Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.

Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.

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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.

En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.

En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.

No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.

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La Policía Nacional realizó un allanamiento en la ciudad de Ñemby en la casa que sería de un hombre que es conocido como el “Rey de los robacoches”, que formaría parte del clan Rotela. Esta persona está siendo investigada hace cuatro meses por una serie de robos y contaba con 14 antecedentes penales, que a la fecha fueron borrados del sistema, situación que también está siendo investigada.

Según el reporte policial, la intervención se realizó ayer jueves en el barrio Pa’i Ñu, en una mansión que está ubicada sobre la avenida Pratt Gill. En el sitio se encontraron varios automóviles que estaban denunciados como robados y antes de que los agentes lleguen el hombre ya se habría fugado en compañía de su esposa. Tanto el hombre como su sobrino fueron identificados en varios robos de autos.

Se trata de Juan Manuel Salinas Valdovinos, de 44 años, que cuenta con 14 antecedentes penales. “Iniciada esta investigación, hace cuatro meses saltaban todos los los antecedentes con los que contaban estas personas, al momento nos están informando que no está apareciendo. Esto ya fue comunicado al Ministerio Público”, confirmó el comisario Juan Pereira, en entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Detalló que durante la intervención se logró la incautación de dos vehículos de la marca Toyota, una motocicleta de la marca Kenton y un celular de la marca Samsung, entre otros indicios. “Se le acusa de robar más de 100 vehículos que fueron traídos vía Chile. Estos son robados y luego son modificados, se les cambia de color y el número de chasis. También, se realiza desarme en talleres clandestinos”, aclaró.

Apuntó que es muy difícil distinguir a los vehículos que fueron modificados por la gran cantidad de rodados de esta línea. “Estos se mimetizan en los controles y es así que van pasando. Uno de los rodados incautados ya circulaba en el país por un año, con documentación totalmente apócrifas y chasis implantado”, refirió.

Agregó que, minutos antes de la intervención, una camioneta de alta gama salió de la vivienda y fue detenida tres cuadras después. “Este vehículo salió de la casa y se produjo una persecución y a 10 cuadras se produjo la detención de la persona que estaba al mando, que es esposa del hombre. Se presume que éste descendió en medio en algún punto y emprendió la fuga”, puntualizó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una comitiva encabezada por la fiscal Ruth Benítez, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná y personal de la subcomisaría 52, allanaron ayer viernes un taller, en el marco de una investigación por un hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas en vehículos de gran porte.

Incautaron cinco semirremolques y dos tractocamiones, durante un procedimiento que fue a las 19:30 en un taller ubicado en el Km 31, Fracción Piro´y, distrito de Minga Guazú. La propietaria del inmueble es Mirian Acha viuda de Almirón. En el sitio fueron verificados todos los vehículos, siendo aprehendido Alcides Almirón Acha (45).

En todos los rodados inspeccionados fueron encontrados vestigios de adulteración por borrado total y reimpresión del chasis de su lugar convencional, así como la remoción de la plaqueta de seguridad, según el reporte del personal policial interviniente.

El comisario Silvano Presentado, jefe de Control de Automotores, indicó a La Nación/Nación Media que, mediante un trabajo con la Policía Federal de Brasil, se realizó un seguimiento y a raíz de esa investigación se llegó al citado taller. Mencionó que también fueron incautadas chapas adulteradas halladas en el taller y todo fue llevado al Departamento de Control de Automotores.

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Los vehículos verificados fueron: un semirremolque de la marca Tecno Equino, modelo cisterna 3 ejes, amarillo, chapa AAER 171 Py y un tracto camión, marca Scania, modelo 124-420 6X2, blanco, con chapa AAAG698 Py. Ambos inscriptos a nombre de Alcides Almirón.

La lista sigue con un semirremolque Metalúrgica RE S.A. modelo cisterna 3 ejes, blanco, chapa AAFX 802 Py, inscripto a nombre de Edson Tomas; semirremolque de la marca Metalúrgica Rodas, modelo cisterna ejes, blanco, chapa HARM 952 Py, inscripto a nombre de Ángel Almirón y semirremolque también Metalúrgica RE, modelo cisterna e ejes, blanco, con chapa HAFK 519 PY.

Los dos últimos son un vehículo semirremolque de la marca Metalúrgica Rene, modelo cisterna, blanco, chapa BOJ104 PY, inscripto a nombre de Francisco Ibarra y otro tracto camión de la marca Scania, modelo 113, blanco, con chapa KAC 064 PY, a nombre de la empresa Calibri Import Export S.A. El mismo no reúne las condiciones de autenticidad en cuanto a la alineación, espaciado y profundidad de los números de chasis, según el reporte.

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Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.

Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.

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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.

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