La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

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“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

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El próximo lunes, miembros de las FF. MM. estarán participando como apoyo en diversas facetas de una jornada íntegra de servicios que está siendo impulsada por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en la zona del Chaco, en beneficio de varias comunidades indígenas de la zona.

“Queremos demostrar que el Gobierno, a través de las Fuerzas Militares, se encuentra preocupado por asistir a las comunidades indígenas sobre todo del Chaco”, explicó el ministro de Defensa Nacional, general (SR) Óscar González.

El apoyo será a la comunidad indígena la Esperanza, que se encuentra casi a 500 kilómetros de Asunción, con asistencia médica, entrega de medicamentos, y entrega de kit de alimentos.

Además comunicó que la nómina de ascensos para las Fuerzas Militares ya fue remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y están aguardando la convocatoria y el visto bueno correspondiente de los parlamentarios. “Eso se envió en tiempo y forma para la aprobación del Legislativo”, añadió.

El anuncio dado por el ministro fue posterior a la ceremonia donde el jefe de Estado, Santiago Peña, tomó juramento al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Nicolas Ángel Narváez Retamozo.

Una comitiva fiscal, acompañada por efectivos policiales del Departamento Anti Trata de Personas y Delitos Conexos, allanó un local ubicado en el Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, luego de recibir varias denuncias por coacción y explotación.

Según el reporte presentado por las autoridades, en el lugar no se encontraba ninguna persona en el momento de la intervención, pero no obstante, ya con la orden de allanamiento, se procedió al ingreso, encontrando una importante cantidad de evidencia relacionada con el caso investigado.

“Cuando llegamos al lugar no se encontraba nadie y estaba cerrado, el encargado del taller mecánico que se encuentra al lado nos comentó que el sitio permanecía cerrado ese día porque el propietario estaría enfermo, no obstante, cumplimos con la orden de allanamiento y efectivamente encontramos varios elementos que indican que el sitio funcionaba como un prostíbulo y se habla de una situación de explotación sexual”, indicó la fiscal Carina Sánchez en conversación con C9N.

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La misma explicó que el equipo de investigadores se incautó del lugar varias imágenes del circuito cerrado, además de agendas en las que estarían anotados los ingresos de las personas que frecuentaban el sitio, además de una lista de montos que corresponderían a los servicios.

“Cuando ingresamos verificamos que este local tiene tres pequeñas habitaciones al fondo y realmente el olor desagradable se podía percibir desde la puerta; a esto se le sumaba también la basura acumulada en el sitio, lo que hace al mismo un riesgo para la salud tanto de las personas que estarían ofreciendo sus servicios como de quienes los contratan”, remarcó la fiscal Sánchez.

Remarcó que, según las notas de registro que lograron incautar, el ingreso de personas al lugar sería constante, pero que no han podido determinar si habría menores de edad involucrados, por lo que cotejaran las imágenes que fueron recuperadas para continuar con las indagaciones al respecto.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) eligió a sus autoridades, en el marco de la ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral, en su naturaleza y en su composición. El ministro Jaime Bestard, fue designado como presidente de la máxima autoridad electoral, por resolución n.° 237/2024.

El reglamento electoral establece que el cambio de la presidencia y vicepresidencia se debe realizar de manera anual, entre sus miembros. Ahora deja la presidencia el ministro César Rossel, y quedará como miembro del Tribunal Electoral, mientras que el ministro Jorge Bogarín queda como vicepresidente, quien en este periodo se encontraba como miembro, para este periodo.

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Los ministros Jaime Bestard y Jorge Bogarín, asumirán sus respectivos cargos a partir del 1 de enero del 2025 e irá hasta el 31 de diciembre de ese año, periodo comprendido en el reglamento electoral. Ten­drán su sede en la capital de la República y ejercerán su competencia en todo el terri­torio nacional.

Bestard fue designado como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en agosto del 2013, por la Cámara de Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo. Es de profesión abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1983. Ejerció la profesión desde el año 1984 hasta el año 2013, especializado en Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Electoral.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral es res­ponsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administra­ción de los recursos asig­nados en el Presupuesto General de la Nación para fines electorales, conforme establece la citada ley. Son deberes y atribuciones del TSJE, cumplir y hacer cumplir la Cons­titución y las leyes; ejer­cer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la organización electoral de la República, entre otras cosas.

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