Durante un operativo realizado en el barrio San Francisco del distrito Doctor Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, en el Departamento de Caaguazú, fue detenido un hombre que estaría involucrado en el asesinato del comerciante Juan de Dios Ayala, reportado el pasado miércoles 9 en la ciudad de San Ignacio Guazú, en Misiones.

El hombre fue identificado como Alcidio Obregón Benítez, de 34 añkos; el mismo cuenta con dos órdenes de captura pendientes y antecedentes penales por hurto agravado. El fiscal de la causa, Édgar Ortiz, confirmó la imputación del mismo por el homicidio del empresario.

“Ayer fuimos informados por la policía de la detención de este hombre en Caaguazú. Aún no podemos divulgar mayores informaciones respecto al proceso y el avance de la investigación. Hasta el momento existen dos personas detenidas e imputadas, una de ellas una adolescente de 15 años”, comentó el fiscal Ortiz.

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El mismo especificó que no puede descartar que más personas sean imputadas en torno al caso, ya que el crimen continúa siendo investigado por las autoridades locales, puesto que es necesario aún aclarar varios puntos en torno al hecho.

En cuanto a si el asesinato se habría tratado de un intento de robo teniendo en cuenta que el vehículo del fallecido fue encontrado a varios metros de la vivienda, el representante del Ministerio Público comentó que la hipótesis principal es que no se trató de un intento de robo, sino que el vehículo fue utilizado para la huida de los autores, quienes finalmente decidieron abandonar la camioneta en marcha.

Juan de Dios Ayala Almirón, de 68 años, más conocido como Sureño, quien era propietario de un supermercado en San Ignacio Guazú fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la compañía Arroyo Karē del distrito de Santa María, departamento de Misiones. Su cuerpo presentaba un impacto de bala a la altura del cuello.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Era la mañana del 12 de abril de 1877, el joven presidente de la República del Paraguay, Juan Bautista Gill, que entonces tenía 37 años, estaba realizando su tradicional caminata por la entonces calle Villarrica, hoy Presidente Franco. Al alcanzar el cruce con Independencia Nacional, lo aguardaban los conspiradores que le dispararon con una escopeta a la altura del estómago, causándole la muerte casi al instante.

Semanas atrás, en una edición de Paraguay en la Historia, hablamos del magnicidio en la era democrática, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Pero este episodio no fue el único magnicidio en toda la historia del país, ya que en la post guerra contra la Triple Alianza se dio un episodio similar cuando fue asesinado el presidente de la República, Juan Bautista Gill, a la luz del día y en pleno microcentro de Asunción. Te contamos este negro episodio de la historia.

La Nación/Nación Media conversó con el historiador contemporáneo Claudio Velázquez, quien comenzó explicando el contexto socio-político que vivía Paraguay en la post guerra de la Triple Alianza. Señaló que Juan Bautista Gil asumió la presidencia de la República en noviembre de 1874, en reemplazo a Salvador Jovellanos.

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Durante la post guerra, Gill supo ganarse el favor del Ejército brasileño, que en aquel tiempo ocupaba Asunción. “Para tener una idea de la fuerza que ejercía el Ejército brasileño, había más de 2.000 a 2.500 brasileños que formaban parte del ejército de la post guerra, mientras que el ejército paraguayo, la fuerza de policía le daba con suerte a 700 efectivos, eran muchísimos más brasileros. Gill supo ganarse la causa brasilera y era cuestión de tiempo nada más para que asumiera la Presidencia”, explicó.

Previamente, fue ministro de Hacienda con algunos polémicos cuestionamientos por el despilfarro de los dos grandes empréstitos que hizo Paraguay en el periodo de post guerra. Aun así, asumió el Gobierno, en gran mayoría gracias al favor de los brasileros.

En ese proceso de ser ministro de Hacienda, luego presidente, habiendo ganado el favor de los brasileros, Juan Bautista Gill fue un personaje que en ese camino político se ganó de muchos enemigos. Justamente esos adversarios políticos fueron los que tramaron el primer magnicidio en el Paraguay.

“Gran parte de ese crimen se debe a que, para abril de 1877, ya no estaban las fuerzas de ocupación brasilera en Asunción. Gill ya no tenía protectores que pudieran tutelarle, entonces, esa situación es plenamente aprovechada por sus adversarios para asesinarlo”, precisó.

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El historiador señaló que uno de los principales adversarios políticos fue Juan Silvano Godoy, un intelectual del Derecho, político y autor paraguayo. Él fue quien organizó y planificó el asesinato de Gill con ayuda de su hermano Nicanor, Matías Goyburú y José Dolores Molas, el legendario “Pai-Loló”, de la pasada guerra.

“El presidente Juan B. Gill realizaba su caminata tradicional, sobre la calle Villarrica, que hoy se conoce como Pte. Franco. Una cuadra antes de su intercepción con Independencia Nacional, curiosamente la esposa de su vicepresidente Higinio Uriarte, quien era su primo a la vez, lo ve desde una ventana y le advierte que existen rumores sobre una conspiración en la cual pretendían asesinarlo”, comentó.

Gill, en su carácter soberbio, le dijo que no se preocupara que estaba bien cuidado. Pero una cuadra después, llegando a la citada intersección, estaban sus asesinos esperándolo José Dolores Molas y Nicanor Godoy, hermano de Juan Silvano Godoy. El historiador señaló que, de acuerdo a los comentarios, ante la falta de proyectiles usaron las patas de un soporte de ollas.

Indicó que Gill estaba acompañado de dos edecanes (oficiales de alta graduación que eran sus escoltas), quienes también resultaron heridos. A partir de ahí inició una huida de los asesinos de Gill, porque rápidamente reaccionó la Policía ante este magnicidio.

Tras el asesinato del presidente Gill, también ese mismo día fue asesinado su hermano Emilio Gill, quien posterior a su muerte se le desmembró las orejas como prueba de que se cumplió con el encargo.

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Velázquez señaló que tras el crimen se abrió un proceso contra sus asesinos, tanto Juan Silvano Godoy y su hermano Nicanor quedaron impunes debido a que logran huir, cruzando el río Paraná e instalándose en Corrientes. “Sí se abrieron algunos procesos contra José Dolores Molas, y otros personajes. Algunos injustamente fueron endilgados de culpables en este proceso, uno de ellos fue Facundo Machaín”, precisó.

Respecto a este último, el historiador explicó que existían algunas versiones políticas en contra de Facundo Machaín, a raíz de que fue una eminente figura política, y adversarios suyos como Bernardino Caballero y Patricio Escobar no podían verlo prosperar políticamente.

“No encontraron mejor solución para terminar la brillante defensa que ejercía Facundo Machaín en los juicios, que hacer una supuesta intentona de fuga masiva de la cárcel pública que estaba ubicada al lado de la Catedral Metropolitana. La Policía reaccionó y en ese incidente se aprovecha para acabar con la vida de Facundo Machaín, José Dolores Molas y otros a los cuales se les atribuía haber participado del magnicidio de Gill y de esa forma terminó un poco ese proceso del primer magnicidio en la historia paraguaya”, relató.

Finalmente, señaló que, durante los casi 2 años y medio de mandato, Juan Bautista Gil se destaca como obras de gobierno la firma del Tratado de límites, paz, comercio y navegación con la Argentina, firmados por Facundo Machaín y Bernardo de Irigoyen, en la cual se definían los límites fronterizos con el vecino país, posterior a la guerra de la Triple Alianza.

“Durante su gobierno se implementa el código civil argentino, que fue un cuerpo legislativo fundamental para organizar a la sociedad paraguaya. En lo económico, tomó medidas como el estanco del Tabaco, de tal manera existan ciertas recaudaciones para el Estado paraguayo que en aquellos tiempos estaban por el piso”, concluyó.

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Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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El dirigente de la Coordinación Nacional de Beneficiarios de la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Conabertt), Justino Vera, cuestionó las posturas radicales de algunos sectores de la oposición y otras organizaciones campesinas alineadas con un “oposicionismo obligatorio”, que no ha dado resultados para el campesinado. Vera ratificó su apoyo a la gestión de Francisco Ruiz Díaz al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con la titulación masiva de tierras.

El abogado y trabajador rural de Culantrillo (Caaguazú) fue protagonista, el 20 de marzo, de una discusión en un programa radial con la exsenadora Kattya González, quien, molesta porque las organizaciones campesinas manifestaron como una “revolución” la regularización de títulos a través una carta abierta en respaldo al Indert; cuestionó al dirigente por “traicionar a la causa” y lo acusó de “dividir” al sector, que esta semana realizará su marcha anual en Asunción.

“Ellos (la conducción radial) vincularon ese tema porque es como si fuera que nosotros estamos saliendo a desbaratar la lucha, la marcha de la Federación Nacional Campesina, yo también habré hecho como 10 años porque fui parte mucho tiempo de la Federación Campesina. Es una tradición hasta loable si no se le da esa arista y ese ribete de oposicionismo obligatorio, que en nuestra cabeza tiene que estar que tenemos que salir a romper botellas y a hacer quilombo contra todo el mundo”, dijo Vera, el viernes pasado, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Vera indicó que por años hizo parte de la FNC, donde se ha logrado incluso que se formen más de 100 asentamientos, sin embargo, actualmente no se llega ni a los 30 asentamientos, porque se perdió el arraigo; una situación que la gestión actual del Indert viene a contrastar con 9.000 títulos de propiedad otorgados en un año y medio, otros 10.000 en proceso en Caaguazú y más de 25.000 a nivel nacional.

“Yo ya no estoy en esa tesitura, estoy en la otra mentalidad de que hay que cooperativizar. Acá no estoy pintando ningún país de maravilla, hay muchas faltas. (…) Hay que hacer autocrítica, la Federación Nacional Campesina, yo respeto mucho porque tengo muchos compañeros allí, y los colegas de la emisora, lo que vincularon es que nosotros supuestamente hacemos con la intención de desbaratar esta lucha”, expuso mediante Nación Media.

También cuestionó que exista una imposición de estos sectores, oposición y campesinado de ser parte de esta marcha, a pesar de no compartir esta postura. “En la era democrática todo el mundo se puede manifestar, pero, así como la Constitución garantiza la libre participación en una organización, tampoco se obliga a formar parte. Yo desconozco un poco a Kattya porque ella es defensora de la ley, ella está en este mundo tan maravilloso para mí que es el derecho, pero es como que nos quiere hostigar y nos quieren empujar a decir lo que ellos utilizan como lenguaje”, apuntó Vera.

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