La recién nacida que había sido robada del Hospital Distrital de Paraguarí fue devuelta sana a su familia. Una médica identificada como Naida Marcela Sosa Chávez (32) que habría fingido un embarazo fue detenida, al ser sindicada como la responsable del rapto.

“El hecho se originó ayer a las 16:30, se había comunicado conmigo el pediatra de guardia Ismael Benítez. Me comentó que una médica arrebató la criatura, se fue junto a la mamá que la estaba amamantando y le dijo que le haría unos estudios laboratoriales a la criatura”, relató el fiscal Alfredo Manzur. La mujer alegó que madre e hija ya serían dadas de alta, por lo que precisaban someter a estudios a la bebita.

Tras la denuncia, el personal de Criminalística y de Investigaciones de la Policía Nacional iniciaron las pericias que arrojaron un inmediato resultado con la recuperación de la pequeña y la aprehensión de la supuesta autora del arrebato.

“Ayudaron muchísimo las cámaras del hospital tanto internas como la de los vecinos, de las farmacias a los efectos de identificar a esta persona que fue quien se apoderó de la criatura”, mencionó.

Según declaró la madre de la recién nacida, la desconocida se presentó efectivamente como una médica. “Después de eso comenzaron las movilizaciones, gracias a Dios tuvimos un final feliz en el sentido de que se recuperó a la beba sana y salva”, puntualizó.

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La detención de la profesional de salud se produjo alrededor de la 20:30, luego de que el agente fiscal interviniente recibiera un informe sobre las características de la mujer que había robado a la criatura. “Recibo una llamada donde una persona me comentó quién es esa persona, qué le pasó. Esta persona había tenido dos veces ya accidente cerebro vascular, tiene un problema físico, la doctora Naida Marcela Sosa Chávez, de 32 años de edad”, subrayó.

La médica estaba prestando servicios en el Sanatorio San Patricio de la ciudad de Carapeguá y alquilaba una pieza con otra colega en las inmediaciones de su trabajo. El representante del Ministerio Público manifestó que al verse acorralada la doctora Sosa se presentó a la Comisaría Primera de Paraguarí a entregar la criatura y darse por detenida.

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El juez Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de la teniente Cinthia María Turró Braga, quien es requerida por la Justicia brasileña en el marco del operativo Dakovo, sobre tráfico internacional de armas. De esta manera, la imputada seguirá privada de libertad.

El magistrado sostuvo que la procesada está sujeta a extradición en virtud a un tratado internacional que en el ordenamiento jurídico nacional está por debajo de la Constitución y sobre leyes, decretos y ordenanzas.

La defensa de la mujer tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que estudiar si corresponde ratificar la resolución del juez Legal.

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Los fiscales anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said, presentaron acusación contra seis personas investigadas en el marco del operativo “Dakovo”, que desbarató un esquema de presunto tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. El Ministerio Público peticionó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Los acusados por la Fiscalía son Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano y Victorino Gómez Paredes. En esta causa también está procesado Diego Hernán Dirisio, presidente de la firma International Auto Supply S.A.

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En la madrugada de este miércoles, hombres armados y con la cara cubierta ingresaron en la vivienda de un militar retirado ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Tras disparar contra la integridad del hombre y someter a su esposa, los mismos perpetraron el robo de armas de colección y una camioneta.

Según el informe de los intervinientes, los sujetos se habían llevado una importante cantidad de armas de fuego, parte de la colección privada del militar retirado; así también en la huida se apropiaron de la camioneta del hombre, la cual fue encontrada horas después completamente quemada, abandonada en una zona despoblada en la ciudad de Limpio.

“El militar retirado recibió impactos de arma de fuego en el muslo lado izquierdo y un refilón a la altura del abdomen por parte de los delincuentes. El hombre, inmediatamente tras ser herido, fue auxiliado y llevado al Hospital de Trauma, donde se encuentra internado y fuera de peligro”, indicó el comisario Flaminio Quintero, director de investigaciones de Central.

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El mismo confirmó que en la vivienda solo habitaban el exmilitar y su esposa, por lo que fueron completamente sorprendidos por los delincuentes. Hasta el momento, y según las declaraciones de las víctimas, ellas lograron ver a dos hombres, pero se maneja que sería un grupo de al menos tres personas.

Respecto a la investigación, el comisario Quintero adelantó que, si bien se encuentran en una etapa incipiente aún, ya se han delimitado algunos trabajos como el control de cámaras de seguridad de diversas zonas y la recolección de la información en torno a las armas robadas, ya que sería una cantidad importante de armas cortas y largas, además de municiones, entre otros artículos.

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El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por María Teresa Barán, deberá informar a Diputados la cantidad de beneficiarios por departamento, así como el monto total abonado hasta la fecha a los familiares de trabajadores de hospitales públicos que fallecieron o resultaron afectados en el ejercicio de sus funciones debido al Covid-19.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión asesora de Presupuesto de la citada cámara, Cristina Villalba. La Ley 6639/2020, que dispone medidas de indemnización también beneficia a familiares de los trabajadores del área administrativa y otras dependencias.

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La citada normativa establece que los familiares directos (padres, hijos y/o cónyuges) de los afectados deben recibir una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales. Además, estipula que dichos pagos se realizarán a los herederos conforme a sentencia declaratoria, distribuyéndose en partes iguales y de manera proporcional.

El pedido de informes fue aprobado el pasado miércoles por la plenaria en la sesión ordinaria. La cartera sanitaria cuenta con un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida a la Cámara Baja, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional.

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