El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, declaró que no se dio justificación alguna para que el policía que disparó al niño en el vehículo en movimiento utilizara la fuerza letal.
En comunicación con el canal GEN, el abogado mencionó que la entidad a su cargo se limitará a hacer el control del caso, así como indica la Ley 631/96, de modo que todo pueda dirimirse en el debido proceso.
Sin embargo, aseveró que no pueden soslayar la situación y debate que hoy giran en torno a las barreras policiales. “Se habla mucho y se concluye poco en relación con lo que establecen las normativas constitucionales y las disposiciones legales”, dijo.
En ese sentido, manifestó que se debe tener en cuenta que toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y seguridad, según el artículo 9 de la Constitución Nacional.
Godoy agregó que en el mismo texto constitucional, en su artículo 13, se establecen las reglas para ejecutar un arresto policial.
“Debe existir una orden escrita por la autoridad competente para arrestar a alguien, salvo situaciones de flagrancia”, dijo al puntualizar que en este caso no se dio lo último. “No hubo la comisión de un hecho punible, típico y reprochable”, expresó.
El defensor del Pueblo refirió además que es muy importante que los ciudadanos puedan manejar algunas cuestiones del manual de la Policía Nacional.
“Se establece una serie de situaciones normativas que desprenden a su vez resortes doctrinarios que hablan de que hay dos tipos de fuerza de los que puede hacer uso la Policía: la letal y la no letal”, afirmó.
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Godoy mencionó que la fuerza letal se aplica cuando un policía ejecuta su fuerza para causar lesiones graves o muerte a la persona. “Pero eso no se ajusta a disparar un auto en movimiento. No tenía justificación”, aclaró.
El abogado explicó que un policía puede usar la fuerza letal en medida cuando exista un peligro para su vida o para terceros. “El mismo manual no establece que pueden usar el arma a su antojo”, subrayó.
Godoy reiteró que no se dieron condiciones para justificar el actuar policial, porque en ningún momento estuvo en peligro la integridad de los uniformados.
Antecedentes
La agente fiscal Ana Girala, quien interviene en el caso de la familia que fue disparada en la noche del sábado por dos efectivos policiales en San Lorenzo, Yvera, jurisdicción de la Comisaría Primera, formuló imputación contra los uniformados y pidió la prisión preventiva de ambos.
El vehículo, presumiblemente un Toyota Runx (de color negro), recibió varios impactos de bala y uno de ellos hirió a un niño que se encontraba en el interior, en el asiento trasero.
El vehículo siguió unos km más, deteniéndose en un lugar público donde el padre solicitó ayuda, testigos socorrieron al menor, quien fue trasladado de urgencia para recibir asistencia médica.
La familia, que se trasladaba con un bebé y un niño, regresaba a su casa cuando fue interceptada por dos efectivos policiales. El hombre, a fin de no ser multado, evadió el control y fue perseguido por ambos uniformados en un trayecto de casi 8 km, durante el cual se produjeron los diferentes disparos contra el Toyota particular.