Durante la jornada de ayer sábado, la Policía Nacional recibió un total 2.121 llamadas en el sistema 911 de los cuales el 75 % fueron de no emergencia, situación que retrasa las atenciones a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Asistieron a 114 casos de violencia familiar en un día.

Según el informe emitido por la institución, durante la jornada del 2 de noviembre ingresaron 2.121 llamadas al sistema de emergencias, de las cuales 1.490 representan a aquellas que no necesitaban de ayuda. La mayoría de estos contactos era de personas que llaman, pero no contestan, así como de niños jugando.

La mayor cantidad de ingresos fueron de ciudadanos que llaman y no contestan, con 1.128 casos registrados ayer, y 120 de aquellos que contactan en forma equivocada. En tanto que, hay personas que marcan para pedir información, que totalizaron 101 llamadas, y también un caso de contacto por mensajería.

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Siguen en la lista los niños que juegan con los aparatos celulares y marcan al sistema 911, en esta oportunidad fueron 44; también figuran los que llaman para insultar o decir obscenidades a las operadoras con 3 contactos y suma la lista las llamadas operativas fueron 29 en total.

Fueron atendidos 631 casos de emergencias reales, entre ellos: 114 hechos por violencia familiar, 133 denuncias e intervenciones por polución sonora y 80 casos por perturbación a la paz pública. La lista sigue con reportes de 64 accidente de tránsito y 10 casos de hurtos o robos, todos fueron asistidos por la Policía Nacional.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Este domingo, desde la Policía Nacional informaron que ayer sábado recibieron un total de 1.064 llamadas de no emergencia al sistema 911. Los contactos más frecuentes fueron de personas que llaman y no contestan a las operadoras, con más de 800 entradas.

Según el reporte dado desde la institución, recibieron un total de 1758 llamadas que deberían ser de emergencias, pero de este número más del 60 % son de personas que no requerían asistencia. Estos contactos lamentablemente retrasan las respuestas a aquellas que realmente necesitan ayuda.

Las operadoras contestaron 1.064 llamadas de no emergencias durante la jornada de ayer sábado, y el mayor número corresponde a usuarios que contactan y no hablan o contestan, con 822 atenciones; le siguen aquellos que contactan por equivocación, con 77, y las que llaman para pedir información, con 77.

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No podían faltar los niños jugando con 58 llamadas, las tradicionales llamadas operativas con 28 contactos. En tanto, una persona llamó para decir obscenidades a las operadoras y una persona por mensajería, lo que da como resultado que más de mitad no fueron casos urgentes.

Los casos de emergencias reales fueron 694, de los cuales 137 fueron para denunciar polución sonora; 127 por casos de violencia familiar; 92 reportes por perturbación a la paz pública; 33 llamadas por accidentes de tránsito y un total de 22 denuncias por casos de robos. Desde la Policía Nacional piden a la ciudadanía a recurrir al sistema solo en casos de emergencias reales y recordaron que se tiene un registro de llamadas.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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