El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que en el marco del proceso del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el gobierno de Santiago Peña continua en marcha el plan para convertir la cárcel de Tacumbú en un Centro Nacional de Prevenidos. Agregó que este proceso será fundamental para aplicar los programas de reinserción social.

“Toda la parte frontal de la penitenciaría donde antes se tenían las habitaciones vip, los casinos y un galpón grande con un montón de gente acostada en el piso será rencausada. Estamos apuntando que en la cárcel de Tacumbú ya no se tenga mezclado a los reclusos procesados y condenados, solo tendremos a las personas procesadas”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La intención ya había sido anunciada por Nicora en mayo pasado luego del exitoso operativo militar y policial denominado Veneratio, desarrollado el 18 de diciembre del 2023, que hizo frente a uno de los grupos criminales con mayor influencia en los penales, el clan Rotela.

Sin embargo, el ministro reiteró en la fecha que sigue firme la intención de concretar el ambicioso plan. “De esta forma Tacumbú solamente será para las personas procesadas de alto tránsito que tengan que ir al Poder Judicial para la revisión de sus audiencias, juicios orales, entrevistas con psicólogos, siquiatras. En la etapa del proceso abierto hay mucho más movimiento judicial justamente por las audiencias y las etapas previas a una sentencia”, explicó.

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El secretario de Estado argumentó que de concretarse la iniciativa no solo el Estado paraguayo optimizará recursos humanos y logística, sino que se dará cumplimiento “al gran precepto internacional en clasificar a las personas privadas de libertad en condenadas y procesadas”.

Por otra parte, Nicora sostuvo que el saneamiento que se encuentra impulsando su cartera en las diferentes cárceles del país es el éxito de una gran coordinación de las fuerzas públicas, esto en referencia al inicio del proceso de clasificación de los condenados de acuerdo a sus perfiles.

Ayer martes el Ministerio de Justicia impulsó un operativo de traslado de reos de alta peligrosidad que anteriormente se encontraban alojados en las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Luis Augusto Montanaro Bedoya, imputado por coacción tras amenazar a la fiscala Ruth Karina Benítez. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.

Asimismo, la magistrada emplazó al Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional , lugar donde se encuentra recluido Montanaro, para que en el plazo de dos (2) horas, remita informe respecto al cumplimiento de la medida cautelar dictada por la misma.

De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

Igualmente la jueza Alicia revocó las medidas sustitutivas a la prisión que tenía Montanaro Bedoya y decretó la prisión preventiva en el marco del proceso penal por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.

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