La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

La titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Salma Agüero, destacó la jornada de capacitación en liderazgo a jóvenes, que fue posible a través de un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Estuvimos presentes con más de 800 jóvenes que vinieron de todos los puntos del país. Estamos contentos porque tratamos un tema importante como lo es el liderazgo consciente”, explicó la ministra de la Juventud ante los medios tras la capacitación desarrollada en la Cúpula de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Agüero detalló así que la actividad se suma de manera transversal al plan Sumar, consistente en una serie de acciones gubernamentales contra el abuso de drogas. De este modo las instituciones involucradas, sumadas con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lanzaron una encuesta.

“Esto para tener insumos necesarios que nos habiliten como gobierno para hacer políticas públicas, en el marco de la prevención contra el abuso de drogas. Es la primera vez que se está teniendo este enfoque en una encuesta, son datos que aún no se midieron”, dijo la secretaria de Estado.

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La titular de la SNJ destacó también la manera en que los jóvenes acudieron para aprender, inspirarse y crecer como líderes conscientes a través de las herramientas generadas por el Gobierno. Resaltó así la posibilidad de compartir experiencias y conocimientos para construir un futuro más comprometido y positivo.

“A la par, estamos capacitando también a los jóvenes en habilidades blandas y liderazgo, demostrando la manera en la cual los jóvenes líderes pueden ser portavoces y multiplicadores de estos esfuerzos que hacemos como gobierno en materia de prevención de adicciones”, señaló Agüero.

La ministra resaltó la importancia del rol de la juventud a nivel país, por lo cual se apunta a impulsar a los mismos a adquirir una participación preponderante desde sus comunidades. “Que sean esos agentes que nos permitan llegar a cada sector”, subrayó.

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Kamala Harris y Donald Trump apuran sus últimas horas de campaña este lunes en el estado de Pensilvania, en el último día de unas elecciones muy reñidas que tienen en ascuas al mundo. La vicepresidenta demócrata y su rival, el expresidente republicano, pelean por los estadounidenses indecisos para desempatar las encuestas. Pero los sondeos pueden ser engañosos, especialmente en Estados Unidos donde no cuenta el voto popular para ganar las elecciones sino los del Colegio electoral.

Cada estado tiene un número de delegados o compromisarios proporcional al tamaño de la población y hacen falta 270 sobre un total de 538 para hacerse con la presidencia. Por eso se centran en los siete estados claves en los que ningún partido tiene el voto asegurado. Pensilvania es posiblemente el más importante de ellos, con nada menos que 19 votos electorales. Todo parece oponer a los dos candidatos para la elección presidencial del 5 de noviembre, desde los impuestos hasta el aborto. ¿Pero, qué está en juego en términos políticos en esta campaña descrita como histórica?

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Después de tres años de una fuerte inflación, el poder de compra es un tema de preocupación para muchos estadounidenses. Donald Trump, que en su gestión redujo los impuestos a los más ricos y a las empresas, prometió elevar los aranceles a más del 10% en todas las importaciones, lo que, según él, le permitirá financiar una amplia reducción de impuestos. El candidato republicano también se comprometió a hacer de Estados Unidos “la capital mundial del bitcoin y las criptomonedas”.

De su lado, la demócrata Kamala Harris se presentó como la candidata de la clase media y quiere crear una “economía de posibilidades”. Aunque ha asumido algunos de los compromisos de Joe Biden sobre los impuestos a las grandes fortunas, también los ha moderado. Harris promete desgravaciones fiscales por el nacimiento de un hijo, ayudas para dar acceso a la vivienda e incentivos a la creación de empresas.

Para Trump es prioritaria la situación en la frontera con México. Y también es un tema sensible en la campaña, cuando se ha registrado un pico de ingresos ilegales durante la administración de Biden. El republicano, que en su campaña de 2016 prometió construir un muro a lo largo de la frontera, ha ido más lejos esta vez, al plantear la mayor operación de expulsión de migrantes ilegales de la historia de Estados Unidos.

Su retórica xenófoba y deshumanizante sobre los migrantes se repite en sus discursos. Ha usado términos como “invasión”, “hordas” y “el envenenamiento de la sangre estadounidense”. A la defensiva sobre el asunto, Harris ofrece aplicar una política dura. Considera que las personas que ingresan al país de forma ilegal tienen que enfrentar “consecuencias”. También respaldó un proyecto de Biden de invertir en barreras físicas en las fronteras.

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El derecho al aborto podría motivar a más estadounidenses tradicionalmente menos politizados a acudir a las urnas, en particular a las mujeres, lo que podría favorecer a los demócratas, porque en paralelo a las presidenciales se celebrarán referendos sobre el tema en diez estados. Es la primera elección presidencial desde que la Corte Suprema, en la que Trump nombró nuevos jueces, revirtió en junio de 2022 la protección federal al aborto, al revocar la sentencia “Roe contra Wade”, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a las estadounidenses.

Harris hizo de este un tema fundamental en su campaña y responsabiliza a su rival de la situación actual, que describe como “horrible y desgarradora”. La demócrata quiere una ley federal que reanude las disposiciones de la sentencia “Roe contra Wade”. Trump vacila sobre el tema. El expresidente defiende haber dejado el asunto en manos de los estados gracias a la decisión de la Corte Suprema, pero considera que algunos “fueron demasiado lejos”. Según el candidato, su administración será “excelente para las mujeres, pero ha dejado entender que podría usar su poder como presidente para limitar el acceso a los medicamentos para abortar.

Con una campaña desarrollada en un contexto de guerras en Oriente Medio y en Ucrania, la postura de ambos candidatos está bajo el escrutinio de ciertos grupos de votantes. El republicano, que cree que Estados Unidos nunca fue tan poco respetado en el mundo, asegura que resolverá estos conflicto sin demora, pero nunca explica cómo.

Trump también ha criticado el enorme financiamiento de Washington a Kiev desde 2022. A la inversa, Harris prometió que se mantendrá “firmemente del lado de Ucrania” y que no será “amiga de dictadores”, contrariamente a su rival. Aunque ambos expresan su apoyo al “derecho a la defensa” de Israel, la vicepresidenta intentó equilibrar su discurso insistiendo en el sufrimiento de los palestinos.

Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases efecto invernadero en el mundo después de China, pero el tema casi no ha sido abordado por los candidatos, que tienen visiones completamente opuestas. Trump es un escéptico del cambio climático y quiere eliminar las subvenciones a las energías renovables y los autos eléctricos, que, en su opinión, perjudican a las empresas. También ha prometido “perforar a toda costa” y prevé salir de nuevo del Acuerdo de París.

Harris, en cambio, esta comprometida a “continuar y desarrollar el liderazgo internacional de Estados Unidos sobre el clima” y ha respaldado gran parte del plan de transición energética de Biden. Como senadora por el estado de California apoyó el “Nuevo Pacto Verde”, una resolución que busca reducir drásticamente las emisiones de gases efecto invernadero.

Fuente: AFP.

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP