El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remitió este jueves al IPS una lista de 96.040 trabajadores formales suspendidos en sus contratos para que puedan ser beneficiados con el subsidio contemplado en la Ley de Emergencia Sanitaria. El Gobierno destinó unos US$ 100 millones de los US$ 1.600 millones para el pago de estas compensaciones económicas.
Unas 7.479 empresas se acogieron a la figura contemplada en el Código Laboral, de la suspensión de contratos de trabajo, según el reporte del Ministerio del Trabajo. El 79% corresponde a las mipymes, entre las que se encuentran restaurantes, firmas del rubro de espectáculos y entretenimientos así como hoteles, del sector del turismo, además de talleres, universidades, comercios pequeños y empleo doméstico, etc.
El monto destinado a este subsidio por beneficiario es el equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, es decir G. 1.096.000. En principio la ayuda se efectivizaba en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento (BNF), pero desde esta semana los directivos del ente previsional informaron que las acreditaciones se realizan directamente en la cuenta corriente o caja de ahorro de los beneficiarios, a fin de evitar las aglomeraciones que pudieran significar un foco de contagio del coronavirus.
Para agilizar los trámites el Ministerio de Trabajo encomendó a un equipo de 40 profesionales brindar asesoramiento a las empresas, a fin de facilitar una inmediata remisión de la nómina de beneficiarios al IPS, para las acreditaciones pertinentes.
Recordemos que el mismo presidente del IPS, abogado Andrés Manuel Gubetich, había manifestado, que dependiendo de la cantidad de beneficiarios podría autorizarse un segundo pago a los trabajadores con suspensión de contrato.
Según un informe del Ministerio de Hacienda, hasta el momento la ejecución de los 1.600 millones de dólares llegó a un 50%, luego de transferencias realizadas al Ministerio de Salud Pública, IPS y pagos de programas de ayuda monetaria a afectados por la pandemia del COVID-19, además de financiar programas sociales y el pago de haberes jubilatorios, entre otras erogaciones.