Un juez federal de Texas declaró ilegal un programa de Joe Biden que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses, cuando crece la preocupación tras las amenazas de deportación hechas por el presidente electo Donald Trump. Según la resolución emitida ayer jueves por el juez de distrito J. Campbell Barker, la administración Biden “carece de autoridad legal” para aplicar su programa “parole in place”, en un fuerte golpe a la política migratoria del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.

El plan de Biden, “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), fue lanzado en junio y busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. Pero el fiscal general de Texas y aliado de Trump, Ken Paxton, junto a un grupo de colegas republicanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. Paxton dijo en aquella ocasión que se estaba “recompensando” a quienes “violaron las leyes”.

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“Se detiene el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración”, dijo en la red social X el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador. Mientras los demócratas buscaban un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump aseguró que Estados Unidos está sometido a una “invasión” y, tras vencer el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, reiteró sus promesas de “deportaciones masivas” de migrantes irregulares.

El juez Campbell, nominado durante el primer mandato de Trump, ya había acogido el pedido de Paxton y suspendido temporalmente el programa en agosto. Una apelación lo reactivó pero el juez volvió a bloquearlo, hasta que este jueves dio su veredicto final. El gobierno de Biden puede apelar. El programa permite que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar Estados Unidos.

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Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses. Se les otorgaría una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en el país por hasta tres años mientras solicitan una “green card”. Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.

“Esta decisión es un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven todos los días bajo el peso de la incertidumbre”, dijo Harold A. Solís, representante de Make The Road New York, organización que trabaja con migrantes. “Debemos y seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión”, agregó.

Fuente: AFP.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Donald Trump redobló sus ataques ayer viernes contra los migrantes y acusó a su rival demócrata Kamala Harris de querer transformar Estados Unidos en un “campo de refugiados”, en una campaña cada vez más tensa hacia la Casa Blanca. “Los niños estadounidenses están a merced de criminales bárbaros”, lanzó el candidato republicano a la presidencia durante una conferencia de prensa desde su complejo de golf en los suburbios de Los Ángeles.

El expresidente, que multiplicó toda la semana las diatribas, en parte con mentiras, contra los migrantes, se refirió una vez más a la afirmación falaz y racista según la cual migrantes haitianos robarían perros y gatos para comerlos, en la ciudad de Springfield. “Vamos a organizar expulsiones masivas” en esa pequeña ciudad de Ohio, prometió el multimillonario republicano, que fingió desconocer que muchos de esos migrantes cuentan con un permiso de residencia. “Vamos a tener la deportación más grande en la historia de nuestro país”, insistió.

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Durante su conferencia de prensa, Trump acusó sin pruebas a su rival demócrata en la elección de noviembre de hacer entrar ilegalmente por avión al país a “algunos de los peores asesinos y terroristas”. “Kamala va a convertir Estados Unidos en un campo de refugiados del Tercer Mundo. Ya lo es en cierta medida”, recalcó durante otro discurso muy desordenado.

El candidato republicano colocó a la inmigración, una de las principales preocupaciones de los votantes según las encuestas, en el centro de su nueva candidatura a la Casa Blanca. Lo mismo hizo en 2016, cuando su campaña giró alrededor de su propuesta de muro en la frontera con México. Si gana el 5 de noviembre, promete combatir la inmigración ilegal con deportaciones masivas.

El rosario de declaraciones de cada bando hizo incluso reaccionar al Papa. Al regreso de su gira por Asia, Francisco desestimó a ambos candidatos: sobre Trump criticó “que rechaza a los inmigrantes”, y sobre Harris que “mata a niños” al defender el derecho al aborto. “Ambos están contra la vida”, resumió. Trump se preparaba para participar en un mitin en el estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, donde es probable que se vuelva a hablar largo y tendido del tema de la inmigración.

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Harris por su parte estuvo en quizás el estado bisagra más crucial de las elecciones presidenciales: Pensilvania, con sus 19 grandes electores. Allí dijo en una entrevista que ofrece “una nueva generación de liderazgo” y detalló sus políticas sobre recortes de impuestos y créditos para nuevos padres, propietarios de viviendas y empresas.

Harris también les habló a los dueños de armas reconociendo que ella misma es propietaria de una y que quiere preservar el derecho a portarlas mediante leyes que apelen al sentido común. La vicepresidenta, que hasta ahora había dado pocas entrevistas, también protagonizará un encuentro con Oprah Winfrey el 19 de septiembre.

De momento, Harris no ha respondido a los comentarios de su rival. Cuando Trump planteó la teoría de la conspiración sobre las mascotas durante el debate televisado del martes, reaccionó moviendo la cabeza con vehemencia y con cara entre divertida y escandalizada. La hija de una madre india y un padre jamaiquino, primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, nunca ha salido al cruce de los ataques a su identidad. Ha llevado la campaña de forma muy metódica y con una postura decididamente centrista.

Harris, que entró con fuerza en la carrera presidencial tras la retirada de Joe Biden hace menos de dos meses, había insistido el jueves que las elecciones serán “muy reñidas” y que ella “no es la favorita”. La candidata, que según la opinión general dominó a su oponente durante el debate del martes, no podrá contar con un nuevo enfrentamiento de este tipo para ganar impulso: Trump descartó un debate de revancha.

En un Estados Unidos que ahora parece irremediablemente dividido políticamente, los dos candidatos están codo con codo en las encuestas. Como en 2016 y 2020, es probable que todo se reduzca a unas pocas decenas de miles de votos indecisos en seis o siete estados estratégicos, independientemente del número total de votos en todo el país, ya que las elecciones se celebran según el principio del sufragio universal indirecto.

Fuente: AFP.

“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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