Pobladores de la comunidad Esperanza, en el departamento de Guairá, reportan la mortandad de peces en el río Capiibary, presuntamente a raíz de la contaminación del cauce con desechos provenientes de industrias asentadas en la zona. No es la primera vez que sucede y preocupa que la gente sigue consumiendo los peces.

La comisión vecinal se reúne este miércoles para preparar una nota que será remitida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a fin de solicitar una inmediata intervención e investigar la causa ambiental.

“Nuestro problema esta semana es la supuesta contaminación del río Capiibary porque hay mortandad de peces. Es preocupante porque no se sabe qué es lo que contamina, pero hay contaminación, porque por falta del oxígeno no van a morir en un río”, señaló Mario Morel a la 780 AM.

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El denunciante afirmó que hay fábricas en las inmediaciones que estarían tirando los presuntos productos tóxicos. “Yo estoy a 35 kilómetros de Paso Yobai y el río Capiibary está conectado con otros arroyos. Y se trabaja el tema del pozo en Paso Yobai y se usan productos químicos como el cianuro. No puedo decir que sea la posible causa de la muerte de los peces, pero hay problema y necesitamos que venga el Mades para investigar la causa”, refirió.

Calificó de “preocupante” el caso, puesto que la gente sigue dedicándose a la pesca y aparentemente consumiendo el producto contaminado, poniendo en riesgo la salud. “No tenemos quién controle el lugar y se hace lo que se quiere. Entonces, ahora ya es preocupante porque yo justamente fui a ver y comenté con los lugareños y de otros barrios, pidiéndoles que no consuman el pescado. Pero la gente, al parecer, no tiene miedo; igual va de pesca y seguramente luego consume”, dijo don Morel en guaraní.

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministe­rio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Minis­terio de Relaciones Exteriores (MRE) analizan la posibilidad de establecer un acuerdo con Singapur para la implementa­ción de transferencia de crédi­tos de carbono. Afirman que se trata de un esfuerzo para consolidar a Paraguay como actor confiable en los mercados internacionales de carbono.

Paraguay busca introducirse en el mercado internacional de bonos de carbono y ser un actor confiable para aquellas empre­sas que requieren estos crédi­tos para compensar sus emisio­nes de dióxido de carbono. Uno de los países que más demanda estos bonos es Singapur, con el que el G obierno analiza esta­blecer un acuerdo para la trans­ferencia de estos créditos.

En una reunión entre el MIC, el Mades y el MRE, se debatie­ron proyectos y perspectivas al respecto para asegurar que el acuerdo con Singapur cum­pla con la Ley de Carbono y su decreto reglamentario. Consi­deran que esto garantizará la calidad y la canalización ade­cuada de las transferencias de resultados de mitigación deri­vadas de proyectos privados de créditos de carbono.

En 2024, el ministro de Indus­tria y Comercio, Javier Gimé­nez, se había reunido en Sin­gapur con Teo Chee Hean, ministro principal y minis­tro coordinador de Seguri­dad Nacional de ese país para conversar sobre el acuerdo de implementación entre ambos países, cuyas negociaciones se dieron en el marco de la COP-28 en Dubái en 2023.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI,por sus siglas en inglés) lanzaron un proyecto para acelerar la implementación del mercado de carbono para atraer inversión climática. Afirman que este proyecto ayudará al gobierno a implementar un sólido y transparente mercado nacional de carbono que beneficiará a la economía paraguaya y su desarrollo sostenible.

El proyecto denominado Operacionalización del Marco Nacional del Mercado de Carbono de Paraguay fue lanzado oficialmente ayer lunes. Es financiado por el Carbon Transaction Facility del GGGI con el objetivo de colaborar con el Gobierno de Paraguay para alentar la diversificación de la economía, facilitando incentivos para las actividades que reducen emisiones de carbono.

A parte del impulso del mercado de carbono, se pretende estimular la utilización de tecnologías y adopción de soluciones bajas en carbono, como también crear oportunidades de financiamiento para actividades o proyectos ambientales que beneficien a toda la sociedad.

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“Este proyecto es un hito importante en la estrategia de Paraguay para fortalecer el mercado de carbono y atraer financiamiento climático internacional. Con esta iniciativa, buscamos generar herramientas que brinden incentivos económicos a las actividades que promuevan el desarrollo sostenible de nuestro país”, dijo durante el lanzamiento Víctor González, titular de la Dirección de Mercados de Carbono del Mades.

Aaron Dayer, director adjunto de la Unidad de Precio al Carbono de la GGGI, afirmó que Paraguay se posiciona con este proyecto como un actor estratégico en el mercado internacional de carbono, en línea con el Acuerdo de París y que el objetivo es construir un mercado de carbono que complemente las actividades productivas del país.

En la ocasión, se anunció que se establecerá una mesa interministerial que funcionará como el organismo de gobernanza de la implementación del mercado de carbono. Participarán de esta mesa el Mades, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Se espera que en los próximos meses el proyecto se centre en el desarrollo del marco regulatorio, la capacitación de actores claves y la creación de mecanismos de monitoreo que garanticen el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos climáticos de Paraguay.

El Carbon Transaction Facility es la solución del GGGI para abrir mercados mundiales de carbono en virtud al Artículo 6 del Acuerdo de París. Su primer pilar es el Mecanismo de preparación para el artículo 6, con el que busca que países miembros y socios de GGGI puedan aprovechar plenamente el potencial del mercado.

Su segundo pilar es la colección de fondos de carbono, centrado en el establecimiento de transacciones estipuladas en el artículo 6 del Acuerdo de París. El Carbon Transaction Facility está respaldado por el ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega y la Agencia Sueca de Energía.

El GGGI fue establecido en 2012 como una organización internacional intergubernamental basada en un tratado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Su misión es apoyar a sus Estados miembros en la transición hacia un modelo de crecimiento verde que combine reducción de la pobreza, inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico.

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Un estudiante de 14 años llevó un revólver a la institución educativa donde asiste, en la ciudad de Mariano Roque Alonso y asustó a sus compañeros quienes alertaron sobre la situación a los directivos. Hoy martes, desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió intervenir el colegio y activó el protocolo para evitar que este tipo de hechos se repitan entre los estudiantes.

Según el reporte dado por la Policía Nacional, una vez que recibieron la denuncia fueron hasta el colegio y conversaron con la directora, quien manifestó que un alumno del noveno grado estaba exhibiendo un arma de fuego que tenía en su mochila. Este fue convocado por la docente quien le pidió que muestre el contenido a los agentes y se encontró el arma calibre 22.

“Se dispuso la incautación del arma y se puso a disposición del Ministerio Público. Se trata de un revólver calibre 22 milímetros cuya procedencia es Argentina. Se convocó a la madre del adolescente para ponerla al tanto del procedimiento”, confirmó el comisario Rubén Bazán, en entrevista con canal Trece.

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Desde la Dirección Departamental de Educación indicaron que se activó el protocolo de prevención ante lo ocurrido dentro de esta institución. “El comité de gestión de riesgo ya se reunió dentro del colegio y activaron los protocolos correspondientes para el control de las personas que ingresan. En este caso la directora hizo el llamado a la familia y se instaló una mesa de trabajo”, apuntó Francisco Canatta, director departamental.

Apuntó que este alumno puede ser apartado de la institución por un periodo de 10 días. “Durante ese tiempo se va a trabajar con los compañeros del aula y también con las familias. Se hace un trabajo de contención con profesionales. El caso ya está en una Unidad Fiscal y el MEC está expectante del resultado que den las autoridades del Ministerio Público para obrar en consecuencia”, puntualizó.

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