La comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, dictaminó a favor de la iniciativa que plantea la exoneración del precio del peaje al tránsito automotor en la ruta PY3, para los pobladores de la localidad de Emboscada, Cordillera.

Para implementar esta medida, se prevé que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), en colaboración con la Municipalidad de Emboscada, establezca un procedimiento informatizado eficiente y trazable.

El proyecto establece que los beneficiarios deben presentar ante la mencionada comuna una serie de documentos: constancia de inscripción en el Registro Cívico Permanente del distrito de su municipio; copia autenticada de cédula de identidad vigente; certificado de vida y residencia expedido por la comisaría local jurisdiccional; copias autenticadas de la licencia de conducir y de la habilitación vehicular, vigentes y expedidas por la misma municipalidad; etc.

De acuerdo a la exposición de motivos, los pobladores de esta localidad deben trasladarse diariamente a la capital y zonas aledañas por motivos laborales, educativos y comerciales, enfrentando el costo adicional del peaje ubicado en el kilómetro 30.

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La propuesta es impulsada por los legisladores liberales Graciela Aguilera, Carlos María López y los colorados Roberto González y Hugo Meza quienes sostienen que de entrar en vigencia la iniciativa beneficiará enormemente a la comunidad sin afectar significativamente las recaudaciones del puesto de peaje, ya que estiman que los conductores registrados en Emboscada representan apenas el 10 % de la población local.

Los parlamentarios refieren que esta propuesta derribará obstáculos económicos al desarrollo integral de la comunidad afectada por el costo del peaje, permitiendo que los pobladores continúen con sus actividades cotidianas sin incurrir en sobrecostos en sus traslados diarios y producciones.

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través del operativo “Maracanazo”, desmanteló un complejo en una zona rural del barrio Piray, distrito de Maracaná (Canindeyú), que se dedicaba a la producción y acopio de grandes volúmenes de marihuana destinados al mercado brasileño. La organización criminal contaba con una logística gigantesca donde operaban al menos 60 personas, en el lugar se decomisaron 31.800 kilos de marihuana picada y prensada, cuyo valor se estima en al menos 4,6 millones de dólares; así como 3 camionetas y 47 motocicletas, prensas rústicas, gatos hidráulicos, entre otros.

Los intervinientes notaron que la estructura criminal contaba con una red de “campanas” y colaboradores que iban alertando sobre la presencia de los mismos en la zona. Por ese motivo, una vez que llegaron al complejo los operadores de la base narco se habían dado a la fuga. No obstante, la logística y cargas de drogas estaban intactas. La comitiva, en coordinación con el fiscal Néstor Narváez, incluyó a agentes especiales de la Senad de la Dirección de Inteligencia, en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Tercera División de Caballería.

En otro operativo, denominado “Karagua”, la Senad llegó hasta una propiedad ubicada a orillas del río Mbutuy en el distrito de Juan de Mena (Cordillera), donde hallaron 15 hectáreas de marihuana. Se aniquilaron los cultivos y fue demorada la persona que se encargada del cuidado de las plantaciones en el predio de una estancia que operaba como sitio de acopio y distribución de la droga.

El peón identificado como Gabriel Colmán reveló a los medios de prensa que el dueño del establecimiento es Blas Antonio Saldívar, quien se encuentra en la Argentina. “Hace 35 años que vivo aquí. No recuerdo muy bien cuando empezó el cultivo de marihuana, pero hace aproximadamente tres meses”, contó en guaraní.

El hombre manifestó que es el encargado del inmueble y que habría sido engañado por las personas que se presentaron con intenciones de cultivar supuestamente maíz, pero finalmente sembraron marihuana. “Yo no conozco luego esa planta (marihuana). No me pagaron ni un guaraní. Yo trabajo en la chacra, cultivo mandioca. Algunas veces suelen aparecer en canoa por el río Mbutuy los que cultivaron la marihuana”, añadió Colmán.

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Detalló que habitualmente cuatro personas ingresaban hasta el lugar utilizando canoa, ya que la propiedad está bordeada por el río Mbutuy. “Ellos decían que querían cultivar maíz y que además venían a pescar nada más”, sostuvo. El inmueble intervenido está en medio de una isla, rodeada de esterales.

“Es un lugar estratégico, no es de fácil acceso, solamente en canoa y helicóptero y otros medios. Y bueno, llegamos gracias a un buen trabajo realizado por los investigadores”, dijo un agente de la Senad a C9N. Explicó que el caso del encargado ya depende de los investigadores puesto que se pudo llegar al sitio tras una investigación minuciosa. “Pues bien tenemos que hablar con el señor los investigadores y a ver de deslindarle de algunas responsabilidades”, puntualizó.

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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez Salinas indicó que las tres nuevas penitenciarías, es decir, las de Emboscada y de Minga Guazú, funcionan bajo un régimen de máxima seguridad donde los reclusos, no tienen contacto entre sí y están en celdas individuales en la mayor parte del tiempo.

“El régimen en el que se encuentran las personas en Minga Guazú es de máxima seguridad, tanto para condenados como para procesados, en atención a lo que menciona el Código de Ejecución en el artículo N.° 35 donde menciona que los procesados podrán tener el mismo trato que un condenado en ciertos casos”, explicó Benítez a la 650 AM.

En este sentido, detalló que las personas no comparten celdas y tienen permitido estar fuera de ella hasta dos horas por día en un espacio donde el techo permite el ingreso de la luz solar. Las visitas solo están permitidas dos veces al mes, pero pueden acceder a sus abogados cada vez que así lo requieran.

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Cuentan además con atención médica, psicológica, psiquiátrica y con un nutricionista. “En todo momento se habla de que estas tres nuevas penitenciarías son exclusivamente para condenados, a excepción del módulo 8, que es de régimen cerrado especial y puede albergar tanto a condenados como procesados de alto perfil y que no se adecuen a un régimen ordinario”, explicó.

Miguel Insfrán alias “Tío Rico”, acusado por narcotráfico, guarda reclusión en el penal de Minga Guazú pese a que aún no tiene una condena y al igual que él, otras personas de alto perfil también fueron llevados hasta dicho establecimiento debido a las condiciones de mayor seguridad que se ofrecen en el lugar.

“Los protocolos de este régimen fueron observados a través de otros países que tienen el mismo régimen de modo que estén adecuados a los tratados y acuerdos internacionales a los que está suscrito nuestro país, no obstante, es algo nuevo, seguro hay cosas que mejorar aún, pero lo hacemos de la mejor manera posible”, concluyó.

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Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público lograron la detención de José Ángel Ruiz Díaz, de 53 años de edad, quien es considerado líder del Clan Caber, que tendría el dominio de la venta de crac, marihuana y cocaína al menudeo en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, donde estiman que los mismos vendían entre 1.000 a 5.000 dosis por semana.

De acuerdo a los intervinientes, el aprehendido lidera el negocio del chespi en Altos y responde a las órdenes del Clan Rotela. Igualmente, los hijos del ahora detenido ya fueron detenidos en operativos realizados en el mismo foco de distribución de drogas.

El inmueble donde fue detenido Ruiz Díaz ya fue allanado en tres ocasiones por los antidrogas y esta fue la cuarta, que estuvo encabezada por el fiscal Benjamín Vera.

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De acuerdo con la investigación, José Ángel Ruiz Díaz estaba siendo objeto de seguimiento por un equipo de inteligencia de agentes especiales de la Senad, quienes también alertaron sobre otros delitos promovidos desde el foco de consumo. Una imagen que manejaban los antidrogas muestra a varios integrantes del Clan Caber posando para una foto con armas de fuego en mano.

El operativo se llevó adelante en medio de otros procedimientos recientemente realizados por los agentes de la Senad y del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, que busca erradicar el avance del microtráfico.

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