Desde el Ministerio de Justicia confirman la existencia de un nuevo caso de coronavirus en la Penitenciaría Nacional Tacumbú de Asunción, los confirmados llegan a 18. La franja etaria de los portadores del virus son de entre 23 y 46 años, todos se encuentran en aislamiento y no presentan síntomas graves, afirman desde Justicia.
En la jornada, se reportó un nuevo caso de coronavirus en Tacumbú, todos se encuentran en el pabellón de la ONG Remar, que se encuentra cerrado desde la confirmación de los otros 17 casos, como exige el protocolo de salud.
“Son todos personas jóvenes, los adultos mayores están en otra sección. Esa es la ventaja que tiene la Penitenciaría Tacumbú, que están por secciones, y Remar como medida de prevención, desde un primer momento, está aislado, se cerró y dentro del pabellón no entra ni sale ninguno de los internos”, explicaron desde el área de prensa del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, los resultados de los test de COVID-19, practicado a los guardiacárceles del recinto penitenciario aún no se tienen. Los mismos se encuentran en un albergue donde realizan el aislamiento preventivo durante 14 días.
Igualmente, ninguno de los casos ya confirmados requiere la urgencia de internación o ser asistido en cuidados intensivos, atendiendo a que los privados de libertad contagiados tienen entre 23 a 46 años, los mismos son relativamente jóvenes y no se encuentran en la zona de riesgo.
A las autoridades penitenciarias preocupa aquellos 48 reclusos con tuberculosis o VIH y otras enfermedades de base que son vulnerables ante el virus.
En Ciudad del Este, se dieron los primeros casos de COVID-19 en recintos penitenciarios, en el penal de CDE se registraron cerca de 500 reclusos contagiados y guardiacárceles, fueron víctimas fatales 3 personas, el resto salió ileso y el Ministerio de Salud ya les dio el alta médico.
Te puede interesar: Por primera vez aplican bomba de baclofeno para lesiones medulares y cerebrales
Dejanos tu comentario
La pobreza en Perú alcanzó el 29 % de la población en 2023
La pobreza en Perú alcanzó al 29 % de la población en 2023, frente al 27,5 % en 2022, informó este jueves el organismo estatal de estadística. La tasa interanual de pobreza monetaria creció 1,5 puntos porcentuales, afectando a 9,7 millones de personas, precisó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La pobreza extrema también aumentó en el mismo periodo, del 5 % al 5,7 %. El índice de pobreza superó incluso los indicadores previos a la pandemia, cuando en 2019 Perú registraba 20,2 % de pobres. En 2020, el primer año de covid 19, el índice alcanzó el récord del 30,1 %.
Te puede interesar: Bolivia: linchan a tres presuntos secuestradores de una pareja
El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, atribuyó el aumento de la población en situación de pobreza a las protestas que paralizaron por varios meses el país tras la destitución en diciembre de 2022 del entonces presidente Pedro Castillo, encarcelado por su intento de disolver el Congreso. Asimismo, a eventos climáticos como el fenómeno de El Niño y el ciclón Yaku.
“No podemos dejar de considerar que el 2023 fue un año de recesión (...) en consecuencia, sí tuvimos una caída tan brusca en el proceso de crecimiento económico, y era de esperar su impacto en la pobreza”, aseguró Adrianzén. La medición oficial de la pobreza en Perú se efectúa a través del indicador del gasto en cada hogar, explicó el INEI.
Lea también: “Dicen que...”, datos falsos ponen en jaque ayudas en inundaciones en Brasil
Según el organismo, se mide a partir del “equivalente monetario al costo (mensual) de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos”. En 2023 ese gasto mensual fue de 446 soles (unos 118 dólares) por habitante en una canasta básica. Si una persona gasta menos que esa cifra es considerada pobre. En la pobreza extrema se incluyó a las personas que destinaron menos de 251 soles mensuales (unos 67 dólares) en consumo de alimentos.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Astrazeneca retira del mercado su vacuna contra el covid
El gigante farmacéutico británico Astrazeneca anunció este miércoles que retira de la venta su vacuna contra el covid-19 Vaxzevria, una de las primeras que salió al mercado durante la pandemia, por la bajada de la demanda.
“Teniendo en cuenta que se han desarrollado múltiples vacunas contra el covid-19, hay un exceso de vacunas actualizadas” ante las diferentes variantes del virus, “lo que se traduce en una caída de la demanda de Vaxzevria, que no se fabrica ni se distribuye más”, justificó el grupo en un comunicado.
Podés leer: Macron y Xi Jinping hablaron sobre Ucrania y comercio en los Pirineos
“Por ello Astrazeneca decidió iniciar la retirada de la autorización de marketing de Vaxzevria en Europa”, agregó. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) indicó que ayer martes en su web que la autorización de venta de Vaxzevria había sido retirada “por pedido del titular de la autorización de marketing”, es decir el laboratorio farmacéutico.
El grupo también “trabajará con los otros reguladores del mundo para iniciar la retirada de las autorizaciones [...] ahí donde no hay previstas futuras demandas para la vacuna”. Astrazeneca afirma querer “cerrar este capítulo”. “Estamos muy orgullosos del papel que Vaxzevria tuvo para poner fin a la pandemia”, abundó el texto.
Te puede interesar: Lluvias y tormentas para hoy traerán un descenso de temperatura
“Según estimaciones independientes, más de 6,5 millones de vidas fueron salvadas sólo en el primer año de uso” del medicamento, “y más de 3.000 millones de dosis fueron distribuidas en todo el mundo”, detalló.
Esta vacuna, una de las primeras en llegar al mercado, incluso si estos sueros no eran la especialidad de Astrazeneca, tuvo varios contratiempos, entre ellos la falta de autorización de comercialización en Estados Unidos. También tuvo problemas de suministro en Europa, en medio de los temores al riesgo de trombosis que podía acarrear tras la muerte de varias personas.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
Dejanos tu comentario
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.