La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.

Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

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Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.

En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).

Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.

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Una joven que caminaba en compañía de un niño pequeño se llevó el susto de su vida cuando un registro de cables subterráneos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) explotó, haciendo volar la tapa de la fosa justo cuando cruzaban por ahí. El hecho se registró sobre la calle Comandante Caballero, casi Viuda de las Llanas, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo la joven que sostenía de la mano al pequeño retrocede rápidamente en el momento de la explosión y estira al pequeño colocándolo contra su pecho, evitando así que caiga al registro o que sea lastimado por la tapa del mismo.

“En las imágenes se ve como justo cuando íbamos a cruzar por ahí estalla. Yo no me sentí en ese momento, solo reaccioné estirándole al bebé que normalmente no camina, pero ese día quería caminar conmigo. Después de la explosión ingresamos corriendo a la casa y ahí sí me empecé a sentir mal por el susto”, comentó la niñera Aida Figueredo, de 21 años, en conversación con el canal de noticias NPY.

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La misma aseguró que tanto su rostro como el del niño permanecieron por varias horas hinchados por la fuerte explosión que despidió con ella fragmentos de cemento que los lastimaron. Así también, destacó que estos registros son relativamente nuevos en la zona y que nunca antes se había dado una explosión similar.

“Luego de esa explosión, minutos después, escuchamos otra, pero ya no salimos a mirar, pero sí se olía a cable quemado. En la tarde vinieron los de la Ande y estaban trabajando ahí y cerraron el registro con la misma tapa que salió volando, pero no nos dieron ninguna explicación ni a mí ni a los padres de la criatura”, remarcó Aida.

La joven destacó que afortunadamente pudo estirar a tiempo al pequeño y que ahora él se encuentra en buen estado de salud, reconociendo a su vez que se trató de un accidente que pudo tener un desenlace fatal.

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Una grave denuncia se registró en la Municipalidad de Caaguazú, bajo la administración del intendente liberal José “Papu” Ríos, que, de acuerdo a medios locales, se trataría de un esquema de estafa que llevó al supuesto desvío de fondos de G. 400 millones de las arcas municipales. La denuncia apunta a funcionarios de la comuna, presuntos allegados al intendente Ríos, sobre el cobro en caja de inmuebles y posterior anulación de la operación para no dejar registro del cobro.

“Los concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Municipalidad de Caaguazú nos dirigimos a la ciudadanía en relación a la reciente denuncia pública que ha tenido eco en la prensa local, en la cual se señala el supuesto desvío de fondos provenientes de pagos por la compra de inmuebles municipales”, expresa un comunicado emitido por un grupo de concejales municipales, que solicita una profunda investigación del caso.

Para garantizar la transparencia de la administración pública, los representantes comunales instan a la ciudadanía local que haya realizado pagos por la adquisición de solares municipales a “acercarse a sus contadores para verificar la validez de las facturas expedidas por la Municipalidad y la correcta acreditación de sus pagos en el sistema Marangatu”.

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También solicitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso para aclarar cualquier irregularidad, y “asegurar que los recursos municipales sean gestionando de manera honesta y eficiente”. Además, expresan el compromiso para garantizar los intereses de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar la integridad en la gestión de los bienes públicos.

“Solicitamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes. No toleramos actos de corrupción, ni prácticas que atenten contra el patrimonio municipal y el bienestar de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo de Caaguazú”, finaliza el comunicado de la bancada de la ANR de la Junta Municipal caaguaceña.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.

“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.

Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.

“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.

“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.

“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.

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