfiles.

Ayer martes el Ministerio de Justicia impulsó un operativo de traslado de reos de alta peligrosidad que anteriormente se encontraban alojados en las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

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La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Luis Augusto Montanaro Bedoya, imputado por coacción tras amenazar a la fiscala Ruth Karina Benítez. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.

Asimismo, la magistrada emplazó al Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional , lugar donde se encuentra recluido Montanaro, para que en el plazo de dos (2) horas, remita informe respecto al cumplimiento de la medida cautelar dictada por la misma.

De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

Igualmente la jueza Alicia revocó las medidas sustitutivas a la prisión que tenía Montanaro Bedoya y decretó la prisión preventiva en el marco del proceso penal por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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