El caso de la niña de 11 años embarazada y que se encuentra internada en el Hospital de Itauguá fue denunciado ante la Unidad Penal de Pedro Juan Caballero en octubre del 2019.
La fiscal interviniente, Sandra Díaz, imputó al autor del hecho, un menor de 14 años quien también vivía en el lugar, según informaron desde la Dirección de Comunicación del Ministerio Público a La Nación. La niña fue inspeccionada por el médico forense y se dispuso la realización de evaluaciones psicológicas que confirmaron el hecho.
El adolescente habría aprovechado que la misma fue llevada a residir en la misma vivienda con el padre. El menor fue imputado en aquel entonces y puesto a disposición del juzgado para la imposición de medidas atendiendo la edad. La Fiscalía debe presentar requerimiento conclusivo el 24 de julio. También se solicitará pruebas de ADN al recién nacido.
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Internada
En la tarde de este viernes se desarrolló la intervención quirúrgica de la menor de 11 años de edad, con un embarazo de poco más de 8 meses. El delicado procedimiento de cesárea programada se realizó en el Hospital Nacional de Itauguá.
Desde el hospital indicaron que la menor fue remitida desde Pedro Juan Caballero, donde médicos que seguían su caso desde hace varios meses solicitaron al Hospital Nacional la asistencia, teniendo en cuenta que se trataba de un embarazo de alto riesgo y que la pequeña presenta complicaciones respiratorias.
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Rescatan de una vivienda a un puma de dos meses en Loma Plata, Chaco
El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron rescatar a un puma cachorro de dos meses aproximadamente de una vivienda en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón. El fiscal interviniente es Andrés Arriola quien va a investigar el presente caso.
Se tuvo conocimiento del hecho debido a que se estaba ofreciendo al animal para canje o venta, por lo que ante la sospecha se decidió realizar la constitución en la casa donde estaba el felino. Se logró rescatar al animal y ya fue trasladado directamente hasta el refugio Urutaú de la referida localidad donde está al cuidado de las personas encargadas del sitio.
Asimismo, el representante del Ministerio Público evalúa convocar a una declaración indagatoria a los dueños de la casa donde estaba el animal para tener mayor información de cómo llegó hasta esa residencia.
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Investigan a policías
El fiscal de delitos ambientales, Andrés Arriola, inició formalmente una investigación por un supuesto caso de caza furtiva de animales silvestres que se habría registrado en la zona de Teniente Irala Fernández, Chaco. Las primeras evidencias recabadas indican que presuntamente agentes de la Policía Nacional tendrían participación en el hecho, dado que incluso se habrían encontrado los animales carneados y colgados en la comisaría de la localidad de Teniente Irala Martínez, departamento de Boquerón.
Arriola dispuso la apertura de la carpeta fiscal, se realizaron las primeras diligencias en este caso e incluso ya se habría identificado a los presuntos autores del ilícito. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó la denuncia ante Fiscalía tras una investigación sobre el hecho de caza furtiva, a partir de imágenes fotográficas y filmaciones a las que accedió. Varias especies endémicas del Chaco y en peligro de extinción se visualizan en las imágenes que fueron presentadas a la Fiscalía.
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Procurador pide colaboración de la Fiscalía para hechos que involucren el patrimonio estatal
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.
“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.
“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.
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Políticos de la oposición buscan presionar a la justicia, afirma Rodríguez
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez se refirió a la imputación que pesa en su contra aclarando que la misma no causa agravios, ya que se trata del inicio de una investigación, el cual se encuentra en un proceso muy incipiente. Al respecto, señaló que lo que está notando es que hay un enorme aprovechamiento político de ciertos actores de la oposición, que con el apoyo de grupos de medios están buscando ejercer presión a los fiscales y agentes de la Justicia.
En conversación con el programa “Cuenta Final”, por Radio de Universo 970/Nación Media, el jefe comunal señaló que desde su percepción la imputación por lesión de confianza y otra asociación criminal, “es traída de los pelos”, y esto mismo le han manifestado varios profesionales del derecho. Explicó que en el acta de imputación donde se relatan los hechos, en ninguna parte del proceso se menciona su nombre, salvo en la parte final donde se menciona que firmó una resolución administrativa que ha firmado una vez que culminó el proceso.
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Ahora bien, sobre la situación política interna en la Junta Municipal, el intendente Rodríguez manifestó que la bancada liberal ha presentado una nota en la cual le exige la renuncia. Al respecto, señaló que respeta la decisión de los legisladores comunales, pero no la comparte.
“Lo que yo veo es que hay actores políticos de la oposición que están ejerciendo presión ayudados, o incentivados por algunos grupos de medios que quieren instalar, y lógicamente los actores políticos de la oposición están aprovechando el momento”, explicó.
A esto agregó, que existe una fuerte presión sobre los fiscales de la causa, o la Justicia con el objetivo de influir en sus decisiones.
“Desde un principio están queriendo instalar que no presentemos ningún documento y hoy justamente publiqué en mis redes un video, porque ya no me voy a callar, y en ella estoy informando que ya hemos presentado más de 100 biblioratos con más de 450 documentos, en donde se justifica guaraní por guaraní de lo que nosotros hemos utilizado con la plata del municipio”, indicó.
Remarcó que desde la oposición siguen insistiendo en que no se presentó las facturas, sin embargo, el intendente Rodríguez asegura que hace más de un mes y medio que ha presentado los documentos en tiempo y forma.
En efecto, el jefe comunal emitió unas declaraciones, vía redes sociales, en que ratifica que el 23 de julio pasado, la Municipalidad de Asunción presentó todas las documentaciones a la Fiscalía. “Tenemos pruebas de la presentación de documentaciones y la rendición de cuentas correspondiente en cuanto a la utilización de los bonos emitidos por el municipio”, dijo, agregando que están con la conciencia tranquila, y demostrando con obras todo lo invertido.
El jefe comunal remarcó que hay algunos actores de la política y la prensa que pretenden instalar falsedades, confundir a la ciudadanía y presionar al Ministerio Público
En otro momento, el intendente Rodríguez se refirió a un eventual pedido de intervención que pudieran realizar los miembros de la Junta Municipal, afirmando que de seguir en esa tesitura, se instalaría un peligroso precedente para sacar del cargo a cualquier intendente que fue electo con voto popular, con simples maniobras jurídicas y políticas.
“En ese caso, apaguemos la luz y cerremos todo esto, y vamos a designar nomás ya dedocráticamente quién se va hacer cargo de la administración y mandemos al tacho la Constitución Nacional. Porque así es demasiado fácil y lógicamente hay actores políticos que están queriendo entrar por la ventana. Pero por ahora no se avizora algún inconveniente. Pero insisto así va ser muy fácil sacar del camino a una persona que ocupa el cargo con artimañas jurídicas o políticas”, enfatizó.
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Familia de Pecci cuestiona al Ministerio Público por negarles el acceso a la carpeta fiscal
Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.
Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.
La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.
“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.
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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.
Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.
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