El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó este mediodía el “Informe del Estado de la Población Mundial 2020 - Contra mi voluntad: Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”.
Entre las prácticas nocivas que perjudican los DDHH se cita la obligación de casar a niñas antes de los 18 años. Según el informe –solo expuesto verbalmente por los representantes de América Latina y Caribe–, una de cada cuatro niñas es obligada a casarse antes de la mayoría de edad en la región, práctica considerada como abuso infantil.
En una conferencia de prensa virtual lanzaron el Informe del Estado de la Población Mundial 2020. Presentaron tal informe Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe, y Neus Bernabeu, asesora regional de género y juventud de UNFPA para América Latina y el Caribe. Durante la conferencia presentaron las principales prácticas nocivas para el desarrollo de niñas.
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“Las mujeres y niñas enfrentan muchos obstáculos para poder ejercer su autonomía y poder vivir con igualdad cada día de sus vidas. Entre estos obstáculos persisten las prácticas nocivas, del que trata este informe, son costumbres que provocan daños graves e irreversibles, pero que se consideran normales en muchos contextos”, mencionó Neus Bernabeu, asesora regional de género y juventud de UNFPA para América Latina y el Caribe, durante la conferencia virtual.
Agregó que los daños pueden ser físicos, psicológicos, pero también hay daños socioeconómicos que pueden ser de corto, mediano, con efectos a largo plazo. “Por ejemplo: merman la dignidad de las niñas, sus derechos y afectan sus oportunidades”, refirió.
Agregó que no se puede negar la existencia de estas prácticas nocivas que aún persisten en las sociedades donde vivimos. “Ocurre aquí y en todas partes, obviamente las manifestaciones son diferentes, ninguna sociedad está libre de estas prácticas nocivas”, lamentó.
Aseguró que algunas prácticas son muy conocidas y otras no tanto, incluso en algunos países han habido avances para su erradicación en planos de leyes y normativas al respecto. Entre las prácticas nocivas se citan la mutilación de genitales femeninos, la preferencia de los hijos varones, el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.
El informe también habla de otras muchas prácticas nocivas que tal vez no son tan conocidas. Según Bernabeu, “el informe también es una excusa para visibilizar otras prácticas que también se dan en nuestros entornos, tales como el incesto, las pruebas de virginidad, los tabúes o prácticas que impiden que las mujeres controlen su propia fertilidad, los ritos de iniciación sexual forzada, la maternidad infantil forzada, las esterilización forzada, entre otras muchas”, dijo.
Agregó que veces se justifican estos actos con el pretexto de la tradición, la religión, la cultura o, incluso, como ya se decía antes, por el bienestar de la propia niña para su aceptación social, “pero sea como sea, no hay excusas, estas son graves violaciones de derechos humanos”, indicó.
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A estas niñas se les niega el derecho a la igualdad o a la no discriminación, el derecho a la seguridad, a la autonomía para tomar decisiones, su derecho a la salud, su derecho a la salud sexual y reproductiva, su derecho a la educación, al empleo cuando sean adultas, a poder ganarse la vida de alguna manera digna, entre otros derechos, según el informe.
¿Quiénes están detrás de estas prácticas nocivas?
Detrás de estas prácticas están personas del entorno familiar de las niñas, son sus propios padres y madres, sus parientes, son sus comunidades, son los religiosos que están en su entorno, proveedores del servicio de salud, empresas, instituciones públicas, pueden ser muchos, pero los Estados, sean quienes sean los autores, los perpetradores de estas prácticas nocivas, tienen la obligación de suprimirlas, advierte UNFPA a través del informe.
En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas es obligada a casarse antes de los 18 años. En algunos países de la región, una de cada tres niñas y el mayor riesgo es que estas prácticas se desarrollan en hogares más pobres, con menos educación como áreas rurales y poblaciones indígenas, según el informe.