Ante la denuncia presentada por el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, sobre la fallida compra de diversos insumos médicos adjudicados a empresas de la familia Ferreira, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Diego Arzamendia para realizar las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que el titular de la cartera de Estado presentó hoy una denuncia penal en el marco de la compra por vía de la excepción 36/2020, relacionada a la provisión de los materiales, que finalmente fue suspendida por las diversas irregularidades que se registraron desde el inicio mismo del proceso.
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El llamado a licitación se hizo para la adquisición de insumos médicos y equipos de bioseguridad para el personal de blanco, ya casi al inicio de la declaración de la pandemia del COVID-19. Tras verificaciones de parte de legisladores y denuncias que fueron publicadas por los medios de comunicación, se corroboró que los elementos no corresponden a los especificados en el pliego de bases y condiciones, por lo cual fueron rechazados.
Ante la situación, el Ministerio de Salud resolvió rescindir el contrato firmado con las firmas Imedic SA y Eurotec SA, ambas ligadas a los hermanos Marcelo y Patricia Ferreira, hijos del empresario Justo Ferreira, quien había sido ligado a empresas farmacéuticas acusadas de lesión de confianza.
De acuerdo a lo manifestado por Arnaldo Giuzzio, ministro Antidrogas, designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para la fiscalización de todas las compras realizadas en el marco de la lucha en contra del coronavirus, todo el proceso estuvo viciado y los proveedores deben ser sancionados por el intento de fraude en contra del Estado.
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