En la mañana de hoy, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó su informe anual ante ambas cámaras del Congreso, representadas por Óscar Salomón, presidente del Senado, y Pedro Alliana, presidente de Diputados, además de Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes siguieron la transmisión de manera ininterrumpida.
El evento es categorizado como histórico, ya que es la primera vez que un mandatario da a conocer el informe anual de su gestión de manera virtual debido a los protocolos exigidos a causa de la pandemia del COVID-19.
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En la ocasión, el presidente expuso los resultados obtenidos por sus ministerios y secretarías, entre los que destacó temas como el COVID-19, salud, albergues, educación, economía, obras públicas, viviendas, medio ambiente, energía y además dio a conocer la utilización de los recursos asignados por la Ley de Emergencia Sanitaria.
Especificó que fueron destinados US$ 300 millones a Pytyvõ, US$ 100 millones para IPS, US$ 94 millones, US$ 63 millones a Tekoporã, US$ 26 millones a Ñangareko, US$ 40 millones, US$ 262 millones para mipymes, US$ 243 millones para el pago de salarios de médicos, personal de salud, fuerzas de seguridad y docentes y finalmente US$ 77 millones para amortización de la deuda.
Igualmente, habló acerca del proyecto para la reactivación de la economía y de la necesidad de volver a endeudar al país por el valor de US$ 350 millones para la ejecución del plan. Cabe mencionar que en ningún momento de su discurso el gobernante expresó algún detalle acerca de las diversas irregularidades y casos de corrupción descubiertos desde el inicio de la pandemia.
Teniendo en cuenta el discurso de Mario Abdo Benítez y al considerar la situación que viven quienes viven el día a día, Votá de La Nación preguntó: ¿El país está en condiciones de asumir la nueva deuda de US$ 350 millones anunciada por Abdo?
El 17% de nuestros lectores opinó que “En absoluto, tarde o temprano tendrá consecuencias”, mientras que el 14% cree que “Si las autoridades deciden que sí, es porque el país podrá pagarla” y el 69%, la gran mayoría, dice que “No, pero los gobernantes no tienen en cuenta la opinión ciudadana”.