La Unión Industrial Paraguaya emitió un comunicado donde sostiene de “imprudente” la resolución que tuvo hasta ahora la ley que solicita la cancelación de las facturas emitidas por la Ande.

Cabe recordar que la empresa administradora de la electricidad en nuestro país se encuentra en serios problemas generados por su propia administración con más de 30.000 facturas irregulares que fueron emitidas en los meses anteriores y reclamadas por los usuarios.

“El Consejo Directivo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) considera que la ley sancionada, por la cual se cancelan todas las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto es el resultado de una enorme imprudencia en el tratamiento de un tema que hace a la supervivencia de esta empresa pública, el bienestar de la población, el desarrollo de la industria, la generación y mantenimiento del empleo”, dice el comunicado.

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Sostiene que la Ande es propiedad del Estado paraguayo y por ende su salud financiera debe ser una preocupación de todos los paraguayos. En tal sentido, se estima que el descalce financiero que producirá la aplicación de esta inaudita medida es de más de 300 millones de dólares.

Además, argumenta que, debido a una mala política de gobiernos sucesivos, durante los 17 años de congelamiento de las tarifas en guaraníes, se generó la insuficiente inversión de capital, necesaria para acompañar el crecimiento del consumo, creando una complicada situación a la industria nacional y a la población en general que vienen sufriendo año tras año inclementes cortes y penando por la mala calidad del servicio.

“La sobrefacturación del servicio de energía eléctrica ocurrida últimamente, producto únicamente de la inoperancia de la Ande, es una cuestión que debe solucionarse, primeramente, sancionando a los responsables directos, y con medidas de fondo que ataquen este problema, aplicando tecnología y sistematización de procesos de manera inmediata y definitiva”, indican como una probable solución desde la UIP.

Asimismo, sostiene que una condonación como la planteada presenta el problema que, si bien no es su objetivo, incluirá también a sectores que no fueron afectados. En consecuencia, terminará por llevar a una quiebra inducida a esta empresa estratégica para el desarrollo nacional, con la lógica consecuencia en el resultado del servicio y la generación de empleo.

Por último, con base de estas consideraciones, piden al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tener la sabiduría y la prudencia de vetar la ley aprobada en el Congreso, librándose así de la responsabilidad y de las consecuencias de semejante acto.

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Hace un par de semanas, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto de ley que cancela y anula las facturas del consumo de energía eléctrica y de agua potable que fueron emitidas por los entes públicos Ande y Essap durante los meses marzo, abril y mayo. La medida se extenderá hasta por seis meses y podría prorrogarse en caso de que la emergencia sanitaria se extienda.

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