El Ministerio Público individualizó a un total de 56 adolescentes posibles víctimas de una red de trata de personas y explotación laboral. Estos menores de edad llegaron desde la zona de San Pablo, Brasil, durante la pandemia y cumplieron la cuarentena obligatoria en albergues instalados en el país.
Estos datos fueron expuestos por la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, encabezada por la agente fiscal Carina Sánchez, en el marco de la Webinar realizada por la proximidad del Día del Combate a la Trata de Personas, que se recuerda el 30 de julio.
En conversación con La Nación, Sánchez manifestó que a finales del 2019 y durante los primeros meses del 2020, tuvieron conocimiento de una serie de víctimas de explotación laboral en Brasil.
“Nos pusimos en contacto con las autoridades brasileñas para coordinar y lograr la identificación de las víctimas. Pero el cierre de frontera y la obligatoriedad de la cuarenta en albergues de los ciudadanos que venían complicaron el trabajo”, señaló.
No obstante, reconoció que este último fue positivo, ya que la cuarentena obligatoria en albergues permitió identificar a adolescentes que llegaron desde el vecino país sin acompañamiento de mayores de edad y que eran víctimas de trata de personas.
56 posibles víctimas
Una vez individualizadas las víctimas, la Fiscalía dio participación al Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) y a la Defensoría del Pueblo. “Tenemos en total 56 posibles víctimas y 12 causas abiertas en tres unidades, de acuerdo al turno. Estamos avanzando en ese sentido”, acotó.
En el avance de los trabajos surgió otra dificultad: se complicó el método para abordar a las víctimas. “Antes teníamos formas de abordaje bien definidas, pero con las medidas sanitarias estrictas nos vimos obligados a cambiar los protocolos que ya teníamos. No era una situación normal. No podíamos acercarnos a los adolescentes. En ese sentido, logramos otras formas de acercamiento, de acuerdo a la necesidad de cada adolescente”, dijo. Se ejecutaron trabajos coordinados con otras instituciones públicas, también para evitar la revictimización de los afectados.
Realizaban trabajos en pésimas condiciones
Sobre la edad de las víctimas, la fiscala indicó que se tienen 2 niñas de 12 y 13 años y luego adolescentes de 14 a 17 años de edad. Específicamente, estos chicos estaban realizando trabajos en talleres de costura en San Pablo, Brasil. “Estas actividades son completamente ilegales. Estos chicos no pueden trabajar ni acá ni mucho menos en el exterior. Ellos cruzaron o fueron enviados de forma ilegal a Brasil. Trabajaban de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Horario completo y en condiciones que no eran óptimas. De hecho, bajo ninguna circunstancia y menos en el extranjero es legal esta práctica. Algunos de los chicos estaban con sus hermanos, otros con algunos familiares y los restantes estaban completamente solos”, mencionó.
Sánchez dijo además que se realizaron evaluaciones socioambientales con los familiares de los adolescentes que se encuentran solos, a modo de determinar si pueden volver a sus hogares.
También, a la fecha, la fiscala confirmó que dos unidades fiscales ya presentaron 5 imputaciones relacionadas a las personas involucradas en la captación y transporte de las víctimas. También se imputó a otras personas involucradas que tienen sus talleres de costura establecidos en Brasil.
Dificultades para investigar durante la pandemia
La conferencia, realizada netamente de forma virtual, fue organizada por la Fiscalía paraguaya y contó con la participación de sus pares de Chile, Argentina, Brasil, Perú y de España.
El objetivo del evento fue dar a conocer las experiencias de las diferentes unidades de los citados países en la tarea frontal de la lucha contra estos flagelos en el contexto de la pandemia del COVID-19.
“Cada uno habló un poco de su experiencia en los diferentes ámbitos de trabajo, en el ingreso de causa, el nuevo abordaje a las víctimas de trata. También se habló sobre las nuevas formas de captación y explotación de personas”, explicó la fiscala Carina Sánchez.
La titular de la unidad especializada comentó que la principal dificultad que tuvieron al inicio de la pandemia fue la paralización total de actividades en el ámbito judicial, con la suspensión de los plazos procesales y otras diligencias.
“No obstante, seguimos atendiendo las causas urgentes. Todas las víctimas de esta clase de hecho punible, como la explotación laboral o sexual, son tratadas como casos urgentes. No paramos las actividades. Nos organizamos, respetando siempre las medidas sanitarias”, expuso.
En ese sentido, recordó que también tuvieron que acompañar a los controles en la vía pública de personas y vehículos durante la cuarentena estricta, por lo que la labor se vio dividida.