El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.

“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM.

Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.

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Uno de los operativos de control se realizó el día de ayer viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.

La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos. “Viajar en transportes no autorizados pone en riesgo la seguridad”, alertaron las autoridades de la Dinatran.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Obras Públicas y representantes del sector Transporte ayer se realizó la presentación de una flota de 22 nuevos buses de mediana y larga distancia, además del servicio internacio­nal y de turismo que forman parte del proceso de moderni­zación y mejora del servicio del transporte público.

Las unidades de media y larga distancia conectará a Asun­ción con varios departamentos, como Caaguazú, Guairá, San Pedro, Alto Paraná y Boquerón.

La compra y puesta en opera­ción de estas nuevas unida­des se concretó mediante la inversión de las empresas del sector privado, de un total de USD 7,5 millones. “Se alinean con las políticas públicas que impulsa el Gobierno, que tiene como objetivo único poner en el centro de todas las acciones al ciudadano. Estas son acciones concretas donde las personas no solo reciben un mejor trato, sino un viaje más seguro apro­vechando las nuevas infraes­tructuras con que cuenta el país, podrán realizar sus via­jes con mucha previsibilidad y seguridad en el andar”, dijo la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“Los empresarios son los pro­tagonistas en esta acción, en el gran desafío que es mejorar el sistema del transporte público. Esto de alguna manera refleja la visión que tenemos. Para mí es una gran satisfacción el poder ver que el sector privado está invirtiendo, mejorando sus flotas de buses”, sostuvo el presidente Santiago Peña.

Asimismo, acotó que “para nosotros es un aliento a seguir apostando por políticas públi­cas claras y transparentes, que haya un control que le pueda dar las garantías al sector pri­vado de que tiene que recu­perar su inversión. Yo estoy seguro que todos ustedes salie­ron a endeudarse para poder comprar esta flota de nuevos vehículos de transporte con la expectativa de recibir una compensación a mediano y largo plazo”.

Cada ómnibus implicó una suma de entre USD 250.000 y 300.000, por lo que consti­tuye “una inversión grande” la que realiza el sector privado apuntando al cumplimiento de su compromiso de invertir 15 millones de dólares anua­les en la adquisición de nuevas unidades “sin recibir ningún tipo de subsidio estatal”, dijo Humberto Rodas, gerente de la Cámara Paraguaya de Trans­porte Internacional.

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Trans­porte, Luis Fernando Gonzá­lez, informó que las 22 uni­dades 0 km presentadas en la fecha se suman a las 46 que se habían puesto en operación en noviembre de 2023, mediante una inversión de USD 12 millo­nes. Anunció que otras 12 uni­dades se estarán incorpo­rando al servicio en setiembre próximo, por lo que se comple­taría un total de 80 unidades nuevas.