Este domingo, desde la Policía Nacional indicaron que están buscando a una mujer de nacionalidad brasileña, identificada como Ruth Dos Santos, quien tras pelear con su pareja le habría tirado combustible para posteriormente prenderle fuego. Ocurrió en el departamento de Alto Paraná. La denuncia fue realizada por vecinos de la víctima, quien presenta quemaduras en el rostro.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la jornada de ayer sábado, en el barrio Los Cedrales de Ciudad del Este. Aparentemente la pareja tuvo una discusión, en un arranque de furia la mujer decidió derramar combustible al hombre y le tiró un fósforo encendido, pero este logró huir de la vivienda.

La víctima fue identificada como Milciades Amarilla Bareiro, de 40 años, quien fue auxiliado por su vecinos. Lo trasladaron hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) donde recibió los primeros auxilios, pero ante la gravedad de sus heridas fue derivado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este.

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El reporte médico indica que el hombre presenta heridas en el rostro y en el tórax, por lo que permanece internado y se aguarda su evolución. Tras lo sucedido, recibió a los agentes de la comisaría local para radicar la denuncia contra su pareja y también recibieron los testimonios de los testigos.

Tras la denuncia, los intervinientes llegaron hasta la vivienda de la pareja pero el sitio se encontraba cerrado, realizaron varios rastrillajes por la zona y no la encontraron. El caso fue comunicado al Ministerio Público y el asistente fiscal Christian Morínigo ordenó la orden de detención de la mujer.

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En el artículo de hoy analizaremos una de las variables para evaluar quiénes son las enti­dades minoristas, teniendo como base la cantidad de clientes que estas tienen, según el Fondo de Garan­tía de Depósito (FGD). Nor­malmente se utiliza el tér­mino de banca minorista, refiriéndose a los bancos en donde la mayoría de sus clientes son personas con capital invertido o deposi­tado en unidades moneta­rias de menor valor. Esta vez analizaremos no solamente el sector bancario, sino las entidades financieras en su conjunto (bancos y financie­ras) reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La estrategia de este sector –minorista– está con abar­car gran cantidad de clientes pequeños (personas físicas, micro o pequeñas empresas) a diferencia de los mayoris­tas, que poseen clientes más grandes. Esta estrategia per­mite la inclusión financiera a estos clientes que poco a poco van ingresando al sec­tor financiero. Teniendo en cuenta estos datos, comparti­mos la cantidad de depositan­tes según el registro del FGD, con el ranking correspon­diente.

Según observamos, ueno bank actualmente se encuentra con la mayor can­tidad de depositantes, abar­cando el 29,84 % del mercado, seguidamente de Tu Finan­ciera con 18,29 % de partici­pación, Banco Familiar 18,27 % y seguidamente Itaú y GNB con 9,41 % y 4,81 % respec­tivamente. Es importante mencionar que estos núme­ros aportan la cantidad de depositantes por entidad que están cubiertos por el FGD, según los límites del mismo y los créditos que tengan en cada entidad.

Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros lec­tores acceso a información adicional que pueda resul­tar de interés. Es impor­tante señalar que los resulta­dos tanto cuantitativos como porcentuales no indican una buena o mala gestión de los recursos de la empresa. Lo que destacamos en este artí­culo es la participación de cada compañía en los resul­tados acumulados hasta la fecha y su contribución en el mercado. Para obtener información detallada y pre­cisa sobre cada casa de cam­bio, se recomienda visitar el sitio web del Banco Central del Paraguay y otras fuentes confiables del sector.

Aprovechamos para recor­dar sobre el Fondo de Garan­tía de Depósito (FGD), como su nombre lo indica, garan­tiza el dinero del ahorrista hasta 75 salarios mínimos, G. 209.873.175 con el salario mínimo actual, pero en caso de que una persona cuente con un crédito con la enti­dad financiera se realiza la compensación entre aho­rros y créditos para calcu­lar el monto garantizado.

El FGD fue creado con la Ley n.º 2334/03 con la finalidad de proteger los depósitos de los ahorristas y es administrado y contabilizado por el BCP por separado, por ende, no forma parte del patrimonio del BCP. Vale mencionar que las cooperativas y las Emi­siones de Títulos en Bolsa no se encuentran sujetas a estas garantías.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida, en esta ocasión, por el vicepresidente primero de la institución, Carlos Arrechea, convoca al plenario de la Cámara Baja para la última sesión ordinaria del año antes del inicio del receso parlamentario, prevista para este martes 17 de diciembre a las 09:00. El plenario analizará un total de 30 puntos previstos en el orden del día.

Entre los temas que deberán dar tratamiento se encuentra el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

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Esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Otro de los documentos a ser analizados por la Cámara Baja es el proyecto de ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley Nº 4.457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. La propuesta es una modernización de la legislación que regula a las Mipymes, es un paso necesario, a más de una década de su promulgación. Asegura que requiere adaptaciones urgentes para enfrentar los desafíos actuales.

La propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene como objetivo central simplificar los trámites y fortalecer al sector mediante herramientas tecnológicas y una mejor articulación interinstitucional. El enfoque principal es establecer un registro nacional homogéneo y actualizado, basado en una categorización automática y diferenciada según el tamaño y la facturación de las empresas.

El plenario tiene además pendiente de estudio el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja.

El objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal como lo estipula la Constitución Nacional, según la exposición de motivos.

En ese sentido, se informó que la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo, pero cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.

En esencia, el presente proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos.

Igualmente, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”, presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja.

Esta iniciativa, que se encuentra en primer trámite, busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. El documento se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación).

También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.

En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de cinco años.

El orden del día también prevé en lista el estudio de acuerdo de notas reversales entre Paraguay y el Japón; el proyecto de Ley de Tren de Cercanías; el proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay; entre varios otros temas de interés.

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La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.

La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.

Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.

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Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.

El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.

La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.

“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.

Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.

Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.

“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.

El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.

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