Internos de la Penitenciaría Regional de Misiones elaboraron equipos de bioseguridad y tapabocas para prevenir el COVID-19. Parte de los insumos sanitarios fueron entregados a los profesionales de la salud que se desempeñan en la VIII Región Sanitaria para enfrentar potenciales casos positivos en la región.
Se trata de 13 personas privadas de libertad voluntarias que contribuyen con la producción de 103 batas de bioseguridad fabricadas en 5 máquinas de coser del taller penal insumos proporcionados por el Ministerio de Justicia, con telas proveídas por el Ministerio de Salud.
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Estos equipos pasan a engrosar otro volumen de equipos de bioseguridad médica confeccionados con anterioridad, como el de los 50.000 tapabocas, cuyo lote fue entregado a empresas privadas y diversos hospitales del país.
Los involucrados señalan que los trajes de aislamiento elaborados bajo patrones estándares son impermeables, con mangas largas, de cuello alto y cubren hasta el tercio medio de la pierna. Los internos buscan apoyar la lucha contra la crisis a causa del COVID-19 y acuden al taller a trabajar durante horas para poner manos a la obra con la confección de los insumos.
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Este miércoles, el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, señaló que Paraguay no registra ni un solo caso positivo de COVID-19 dentro de las penitenciarías. “Nosotros, felizmente, hasta el día de hoy no tenemos ni un caso positivo de COVID-19 dentro de nuestra población penitenciaria”, expresó Maciel en contacto con 1000 AM .
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP
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Recaudaciones acumuladas ingresaron más de USD 3.700 millones al país
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó acerca de las recaudaciones que ingresaron al país más de USD 3.700 millones en lo que va de este año, en lo que concierne desde el 1 de enero al 30 de setiembre de 2024. Esta cifra en guaraníes es de 29.3 billones.
Estos ingresos representan un 20,8 % más en comparación a lo que se recaudó durante el mismo acumulado del anterior 2023, cuando la cifra alcanzó G. 24,2 billones, tanto en concepto de impuestos internos o anterior SET así como ingresos aduaneros.
Justamente, si se desglosan ambos tributos, en lo que respecta a los impuestos internos se acumularon ingresos por G. 17,5 billones que representa 22,2 % más del anterior 2023. En tanto que en los tributos aduaneros, se recaudaron G. 11,7 billones hasta setiembre de este año 2024.
Dicho crecimiento total de las recaudaciones acumuladas, se traducen en unos G. 5.047.662 millones más que en el mismo periodo del 2023, con lo que se totalizan unos G. 29.3 billones según el cambio del día de 7.730.
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Buenos resultados pese a bajante
Desde la Dnit destacan los incrementos en las recaudaciones, que pese a los percances logísticos en el proceso de importación debido a las condiciones del río Paraguay, se observa mejora en el pago de tributos aduaneros. Asimismo, remarcan que se sigue consolidando positivamente los controles y servicios de recaudación que visibles los resultados.
En este sentido, en lo que respecta al noveno mes, la dirección nacional remarcó que se logró superar el propio nivel de recaudación al primer de mes de su creación que fue en setiembre de 2023, recaudando un total de 455 millones de USD, que representa un crecimiento de 13,9 % en comparación al mismo mes del año 2023.
Otro aspecto valorado por la Dnit, es que desde la fusión de la SET con Aduanas, o en el período comprendido entre el 15 de agosto de 2023 y el 30 de setiembre de este año, se registra un incremento de G. 5.586.214 millones o USD 749,2 millones de las recaudaciones de impuestos internos y aduaneros.
Principales tributos recaudadores
En cuanto a los tributos que más recaudaron en setiembre, se encuentra que el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) ocupa el 48,9 %, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) un 44.5 %, el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) con 2,7 %, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 2,2 %.
Le sigue el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con el 0,8 %, el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (IRACIS) 0,5 % entre otros con el resto del 0,4 % durante el noveno mes.
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Realizaron requisa y traslado de internos del PCC de la penitenciaría de Encarnación
Ayer sábado se realizó una intervención en la penitenciaría de Encarnación, donde lograron requisar celulares, armas de fabricación casera, drogas y bebidas alcohólicas. Tras el operativo, que fue desarrollado por el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se efectuó el traslado de cuatro internos.
Según el reporte policial, el operativo se hizo a tempranas horas en la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Reinserción Social (Cereso)- específicamente en el pabellón A, donde se encuentran miembros del grupo criminal denominado Primer Comando Capital (PCC).
Durante el operativo los intervinientes lograron reunir varias evidencias que pueden ser utilizadas para atentar contra la vida de internos y que son de uso prohibido en el interior del penal. Se procedió a la incautación de armas blancas, aparatos celulares, bebidas de fabricación casera, presunta cocaína, balanza, cuadernos con anotaciones varias, cargadores y supuesta marihuana.
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Así también las autoridades del Ministerio de Justicia ordenaron el traslado de cuatro personas privadas de libertad (PPL) a diferentes penitenciarías del país, una de ellas al pabellón de régimen cerrado especial o de máxima seguridad del penal de Minga Guazú.
Los intervinientes resaltaron que el procedimiento se realizó sin ningún tipo de inconvenientes por funcionarios penitenciarios, personal de prevención y seguridad de la Dirección de Policía de Itapúa, Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince). Los departamentos de Investigación de Hechos Punibles, de Criminalística y Antinarcóticos con apoyo de personal penitenciario.
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Por intento de motín en cárcel de Emboscada, autoridades activaron protocolo de seguridad
En el pabellón B de la cárcel de Emboscada se desató un intento de motín por parte de internos de una de las agrupaciones criminales. Esta información fue confirmada por el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, quien señaló que inicialmente fue una quema de colchones, lo cual generó la puesta en marcha del protocolo para este tipo de conflictos.
En la mencionada penitenciaría cada pabellón cuenta con un promedio de entre 160 a 200 reos. De acuerdo a los primeros reportes, las autoridades convocaron a las fuerzas que normalmente ofrecen apoyo a los guardiacárceles que están en el penal.
El mes pasado en la penitenciaría de Emboscada ya se tuvo un conflicto similar, cuando 19 reos, entre los que se encontraba el pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, iniciaron una huelga que, afirmaron, era de hambre. Sin embargo, al cuarto día se desactivó.
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Los mismos habían reclamado por la reinstauración de las visitas íntimas en las privadas, que se habían cancelado como medida complementaria al nuevo régimen que imperará en las penitenciarías de máxima seguridad.
Los movimientos con tendencia al motín estaban dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones en que, después del operativo Veneratio, resolvieron aplicar, para evitar el fortalecimiento de clanes, como los que convirtieron al penal de Tacumbú en prácticamente una “oficina” de criminales, desde donde partían órdenes de asaltos, extorsiones e incluso sicariatos.
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