Por Valentina Jara.

Noviembre es un mes fundamental para la lucha por los derechos de las mujeres, con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo lunes 25. Durante este periodo se recuerda globalmente la importancia de concienciar y promover la prevención y erradicación de la violencia dirigida hacia mujeres y niñas en todas sus manifestaciones. En este marco, la ministra de la mujer, Cynthia Figueredo destacó el papel del Ministerio de la Mujer y las acciones más relevantes para impulsar esta causa.

“Los derechos de la mujer han avanzado por un camino en que lo que buscamos es una igualdad entre hombres y mujeres, y el objetivo misional del ministerio es lograr esa igualdad sustantiva. Es sumamente importante poder construir de esa manera este Paraguay que soñamos, y lo vamos a realizar de manera articulada”, expresó Figueredo a través de una entrevista con la vocera presidencial Paula Carro.

La ministra recalcó la importancia de aprovechar este mes como ocasión para sensibilizar a la población. Sin embargo, subrayó la necesidad de recordar todo el tiempo que la violencia no es normal: “Este mes de noviembre es un mes de reflexión, es un mes de sensibilización, y es un mes para que todos podamos iniciar la tarea tan, pero tan acuciante que es la lucha contra la violencia. Pero no solamente en noviembre debemos conversar sobre este tema, que es un eje del plan de igualdad que tiene el gobierno, sino que todos los meses tenemos que tener en cuenta de que la violencia no es normal. La violencia tiene una arista gigantesca, involucra y daña a muchos integrantes de la familia, de la sociedad y de la comunidad en general. Tenemos que luchar contra eso”.

Figueredo aclaró que la protección a la mujer es una tarea transversal, que involucra no sólo a los poderes del Estado sino a toda la comunidad: “Son los tres poderes del Estado, es también la sociedad civil, son también las instituciones privadas, son también los medios de comunicación que son clave. Esta problemática involucra a todas las instituciones en lo que es el sistema de protección”.

Además, recordó que existen sistemas de protección que resguardan a las mujeres, como la línea de ayuda 137 y los albergues transitorios. “Refiriendo a lo que es el sistema de protección territorial, venimos trabajando muy de cerca con los gobiernos departamentales en el marco de poder contar con las casas de acogida para mujeres en situación de violencia y trata”. Figueredo refirió que cuentan con varios albergues a cargo del ministerio en los departamentos de Boquerón, Concepción, Ñeembucú y Central, y comentó que se encuentran trabajando en un modelo integral interesante en el departamento de Alto Paraná.

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Carro explicó que los servidores públicos utilizan un “violentómetro” para medir la gravedad de cada caso denunciado y ejecutar un plan de acción dependiendo de los mismos. Por su parte, la ministra expresó que comúnmente los ataques comienzan de forma leve, con pequeños insultos o gestos hirientes. Más tarde, si  a estas conductas no se les da un límite, avanzan hasta llegar incluso al feminicidio. “Esto suele empezar muy suavemente, con una cuestión de controles, de no permitir ir a algún lugar o juntarte con tus amigos; son pequeñas señales que ya nos tienen que llamar la atención. Luego, a medida que va desarrollándose esa relación de pareja, la violencia va tomando otros estrados en donde tenemos que tener una reacción; ya comienzan los empujones, la violencia verbal más fuerte, controles de ubicación. Es donde nosotros tenemos que pedir ayuda, porque esto se está saliendo de control”.

“La violencia en sí es muy compleja, el ciclo de la violencia puede llevar muchos años. Uno puede tolerar; y la mujer es muy resiliente en este aspecto, diez, quince o veinte años de constante violencia. El ciclo empieza con una relación de noviazgo en donde todo es dulce, lindo, pero luego va teniendo facetas en donde aparecen ofensas, controles, agresiones verbales fuertes, violencia física, el agotamiento de la pareja, la denuncia y el perdón. Y empieza de vuelta el ciclo con la luna de miel. Es algo que puede durar muchos años y tener el peor final que es lo que queremos evitar “, explicó Figueredo.

Así también, aclaró que es importante saber que una relación sana es aquella en la que uno puede sentirse libre, en paz y desarrollarse como persona, e instó a todos los civiles a denunciar situaciones de violencia no sólo propias, sino también de allegados, en caso de tener noción sobre las mismas. “Tenemos que hacer realmente una denuncia si vemos estos signos que no son normales en una relación. Así es como realmente le ganamos a la violencia”.

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Carro y Figueredo conversaron sobre el proyecto “Noviazgos sin violencia”, impulsado por el Ministerio de la Mujer y enfocado en la sensibilización a jóvenes en etapa escolar y universitaria sobre el noviazgo respetuoso y libre de violencia. “El proyecto lo que busca es desarrollar ese noviazgo sano, respetuoso, en un lenguaje sencillo para ellos y con lo que ellos están acostumbrados a utilizar como las redes sociales, la música y las actividades que tiene la juventud, de manera a poder descubrir de forma temprana esas señales de violencia que muchas veces uno no puede visualizar porque el enamoramiento es muy bonito, pero nos deja muchas veces en situaciones de ceguera”, explicó Figueredo.

La ministra subrayó que el rol de los padres es fundamental, pues las conductas que se inculcan en el hogar se reflejan luego en sus relaciones. “Acá es muy importante el rol de la casa, de los padres para inculcar ese rescate de los valores y ese respeto por la vida del otro. El respeto de compartir, el poner límites y desarrollar la tolerancia de los niños. Esos niños son los que en la etapa de la adolescencia van a iniciar su etapa de noviazgo y van a ser los adultos de mañana”.

Por último, Carro comentó que el Ministerio de la Mujer es parte del Gabinete social de la presidencia, el cual es la instancia rectora, normativa y articuladora de políticas sociales, buscando reducir la pobreza en el país. Siendo una institución activa en el gabinete, el ministerio cuenta con objetivos puntuales que cumplir. En este marco, Figueredo explicó que  a partir de estas metas propuestas surgió el programa de fortalecimiento de los mecanismos de género a nivel departamental y distrital llamado “Kuña Mimbi Páva”. El mismo busca fortalecer a las mujeres emprendedoras y rurales a través de capacitaciones y oportunidades de desarrollo en diferentes áreas, con el fin de potenciar e impulsar la capacidad de las mujeres a nivel social y económico.

La izquierda radical española, parte de la coalición gobernante del socialista Pedro Sánchez, se ha visto duramente golpeada por un escándalo de violencia sexual que llevó a dimitir a una de sus figuras más conocidas. Pero el asunto sacude a toda la izquierda, porque toca de lleno lo que ha sido su principal campo de batalla durante años: la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género.

Además, el escándalo estalla en momentos de dificultad para el gobierno de Sánchez, enfrentado a dos casos de corrupción que implican a su esposa y a un exministro quien fuera su hombre de confianza. El caso salió a la luz el jueves cuando Íñigo Errejón, hasta entonces portavoz en el Congreso de los Diputados de Sumar, la plataforma de izquierda radical que hasta junio encabezó la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, anunció que abandonaba todos sus cargos y se retiraba de la política. Lo comunicó en una carta que divulgó en la red social X en la que, sin reconocer hechos precisos ni pedir perdón, se limitaba a admitir “errores”.

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El lunes anterior, la periodista y escritora feminista Cristina Fallarás había publicado en su cuenta de Instagram el testimonio anónimo de una mujer que denunciaba, sin identificarlo, a “un político que vive en Madrid, un político muy conocido”, al que calificó de “maltratador psicológico” y “verdadero psicópata”, quien con “sus aires de persona normal” esconde “a un verdadero monstruo”.

Esta revelación desató una avalancha de mensajes en las redes sociales, muchos de los cuales señalaron a Errejón como la persona en cuestión. Cofundador de Podemos en 2014 junto a Pablo Iglesias, quien años después lo expulsó del partido, Errejón, doctor en ciencias políticas, lanzó posteriormente Más Madrid, una formación que se unió a Sumar el año pasado.

El martes, Sumar y Más Madrid abrieron investigaciones tras el mensaje de Fallarás, ante las sospechas que apuntaban a Errejón. El jueves por la noche, la mujer cuyo testimonio provocó la caída del político, una actriz y presentadora de televisión, anunció en X que había sido “víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón” y que había presentado una denuncia ante la policía, que remitió el caso a los tribunales.

Según la denuncia, consultada por la AFP, los ataques se remontan a setiembre de 2021. Errejón dimitió para evitar la expulsión de su partido y de Sumar, según la prensa española. El bochorno de los dirigentes de Sumar, pero también del Partido Socialista, era palpable este viernes, cuando muchos se apresuraron a manifestar su solidaridad con las víctimas de la violencia machista y a manifestar su deseo de que se haga justicia.

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Desde Colombia, donde se encuentra de visita, Yolanda Díaz se solidarizó inmediatamente con las víctimas de agresiones sexuales. Dejando ver su preocupación, los socialistas mostraron su apoyo a Sumar. “Lo importante es cómo se ha reaccionado ante este tipo de situaciones” y que Sumar haya actuado con “contundencia y transparencia”, señaló la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

La oposición de derecha aprovechó para cargar contra la izquierda, denunciando su “feminismo hipócrita” y exigiendo saber quién estaba al corriente del comportamiento de Errejón y desde cuándo. “Tiene toda la pinta de que lo sabían y lo taparon (...) Eso se llama complicidad”, lanzó uno de los dirigentes del conservador Partido Popular, Elías Bendodo.

Muestra del impacto del escándalo: Pedro Sánchez, que suele reivindicar que su gobierno es el “más feminista” de la historia del país, escribió en X la misma noche del jueves que su administración “trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos (...) que los hombres” y mostró todo su “apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos”.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Gobernación de Alto Paraná y el Ministerio de la Mujer culminaron hoy la ejecución del programa “Ciudad Mujer” en cuatro distritos del departamento. Como apoyo a la campaña “Octubre Rosa” de prevención del cáncer de mama, fueron brindados servicios de salud pública, charlas educativas y atención de instituciones varias.

Equipos de salud de “Ciudad Mujer” y la región sanitaria realizaron atención clínica, sicológica y estudios de ecografía mamaria. En los cuatro distritos completaron 191 estudios de ecografías mamarias, sin ningún resultado negativo hasta ahora.

Esto fue referido a La Nación/Nación Media, por la secretaria de salud de la gobernación, la química farmacéutica Mabel Fleitas. El programa llegó a Juan E. O´Leary, donde fueron realizados 51 estudios en una jornada. También en Puerto Paranambu de Ñacunday, donde 34 mujeres tuvieron sus ecografías mamarias.

En Itakyry se realizaron 40 ecografías mamarias durante la jornada de “Ciudad Mujer” y, finalmente, el cierre fue hoy en la gobernación, donde se realizaron 66 estudios, totalizando 191 estudios preventivos del cáncer de mama. Igualmente se realizaron otros estudios obstétricos.

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Además de las consultas médicas, sicológica y la realización de estudios para la detención precoz del cáncer, las jornadas incluyeron la provisión de medicamentos, según la secretaria de salud, Mabel Fleitas.

Desde la próxima semana, en la Gobernación de Alto Paraná continuará el servicio de ecografía mamaria, en día y horario sujetos a confirmación, hasta que termine octubre, según lo informado por la secretaria de salud, Mabel Fleitas.

Las jornadas de “Ciudad Mujer” tuvieron igualmente atención de instituciones como el Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Fomento, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Identificaciones y también asuntos como Tekopora y otros.

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El Ministerio de la Mujer desarrolló el seminario internacional “Por una vida libre de violencia para las mujeres indígenas”, en el que se presentaron los resultados del proceso de diálogo entre mujeres de diferentes pueblos y entidades del Estado desde el 2022 al 2024, con el objetivo de atender y prevenir la violencia en las instituciones.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de la Mujer, el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, implementado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) con apoyo de la Unión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El encuentro inició con las palabras del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Juan Ramón Benegas, quien expresó que la violencia contra las mujeres indígenas va más allá de lo físico y comprende una realidad muchas veces invisibilizada, como la exclusión y la discriminación.

“Esto afecta profundamente a las mujeres y pone en riesgo la cohesión social, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Enfrentar este desafío exige un esfuerzo conjunto y coordinado, en el que el respeto por los derechos humanos y la cultura indígena sean los pilares de nuestra acción, para así devolverles una vida digna y libre de miedo”, mencionó.

En el seminario explicaron que los trabajos realizados en los últimos dos años consistieron en reuniones con mujeres indígenas de diferentes etnias y edades con el objetivo de conocer sus vivencias en relación a la violencia, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas, así como las estrategias implementadas; identificar las barreras existentes y buenas prácticas por parte de las instituciones del Estado como la policía, centros de salud y juzgados de paz, entre otras; y construir participativamente una propuesta de abordaje integral, respetuosa y no discriminativa.

“Agradezco a las mujeres que nos permitieron trabajar con ellas y al equipo del Ministerio de la Mujer por su labor silenciosa y comprometida, enfocada en resolver un problema histórico. Este es solo el primer paso, hemos establecido mesas con instituciones y producido el manual de funciones, pero reconocemos que aún queda mucho por aprender, mejorar y fortalecer en la atención a mujeres, especialmente indígenas, que sufren violencia. Confío en que pronto podremos reunirnos nuevamente con avances concretos en los compromisos y acciones acordados”, añadió Cynthia Figueredo, ministra de la mujer.

Javier García Viedma, embajador de la Unión Europea en Paraguay, destacó el trabajo realizado por las instituciones y las mujeres indígenas y anunció la continuación del apoyo de la organización. Añadió además que “las mujeres indígenas tienen una doble condición de vulnerabilidad, a lo que en ocasiones se añade la vulnerabilidad económica y exclusión social. Tanto la comunidad internacional como la sociedad paraguaya tenemos que trabajar juntos para promover un enfoque que respete su identidad, sus tradiciones y sus derechos”.

Daniela Benítez, representante de la Articulación de Mujeres Indígenas, explicó que en el proceso que se llevó a cabo el objetivo fue conocer a las autoridades y sus protocolos, entender cómo funcionan las instituciones públicas y cuál es el contenido de esos protocolos.

“Hemos identificado que la violencia no solo es física, sino que también se manifiesta en la forma en que se percibe y se trata a las mujeres indígenas cuando acuden a las instituciones. Por ello, hemos realizado una evaluación del accionar de las instituciones públicas y, a partir de ahí, decidimos dar el siguiente paso que fue dialogar directamente con los encargados y directores para conocer sus opiniones, experiencias y los obstáculos que enfrentan cuando una mujer víctima de violencia acude a ellos en busca de ayuda”, reseñó.

Por su parte, Verónica Heilborn, oficial de género, adolescencia y juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, comentó que el proceso se hizo con el acompañamiento de organizaciones indígenas, pero sobre todo con el liderazgo y el empuje del Ministerio de la Mujer, lo que fue sumamente enriquecedor para todas las partes.

“A las mujeres indígenas les resultaba muy valioso tener representantes del Ministerio de la Mujer y del INDI que acompañen, que escuchen genuinamente, y a las instituciones públicas les resultó sumamente rico escuchar de primera mano, comprender mejor cuales son las demandas, las brechas, los espacios que no se estaban cubriendo. Todo esto nos llevó al último paso, sentarnos a conversar en mesas de trabajo”, precisó.

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El proceso de trabajo arrojó que los principales factores institucionales que influyen en la violencia incluyen las actitudes y procedimientos frente a las denuncias, el conocimiento limitado que tienen las entidades públicas sobre las comunidades indígenas en los territorios y la escasa presencia del Estado en las zonas donde se encuentran estas comunidades.

Por otra parte, los logros alcanzados abarcan la construcción de una propuesta de abordaje integral con una perspectiva de derechos e intercultural, la elaboración de un manual de capacitación para el funcionariado público sobre cómo abordar la violencia hacia las mujeres indígenas, y la consolidación de compromisos y acciones concretas para combatir la violencia en estas comunidades.

“Nuestro país enfrenta retos, números e indicadores que son muy elocuentes en todos los tipos de violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, pero esos indicadores se reflejan de manera mucho más cruda cuando se trata de niñas, adolescentes y mujeres indígenas”, manifestó Rocío Galiano Marés, representante nacional del UNFPA.

“Ahora, el reto principal es que esos compromisos se puedan volcar en instrumentos de política pública que puedan hacer que esos acuerdos sean implementados en todos los territorios de nuestro país, para eso nos queda un poco más de esfuerzo. Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando al Ministerio de la Mujer, al INDI y a las lideresas indígenas que están llevando adelante este proceso para que esas herramientas se den en el tiempo y en el momento más breve”, agregó.

Por su parte, Pilar del Barrio, coordinadora del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, señaló que el trabajo realizado busca ir más allá de simples acuerdos formales, convirtiéndolos en acciones concretas. “Este pacto tiene elementos de una política pública transformadora por su voluntad de trascender los acuerdos formales en propuestas concretas. Las lideresas indígenas de todo el país han dado su tiempo, han nombrado lo que les daña, que son el racismo y la discriminación sistémica detrás de cada acto de violencia que se ejerce contra ellas”.

El seminario también contó con la participación destacada de Mariana Yumbay, parlamentaria Kichwa de la Asamblea Nacional del Ecuador, doctora y abogada, magíster en derecho penal y reconocida defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, quien habló de la situación de exclusión que han vivido los pueblos indígenas a lo largo de la historia y el papel de las mujeres en la lucha por el reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas.

“Solo después de lograr esa concreción, ese reconocimiento a los derechos como pueblos indígenas se han concentrado en la lucha por los derechos específicos como mujeres, esa es la realidad”, subrayó y enfatizó en la necesidad de que el Estado trabaje en políticas públicas que tengan un enfoque de interculturalidad, que puedan ayudar a que los pueblos indígenas puedan acceder a una educación y servicios de salud de calidad y ayuden a disminuir la pobreza.

Asimismo, Óscar Ayala, abogado y defensor de derechos humanos, hizo una introducción a las obligaciones del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos y, más detalladamente, de los pueblos indígenas.

“Cuando hablamos de derechos humanos, solemos enfocarnos en los derechos inherentes a la dignidad de toda persona, sin embargo, los derechos humanos van más allá, implican también un conjunto de obligaciones que guían la organización del Estado y la actuación de sus autoridades. Estas obligaciones incluyen la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó.

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