Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Édgar Torales imputó a dos ciudadanos por homicidio doloso y violación de la cuarentena tras el tiroteo que le costó la vida a un militar de la Marina. Las personas que serán investigadas por el Ministerio Público son Rafael Da Silva, brasileño, y Silvio Brítez. Da Silva fue expulsado del país el 12 de julio pasado por la fiscala Nilsa Torales.
Además, otras 26 personas fueron imputadas por frustración de la persecución penal, resistencia y violación de la cuarentena.
El caso que se investiga tiene que ver con un operativo del Área Naval del Este en la costa del barrio San Miguel, realizado el miércoles en horas de la noche y que terminó en tiroteos y un marino asesinado.
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Además, 35 pobladores quedaron detenidos en una acción que, a su vez, fue denunciada como un atropello a los derechos humanos por la brutalidad en la intervención de los marinos, evidenciada en la gran cantidad de golpeados, tal como lo muestran los rastros físicos.
La víctima fatal fue el suboficial de la Marina Marcos Aurelio Agüero, quien fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá tras recibir un impacto de bala. Horas después se confirmó su deceso. El fiscal Torales había liberado el jueves a 14 de las 35 personas que fueron detenidas, hasta que hoy decidió la imputación de los mencionados, 28 en total.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Tiroteo en pleno centro de San Lorenzo deja cuatro heridos
En la madrugada de este jueves se registró un tiroteo entre dos hombres frente a un local gastronómico, ubicado sobre las calles Defensores del Chaco casi Fortín Arce, en el centro de la ciudad de San Lorenzo.
Debido a los disparos, cuatro personas resultaron heridas: dos víctimas colaterales del tiroteo, que afortunadamente se encuentran fuera de peligro; y los otros dos, autores de los disparos y blanco del ataque.
En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo el atacante, identificado como Diego Caceres de 28 años, llega a bordo de un automóvil plateado hasta el local comercial y se dirige rápidamente hacia quien sería su blanco, identificado como Cesar Jonathan Denis, de 32 años.
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Luego de recibir los primeros disparos de parte de Cáceres, Cesar Denis desenfunda su arma y empieza a responder los tiros, dejando a varias personas en medio del fuego cruzado.
Cesar Denis recibió al menos 4 impactos de bala, por lo que debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital del Trauma; por su parte, Diego Caceres llegó horas más tarde hasta el Hospital de Capiatá, de donde debió ser trasladado hasta el Hospital del Trauma, ya que tenía al menos 8 impactos de bala.
Ambos sujetos se encuentran en un estado grave de salud, no obstante, ya se solicitó que permanezcan bajo custodia policial hasta que sean dados de alta y puedan quedar a disposición del Ministerio Público.
Los investigadores manejan la hipótesis de que el trasfondo del enfrentamiento se trataría de una rencilla o ajuste de cuentas ligado al microtráfico.
“El sujeto que fue atacado cuenta con antecedentes por microtráfico y fue beneficiado con una medida alternativa a la prisión, por lo que guarda arresto domiciliario y tiene permiso de trabajar de lunes a viernes, desde la medianoche hasta las 06:00 de la mañana. Por otro lado, el atacante no cuenta con antecedentes”, explicó el comisario Oscar Cuevas, en conversación con el canal de noticias NPY.
El mismo comentó que, aparentemente, el hombre que sería el blanco se encontraba en el lugar como un cliente más y no por cuestiones laborales.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Fiscalía apeló absolución de docente acusado por acoso sexual
El fiscal Rodrigo Vázquez apeló la absolución de culpa y pena del docente de Villarrica que fue acusado por acoso sexual, cuya víctima es una niña de tan solo 11 años de edad, alumna del procesado. Ahora será un tribunal de apelación el que deberá estudiar si corresponde que el profesor vuelva a ser juzgado por otro tribunal de sentencia.
Con la apelación, el representante del Ministerio Público quiere que se anule la absolución del docente y por ende que sea otro colegiado quien vuelva a realizar el juicio oral y público atendiendo a que se tiene varios elementos probatorios para poder llegar a una condena.
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De acuerdo a los antecedentes de la causa, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto del 2022, utilizando la mensajería instantánea (WhatsApp), el docente enviaba mensajes de texto y audios a la menor de 11 años.
Es importante señalar que un tribunal de sentencia de la ciudad de Villarrica, integrado por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz, absolvió de culpa y pena al docente Juan Insaurralde, de 56 años, quien fue acusado por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años en el año 2022. La menor cursaba el sexto grado en una institución pública de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.
La absolución del docente generó repercusión tras la difusión de mensajes de texto enviados por el docente fuera del horario escolar, en los que se dirigía a la niña con frases como “estás linda”, “mi amor”, “eres mi princesa” e incluso, según versiones, manifestaciones más explícitas como “quiero besar tus pies” o “quiero sentir tu cuerpo”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que estos mensajes no fueron incorporados en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez.