El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.

El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.

“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.

El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.

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Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.

“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.

El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.

“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.

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Un niño de 12 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al manipular un prolongador en su casa, en la compañía Caacupemí de Areguá. El trágico suceso ocurrió ayer jueves cuando los padres del menor se encontraban en sus respectivos lugares de trabajo.

Según la Policía, la madre declaró que cuando al mediodía volvió al hogar para almorzar su hijo estaba en buenas condiciones. Pero en horas de la tarde, cuando llegó a su domicilio ya lo encontró tirado en el suelo. El chico estaba aún con signos de vida cuando fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde posteriormente se constató su deceso.

El accidente se produjo presumiblemente porque el niño tocó una reja metálica que aparentemente hizo contacto a su vez con un alargador eléctrico que en ese momento estaba enchufado.

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“Según manifestó la madre, estaba con signos de vida; posteriormente, la madre salió con destino a su lugar de trabajo y, al regresar a las 17:00 horas, le encontró al menor ya tendido frente al portón de reja”, comentó el comisario César Cabañas.

Para el policía no hay dudas de que el artefacto averiado fue el causante del trágico suceso que conmovió a los pobladores del barrio San Miguel de la citada localidad. “El niño estaba manipulando la reja, y el prolongador estaba conectado. El cable sufrió un corte, y a raíz de eso él sufrió la descarga que le produjo la muerte”, subrayó.

El caso fue reportado por los familiares al sistema 911 y acudieron al sitio los efectivos de la Comisaría 48 Central. Así también, tomó intervención la agente fiscal de turno de la Unidad Penal número seis de la ciudad de Luque, Diana Burgos. El médico forense Hugo Leguizamón fue quien diagnosticó: electrocución, como presunta causa de óbito del menor.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

José Luis Bogado Quevedo (31), de nacionalidad paraguaya, fue extraditado este jueves al mediodía al Brasil, siendo entregado a la Policía Federal, en la cabecera del Puente de la Amistad. El hombre tiene condena por narcotráfico y había quedado herido en el evento Ja´umina Fest, del año 2022, donde mataron a un presunto narcotraficante y a la influencer Cristina “Vita” Aranda.

Un fuerte contingente policial cumplió con el procedimiento a las 12:00, después de haber sido trasladado desde Asunción, de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional donde estaba recluido, hasta Ciudad del Este, según dijo a La Nación/Nación Media, el comisario Jorge Núñez, jefe de Interpol en Alto Paraná.

De acuerdo al informe de Interpol, se dio cumplimiento al Oficio Judicial N° 160 del 3 de abril del 2025, dictado por el Juez Penal de Garantías N° 7 de Asunción, Miguel Ángel Palacios y firmado por el actuario judicial David Rojas.

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Bogado Quevedo, no tiene causas en Paraguay, pero la Policía Nacional lo tiene vinculado a poderosos grupos criminales. Fue ordenada su detención preventiva después de resultar herido en un festival desarrollado en el anfiteatro “José Asunción Flores, de San Bernardino, debido a la orden de captura internacional que pesaba sobre él desde Brasil, donde tiene condena de 17 años por narcotráfico y más de 30 procesos abiertos por varios otros casos.

Su defensa intentó evitar la extradición desde ese tiempo, mediante recursos judiciales, hasta que finalmente, quedó ratificada la orden. En el atentado ocurrido en el festival de enero de 2022, había muerto también el supuesto narcotraficante Marcos Rojas Mora.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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