El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, desmintió este miércoles las supuestas sobrefacturaciones en la compra de insumos médicos, en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

“Quiero dejar en claro, todos los ítems estaban por debajo del precio de referencia, o en el nivel. No hubo sobrefacturación y la logística queda a cargo de cada empresa”, dijo el secretario de Estado en conferencia de prensa.

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Sostuvo que el Ministerio de Salud declaró desiertos tres llamados a licitación y ante esta situación la cartera sanitaria recurrió a la compra por vía de la excepción, que no es un proceso restrictivo y cualquiera puede participar.

Indicó que la responsabilidad del Ministerio de Salud empieza cuando los insumos llegan a los parques sanitarios, pero las documentaciones deben estar en regla y reunir las especificaciones estipuladas en el contrato.

“Todos los plazos administrativos están corriendo. Se dio un 20 por ciento de anticipo, dos millones de dólares. Este anticipo está protegido por una póliza que puede ser ejecutada”, agregó el ministro de Salud.

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Señaló que existen otros llamados a licitación, por unos 80 millones de dólares, para cubrir la cantidad de insumos rechazados por no reunir los requisitos y aclaró que la cuarentena inteligente se llevará adelante desde el lunes 4 de mayo.

“Las camas están con las empresas porque no son nuestras y no fueron aceptadas porque era obvio que no reunían los criterios básicos establecidos. En el caso de las batas y las mascarillas tenemos problemas con las especificaciones técnicas, que están por debajo del nivel requerido para el uso de bioseguridad”, refirió.

Todos los trámites que realizó en su acelerada licitación el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) solo favorecieron a los proveedores. Se adjudicaron millonarios contratos, fueron privilegiados con jugosos anticipos, vendieron a precio de oro y además entregaron insumos de baja calidad, que obligaron al rechazo de los artículos.

En 72 horas Salud liquidó la licitación por vía de la excepción de G. 85.220 millones, equivalente a unos US$ 13,5 millones y con un anticipo de G. 17 mil millones, que aplicaron sorpresivamente, ya que inicialmente no estaba previsto.

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