Numerosos internautas se hicieron eco de las críticas realizadas por el director Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, al ministro del Interior Euclides Acevedo, por su postura ante la acción de los uniformados.
En su cuenta de Twitter, Casañas Levi afirmaba hoy que ninguna persona “tiene la obligación de quedarse en una barrera si es que no tiene ganas de hacerlo”, sino que “tiene todo el derecho de darse la vuelta e irse hacia otro lado, como hizo este señor”, refiriéndose al padre del niño de 6 años baleado tras una persecución policial.
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Sin embargo, en un tweet anterior, fechado el 6 de abril, el abogado decía todo lo contrario: “Cuando encontrás barrera con policías y funcionarios del Ministerio Público tenés que detenerte y dar las explicaciones que te pidan. Si intentás evadirlos o atropellar a la gente, estás cometiendo al menos 2 delitos: resistencia y tentativa de homicidio. Entendés?”, señalaba entonces el ex candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta contradicción fue destacada por uno de los usuarios de la red social, quien le recordó esa posición totalmente contradictoria a la asumida en la fecha. Cabe mencionar que el abogado no solamente contradijo al secretario de Estado, sino que también aseguró que las barreras policiales son ilegales y anticonstitucionales en un Estado de derecho.
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Titular de Senad niega compra de equipos para espionaje político
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.
“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.
Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.
“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Se equivocó de punta a punta”
El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.
“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.
“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.
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Mesa interinstitucional elabora plan para reglamentar uso de pagaré electrónico
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), del Viceministerio de Industria y Comercio (MIC), magistrados y miembros de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Civil y Comercial, así como de la Oficina Técnica de Apoyo a la Judicatura de Paz con el objetivo de elaborar un plan para reglamentar el uso de títulos de crédito en formato electrónico.
El ministro de la máxima instancia judicial destacó que el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, tiene un especial interés en la implementación de estos documentos en formato electrónico, con el propósito de brindar mayor seguridad y agilizar las transacciones, además de facilitar su ejecución judicial.
En ese sentido, el alto magistrado explicó: “Por eso nos reunimos, con el fin de comenzar a redactar una normativa en abstracto, en conjunto con el MIC y el BCP, para reglamentar debidamente el proceso y evitar inconvenientes en la circulación y materialización electrónica de estos documentos, así como en su posterior ejecución judicial” indicó.
Asimismo, manifestó su satisfacción con los avances logrados y adelantó que se llevarán a cabo nuevas reuniones para dar seguimiento al mecanismo adoptado.
También participaron de la reunión varios camaristas del fuero civil y comercial, entre ellos: Pierina Ozuna, Hugo Garcete, Giuseppe Fossati López, entre otros magistrados. También estuvieron la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Lic. Rosa Liz chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez. La actividad se desarrolló en el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de la Capital.
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