Luego de que un miembro de la Policía Nacional asesinara a cinco integrantes de su familia e hiriera gravemente a otras dos personas, el psicólogo Marcelo Bieber destacó que la evaluación realizada a aspirantes y policías es muy relativa y debe ser más especializada.
“Muchas veces en los test de entrevista o en grupo no salen ciertos rasgos. Hay otros test más especializados para este tipo de comportamientos”, expresó el experto en contacto con GEN.
Afirmó que se debe contar con más profesionales y una evaluación más profunda, especialmente en el manejo del estrés. “Son muchos oficiales, unos 25.000, y son pocos psicólogos. Se debe hacer un protocolo de prevención para evitar este tipo de episodios”, aseguró.
Ratificó que los traumas que uno padece cuando fue menor repercuten cuando uno es adulto, especialmente los traumas de violencia o abandono en cuanto a lo afectivo. “Predisponen a conducta violenta y a tener ciertos trastornos psiquiátricos. Eso predispone a abuso de sustancias, el que consume alcohol puede alucinar y deferir de la realidad”, explicó.
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Así también Bieber sostuvo que este tipo de hechos de homicidio-suicidio es muy común actualmente y siempre se da cuando hay un detonante, en muchos casos tiene que ver la parte sociocultural. “Siempre hay un motivo para un acto criminal como este”, indicó.
Aclaró que entre los casos más comunes para llevar este tipo de actos está la rigidez cognitiva que sería una forma muy cerrada de pensar, es blanco o negro; la lista también incluye la impulsividad. Otro de los factores puede ser la dependencia tanto afectiva como económica. “Todos estos rasgos sumados al estrés pueden hacer que la persona pierda la perspectiva y llegue a un callejón sin salida y toma esa determinación”, dijo.
En otro momento, expresó que ese tipo de personas suele tener fantasías catastróficas. “Puede que la persona mate a la familia y a él porque piensa que todo está destruido o que ya no hay solución para el problema. Esto les hace pensar que se van a encontrar todos en el cielo”, sostuvo.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Caen camiones que estaban adulterados
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Una comitiva encabezada por la fiscala Ruth Benítez, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná y personal de la subcomisaría 52, allanaron el fin de semana un taller, en el marco de una investigación por un hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas en vehículos de gran porte.
Incautaron cinco semirremolques y dos tractocamiones, durante un procedimiento en un taller ubicado en el km 31, Fracción Piro’y, distrito de Minga Guazú. La propietaria del inmueble es Mirian Acha viuda de Almirón. En el sitio fueron verificados todos los vehículos, siendo aprehendido Alcides Almirón Acha (45).
En todos los rodados inspeccionados fueron encontrados vestigios de adulteración por borrado total y reimpresión del chasis de su lugar convencional, así como la remoción de la plaqueta de seguridad, según el reporte del personal policial interviniente.
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INE evaluó a 7.124 postulantes para las becas del Gobierno
Un total de 7.124 postulantes fueron visitados por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la evaluación socioeconómica en el marco del proceso de selección para las Becas del Gobierno del Paraguay, convocatoria 2025. Las evaluaciones se realizaron en la capital y los 17 departamentos del país desde el 3 de febrero al 7 de marzo.
Culminadas las visitas, el INE realizó el análisis de los datos recolectados con el propósito de calcular las puntuaciones que definen el nivel socioeconómico de cada uno de los postulantes.
Para ello, se analizaron las principales características sociales y económicas de los postulantes y de las personas que viven con él. Además, se evaluaron situaciones adversas que experimentaron algunos hogares y fueron verificadas las documentaciones entregadas a los censistas.
El puntaje asignado en este proceso puede ser verificado en: www.becasgobierno.gov.py. En esta misma plataforma, existe un apartado de consultas y reclamos, los cuales serán atendidos del 14 al 17 de marzo.
El 19 de marzo se dará a conocer la lista de resultados validados y, al día siguiente, el equipo de Becas de Gobierno publicará la nómina definitiva de postulantes seleccionados.
Si bien la evaluación socioeconómica no es determinante para la selección de los postulantes, tiene un peso de hasta 30 puntos. Además, en el caso de las carreras universitarias se tiene en cuenta el promedio general del postulante (hasta 10 puntos); la calificación de la Prueba de Competencias Básicas (hasta 40 puntos); la institución de procedencia (hasta 10 puntos instituciones públicas; hasta 5 puntos instituciones subvencionadas; y 1 punto instituciones privadas); y las áreas del saber priorizadas (hasta 10 puntos).
En el caso de tecnicaturas y formación docente se establecen como criterios para la ponderación en el proceso de selección, los siguientes: promedio general de la Educación Media (hasta 20 puntos); institución de procedencia (hasta 10 puntos instituciones públicas; hasta 5 puntos instituciones subvencionadas, y 1 punto instituciones privadas); calificación obtenida en las Pruebas de Competencias Básicas (hasta 30 puntos); evaluación socioeconómica (hasta 30 puntos); y áreas priorizadas (hasta 10 puntos).
Este programa se ejecuta mediante cooperación entre Itaipú, Yacyretá, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ).
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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