En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se desarrolló hoy la LX Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados asociados. En la oportunidad instaron y se comprometieron al fortalecimiento de los sistemas penitenciarios para garantizar la seguridad ciudadana.

En representación de Paraguay asistió el ministro de Justicia Rodrigo Nicora Villamayor, quien junto con sus pares trabajaron en la creación de una mesa interinstitucional del Mercosur sobre acceso a la Justicia y la redacción de un cuestionario sobre Acceso de la Justicia Transnacional y Doméstico.

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En la reunión, el ministro Nicora agradeció la acogida a las recomendaciones planteadas por la delegación de Paraguay al documento consensuado sobre el proyecto de “Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados sobre jurisdicción internacionalmente competente, ley aplicable y cooperación jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, divorcio, separación conyugal y relaciones personales, patrimoniales y disolución de las uniones convivenciales”.

Esto demuestra la voluntad de la República del Paraguay “en pos de la integración regional en los temas abordados en el ámbito de Justicia”, subrayó el titular de la cartera.

Cabe señalar que la delegación paraguaya solicitó la incorporación al mencionado proyecto, de acuerdo las observaciones y sugerencias realizadas por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia y en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores también había solicitado se cumpla lo establecido en nuestras normativas.

El ministro Nicora felicitó a los grupos técnicos por la excelente tarea desarrollada a lo largo de este semestre. Los mismos contribuyeron con sus esfuerzos para la consecución del objetivo trazado, indicó. Además expresó que el intercambio de experiencias y buenas prácticas permitirá el fortalecimiento de los países de la región en los temas abordados en la reunión de ministros de Justicia, como el acceso a la Justicia y el sistema penitenciario.

“Paraguay tuvo una activa participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Justicia, preparatorias a la Cumbre de Ministros que tuvo lugar hoy. En esta instancia se presentaron trabajos realizados en foros en materia de cooperación jurídica civil internacional, asistencia jurídica mutua en asuntos penales y sustracción internacional de menores”, explicó el ministro.

En estas reuniones las delegaciones coincidieron en las bondades de la tramitación de las solicitudes electrónicas, tanto en cuanto a la celeridad como a la seguridad en el envío.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Uno de los problemas alarmantes de la sociedad son los casos de feminicidio, un fenómeno que sigue cobrando vidas, debido a que es el último eslabón de la cadena de la violencia de género.

La Lic. Sandra Ayala, jefa del departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCMUNA), Hospital de Clínicas, abordó este tema, y en el mes de la salud mental puso énfasis en cómo la violencia comienza de manera sutil, con abuso psicológico, y evoluciona hasta llegar a lo físico y, lamentablemente, en algunos casos, al feminicidio.

A la fecha, en el Paraguay se cuenta con un total de 25 casos de feminicidios, que dejaron como saldo 56 hijos huérfanos, en tanto que la lista de tentativa de feminicidio suma un total de 38 reportes y todas las mujeres ya están protegidas, según datos del Ministerio Público.

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“El feminicidio no es un hecho aislado. En Paraguay tenemos índices alarmantes, lo que nos llama a reflexionar y a actuar. La violencia de género sigue un patrón progresivo, comienza con un abuso psicológico, luego pasa al físico y al sexual. Es una situación cíclica donde la víctima, muchas veces, queda atrapada por la dependencia emocional y económica”, explicó.

La Lic. Ayala destacó que muchas mujeres no abandonan la relación violenta no porque no lo deseen, sino porque se sienten atrapadas en un círculo vicioso. “El agresor tiende a aislar a la mujer, a hacerla sentir que no vale nada, diciéndole cosas como que sin mí no eres nadie. Este abuso emocional es un método para dominarla. Por esta razón, es vital contar con una red de apoyo para que las víctimas puedan salir de esa situación”, señaló.

Para ayudar a las mujeres en situación de riesgo, la jefa de Psicología sugiere acciones prácticas, como guardar documentos importantes en un lugar seguro, hacer copias de las llaves de la casa por si quieren encerrarlas y mantener un fondo de emergencia.

“Es crucial que las mujeres sepan que no están solas. Existen instituciones y personas que pueden ayudarlas, pero la denuncia es fundamental. Es necesario que se les diga que hay justicia y apoyo para que puedan decidir salir de la relación antes de que la violencia termine de la peor manera, con la pérdida de una vida”, dijo.

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Instó a las personas cercanas a las víctimas a brindar orientación y apoyo emocional, ayudándolas a entender que no están aisladas y que existen recursos a su disposición.

Según la psicóloga, muchos agresores tienen perfiles egoístas, creyéndose superiores y dueños de sus parejas. “Una de las señales de advertencia es la celopatía, que luego justifica los golpes. El abuso comienza con frases descalificadoras y evoluciona hacia la violencia física. Si el respeto se pierde en una relación, es cuestión de tiempo antes de que ocurra algo más grave”, subrayó.

Las personas que necesiten orientación psicológica pueden agendar una cita a través de la central telefónica del hospital, que es actualmente la línea 142 que se marca directamente si la persona posee las compañías telefónicas Copaco, Claro y Personal; en tanto de las líneas de Tigo y Vox, se debe anteponer el prefijo 021. El horario habilitado para solicitar turnos es de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

Las consultas con las psicólogas se realizan en la Unidad Ambulatoria Adultos, turno mañana y tarde. Es importante que las víctimas acudan a un profesional desde los primeros signos de abuso, para evitar que la situación se agrave y para recibir el apoyo necesario para salir del círculo de violencia.

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Nuestro régimen de gobierno está definido como democracia representativa, participativa y pluralista, tal como se explicita en el Artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. La República del Paraguay –declara, además– se constituye en Estado social de derecho. Hasta ahí la transcripción literal de nuestra ley fundamental. La soberanía popular, por ende, reside en el pueblo. A través de elecciones libres, limpias, transparentes y universales selecciona o escoge a quienes habrán de representarlo en los cargos que precisan del voto ciudadano para ocuparlos.

Entiéndase, presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y sus respectivos colegiados departamentales y municipales. Sin embargo, la máxima disposición legal que nos rige también habilita a la ciudadanía a expresarse a través de diversos mecanismos, entre ellos, la iniciativa popular para proponer proyectos de ley ante el Congreso de la Nación.

Y, naturalmente, a los poderes Ejecutivo y Legislativo a promover consultas con las diferentes organizaciones que agrupan a obreros, campesinos, movimientos sociales, estudiantes, mujeres, empresarios y referentes de partidos políticos que no han podido conseguir un escaño en una de las cámaras. Y, a su vez, estos diferentes exponentes de la sociedad tienen derecho a plantear sus demandas –genéricas o puntuales– a las autoridades de turno.

En la capacidad de escucharse mutuamente se perfeccionan el diálogo, el entendimiento, la tolerancia y la búsqueda compartida del bienestar colectivo. Se administra la disidencia en un marco de respeto a la pluralidad y a las instituciones. Y, cuando el consenso se torna absolutamente imposible, la democracia dispone de adecuados mecanismos para dirimir las diferencias y alcanzar la resolución pacífica de los conflictos.

De lo contrario, el empantanamiento constante en aquellos temas sobre los cuales no hay acuerdos mayoritarios provocaría la imposibilidad de gobernar y avanzar como país. Pero no todos quieren aceptar esta realidad que impone las reglas de la convivencia en un Estado de derecho. Entonces, se ambiciona socavar el poder al que no pudieron llegar por la vía de las urnas, de tal modo a ir debilitando sus estructuras y a sus cuadros políticos de cara a las próximas elecciones. Una suerte de guerra de guerrilla dialéctica. O, por lo menos, verbal, puesto que la oposición de ideas, que pueda generar una síntesis iluminadora, cede ante los exabruptos, los insultos y las descalificaciones de parte de algunos mediocres que ni se percatan de su condición de tales. Es más, se consideran intelectuales.

Desde antes de que asumiera el actual presidente de la República, Santiago Peña, han pretendido deslegitimarlo por la vía de un sofisma, recurriendo a razonamientos falsos con apariencias de verdad. Por ejemplo, de que el mandatario representa a una minoría, pues, sumados todos los votos de los demás partidos, estos superan el 50 por ciento de los sufragios. Es cierto que el actual Ejecutivo se quedó con el 42,74 por ciento, pero muy lejos del segundo, Efraín Alegre, con 27,48 por ciento. Esto es, 15,26 puntos de diferencia.

La Asociación Nacional Republicana obtuvo, además, 23 senadores de un total de 45 y 48 diputados sobre 80. O sea, mayoría propia en ambas cámaras. Y de las 17 gobernaciones departamentales, 15 son administradas por representantes del Partido Colorado, merced también a la decisión soberana de la mayoría del electorado paraguayo. Decimos verdad aparente porque, en un sistema electoral como el nuestro, donde no se contempla la segunda vuelta o balotaje, no se precisa superar el 50 por ciento para gobernar.

Ocurrió lo mismo con Fernando Lugo, en el 2008, quien derrotó a la ANR con apenas el 41 por ciento, es decir, por diez puntos de diferencia sobre Blanca Ovelar, quien quedó rezagada con el 31 por ciento. Esta falacia demagógica se evidencia cuando los mismos protagonistas que hoy argumentan que Peña no cuenta con el favor de la mayoría se olvidan de alegar lo mismo cuando el exobispo de San Pedro llegó al Palacio de López, lo que quita completa seriedad y valor a dichos juicios.

Ahora bien. Veamos la otra parte. Apenas sancionada la “ley que establece el control, la trasparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, algunas de estas entidades salieron a vociferar que el Poder Ejecutivo tiene que vetar esta iniciativa por “atentar contra las organizaciones que son las voces de la sociedad civil”. ¿Quién les adjudicó tal representación? Los sectores que son supuestamente destinatarios de sus proyectos ni siquiera saben de su existencia. Sus trabajos son desconocidos, así como los resultados de estos emprendimientos que cada año se embolsan millones de dólares, tanto de ingresos locales como externos.

¿A quiénes benefician estas organizaciones? Por las documentaciones que fueron filtradas en las últimas semanas, más que nada, solo a sus directivos con jugosas remuneraciones. Privilegios que alcanzan a amigos, familiares y operadores políticos de la oposición. Viven de y en la burbuja mediática.

Así justifican sus honorarios, sin que sus misiones se plasmen en la realidad. Corcovean porque quieren seguir disfrutando alegremente de la plata dulce –mal que adjudican a los políticos que condenan–, pero sin que nadie husmee en qué y cómo gastan sus millonarios presupuestos. No pueden esgrimir que representan a la sociedad civil, porque solo defienden sus espurios y propios intereses. Nada aportan a la democracia ni a la justicia social. Aunque sí para la buena vida de sus líderes.