El Ministerio de Salud realizó este viernes la presentación de varias mejoras en comunidades del departamento de Itapúa e incluso habilitó dos centros odontológicos. Las autoridades de la cartera sanitaria recordaron que solo faltan meses para la inauguración de Gran Hospital del Sur, y que seguirán trabajando muy de cerca con las unidades de salud familiar (USF).

La ministra María Teresa Barán recorrió hospitales y locales de USF del departamento. La actividad arrancó con la habilitación de consultorios odontológicos en los barrios encarnacenos Mboi Ka’e y San Isidro. Se entregaron sillas de ruedas e insumos a una oficina de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), así como equipos odontológicos al puesto de salud de La Paz, fue habilitada la sala de mamografía en San Pedro del Paraná, y un laboratorio de análisis clínicos en Trinidad.

“Hoy habilitamos una oficina de la Diben en Encarnación, que va a ayudar mucho a la población a hacer sus trámites acá en la localidad y no tener que trasladarse a la capital del país. La idea es ir descentralizando la atención y trabajar en equipo”, explicó Barán en este acto.

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Los consultorios odontológicos presentados en los barrios encarnacenos fueron dotados de equipamientos básicos para la atención y de sillones odontológicos. “La salud es un derecho que debemos acercar a cada paraguayo, sin importar dónde viva”, indicó Barán.

Agregó que dentro de unos meses será habilitado el Gran Hospital del Sur con el que tratarán de paliar las necesidades básicas de la población local. “La habilitación no va a solucionar todos los problemas si no trabajan en forma conjunta, por lo que es fundamental el funcionamiento correcto del USF y que solo los casos más graves lleguen a este hospital”, afirmó.

Reiteró el compromiso de lograr una salud adecuada para todos los paraguayos y que están trabajando para inaugurar 88 unidades de salud familiar, que atienden en horario extendido hasta las 20:00. “Queremos construir un sistema de salud que beneficie a todos, necesitamos una política de estado para trascender y lograr ese grado de inversión de salud”, puntualizó.

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Unicef respaldó un plan del gobierno de México para evitar que los niños tengan acceso a comida chatarra dentro y alrededor de las escuelas públicas, en uno de los países con mayores índices de sobrepeso y obesidad infantil en el mundo.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, dispone que para marzo próximo más de 258.000 escuelas estatales apliquen normas obligatorias que impidan la venta de alimentos ultraprocesados y promuevan en su lugar la disponibilidad de alimentos locales y de temporada, así como de agua natural.

“Unicef respalda el compromiso del Gobierno de México (...) para contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” para niños y adolescentes, declaró Fernando Carrera, representante en México de la agencia de la ONU para la infancia, citado en un comunicado.

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Agregó que la implementación de los llamados Lineamientos y Acciones para una Vida Saludable representan “un paso importante para combatir los graves problemas de mala nutrición en el país, incluyendo el sobrepeso y la obesidad infantil”. En México, 5,7 millones de estudiantes de 5 a 11 años presentan obesidad, lo mismo que 10,4 millones de entre 12 y 19 años, según datos de una encuesta oficial de salud y educación (Ensanut 2020-2023) citada por el gobierno.

La prevalencia de este mal y del sobrepeso alcanza a 36,5 % de los niños en edad escolar y al 40,4 % de los adolescentes mexicanos, según datos de este mismo estudio mencionados por Unicef. “El equipo de Unicef está preparado y dispuesto para apoyar la construcción de entornos alimenticios más saludables en las escuelas”, agregó la agencia.

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El plan incluye también la construcción de bebederos de agua potable y la capacitación de maestros y responsables de las cooperativas que venden comida en las escuelas públicas, un 98 % de las cuales mantiene la oferta de comida chatarra pese a las normas y campañas informativas que existen al respecto.

“En la medida que eduquemos, capacitemos, formemos, los papás y mamás no van a enviar comida chatarra a los niños (...) y lo que se venda en las cooperativas va a ser comida saludable”, dijo Sheinbaum el lunes durante la presentación del plan.

Fuente: AFP.

El atún enlatado está ampliamente contaminado con mercurio de acuerdo con un estudio realizado en cinco países europeos, entre ellos España e Italia, denunciaron el martes dos oenegés que pidieron a las grandes cadenas minoristas y a las autoridades “tomar medidas de emergencia”. “Se seleccionaron aleatoriamente 148 latas en Francia, Alemania, Inglaterra [Reino Unido], España e Italia y se las hizo analizar por un laboratorio independiente. El 100 % de las latas estaban contaminadas con mercurio”, reveló la investigación realizada por la oenegé Bloom y divulgada conjuntamente con Foodwatch.

Bloom, asociación de defensa del medio ambiente, afirmó que en más de una lata de cada dos la concentración de mercurio superó el límite máximo establecido para otras especies de pescados (0,3 mg/kg). “Los límites máximos de mercurio del atún vigentes en Europa se establecieron en función del nivel de contaminación observado en los atunes -y no en función del peligro que representa el mercurio para la salud humana- con el fin de asegurar la venta del 95 % de los atunes”, señaló la investigación.

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Así fue que se fijó en 1 mg/kg para el “peso de pescado fresco” y no para el producto enlatado. “Es por eso que el atún, una de las especies más contaminadas, tiene un límite máximo de mercurio tres veces más alto que el de las especies menos contaminadas”, detalló el texto.

Para Bloom y Foodwatch “no hay ninguna razón sanitaria que justifique esta discrepancia ya que el mercurio no es menos tóxico si se ingiere a través del atún. Lo único que interesa es la concentración del mercurio”. El mercurio está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las diez sustancias más preocupantes para la salud pública.

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En el océano el mercurio se mezcla con bacterias y se transforma en metilmercurio, un derivado aún más tóxico. “El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso. Se pueden observar trastornos neurológicos y de comportamiento tras la exposición”, indica la OMS.

Ante lo que califican de “verdadero escándalo de salud pública”, las ONG pidieron “medidas de emergencia” y llamaron a la Comisión Europea para que se alinee con el límite máximo más estricto que estableció para otras especies (0,3 mg/kg).

Fuente: AFP.

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP