El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.

El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).

En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.

A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.

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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.

“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.

Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.

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Alrededor de las 23:00 del sábado 27, se produjo un asalto tipo comando a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) ubicada en Natalio, Itapúa. Alrededor de 15 a 20 personas, por medio de explosivos, lograron ingresar a la sede bancaria y se alzaron con dinero en efectivo. Hasta el momento se desconoce el monto y la identidad del grupo armado, aunque ya pudieron localizar dos vehículos que habrían sido utilizados en el atraco.

De acuerdo a la información confirmada por la Policía Nacional, el grupo utilizó dinamita en gel para corromper la estructura del banco y así poder ingresar. En paralelo al asalto, parte de la banda realizó un ataque a la Comisaría N.° 17 de Natalio, ubicada a dos cuadras de la sucursal del BNF, y se produjo un enfrentamiento entre los delincuentes y los oficiales.

Afortunadamente, no hubo policías heridos ni fallecidos dentro de los agentes policiales, no obstante, un civil que circulaba por la zona, sufrió de un impacto de bala en el muslo izquierdo. El hombre fue identificado como Flavio Arturo Nirich Joerissen, de 26 años y fue trasladado hasta el hospital de Hohenau. Un hecho llamativo fue que dentro de la camioneta del joven se encontraron bidones de combustible, pero todavía se desconoce más información al respecto.

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Los asaltantes también se valieron de los explosivos conocidos como “clavo Miguelito” para lograr la huida y la Policía Nacional recibió informaciones de que la banda criminal pudo haber huido hacia el río Paraná, por lo que se trasladaron a hacer pesquisas hacia ese lugar, en un zona boscosa, lograron encontrar dos vehículos.

Se sospecha que los rodados habrían sido utilizados por los maleantes para perpetrar el asalto. Los vehículos encontrados corresponden a un Cherry Tiggo color rojo con chapa BSN311 y un Toyota Runx de color plateado con chapa BRC928. Los delincuentes habrían actuado con el rostro cubierto, vestidos de ropas oscuras y chalecos antibalas, además portaban armas de fuego de distintos calibres.

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Este sábado, dos hombres fuertemente armados llegaron a una obra y asaltaron al arquitecto que debía pagar a los trabajadores en la ciudad de Fernando de la Mora. Los malvivientes realizaron varios disparos y uno de los proyectiles hirió a uno de los trabajadores.

El hecho se reportó cerca del mediodía de hoy, cuando el hombre llegó con su camioneta a una propiedad donde se estaba realizando una obra y detrás de este llegaron los hombres en una motocicleta. Estos realizaron disparos y exigieron la entrega de su cartera, en el que llevaba G. 25 millones.

En imágenes de cámaras de seguridad se puede ver como los dos hombres a bordo de una motocicleta siguieron a la camioneta de la víctima hasta el lugar y tras cometer el asalto huyeron del sitio. Sin embargo, no se logra distinguir los rostros de los malvivientes porque portaban casco.

Durante el percance uno de los obreros resultó herido, luego de que los delincuentes dispararon contra la camioneta para intimar al hombre a entregar su cartera donde llevaba el dinero para pagar a los trabajadores, pero una de las balas rebotó contra la humanidad del trabajador.

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“Los testigos manifestaron que llegaron al lugar y uno de ellos al descender del biciclo efectuó los disparos, siendo alcanzado por las esquirlas uno de los empleados del ingeniero que fue víctima del atraco”, afirmó el suboficial Rodi Torres, de la comisaría segunda, en entrevista con C9N.

Agregó que de inmediato se dio aviso a la comisaría y llegaron al lugar donde estaba el hombre herido, que fue llevado al Hospital de Trauma, desde donde confirmaron que ya está fuera de peligro. “La víctima fue despojada de G. 25 millones aproximadamente”, comentó.

Hasta el lugar de llegaron agentes de Criminalística que recogieron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, para tratar de identificar a los asaltantes. Hasta el momento no tienen sospechas de quienes podrían ser los autores, pero las investigaciones del caso siguen.

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El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.