Indicaron que según los datos que manejan, un total de 207 son las personas privadas de libertad que pertenecen a grupos de riesgo.
En el marco de la pandemia del COVID-19, la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, se encuentra trabajando de cerca con los juzgados de ejecución con el fin de dar celeridad en el caso de las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran en situación de riesgo.
Mencionaron que de acuerdo a la lista elaborada por la mencionada dependencia ministerial, existen 74 personas privadas de libertad con enfermedades crónicas, 28 mujeres embarazadas y 105 adultos mayores que deben ser atendidos de manera prioritaria, lo que suma un total de 207 personas.
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Al respecto, el director de Atención a Grupos Vulnerables, Víctor Manuel Benítez Salinas, explicó que la lista que manejan corresponde a las personas más vulnerables dentro del sistema penitenciario. “Por eso es que estamos articulando los trabajos con los distintos juzgados de ejecución para conseguir alternativas a fin de que puedan egresar de los centros penitenciarios”, mencionó.
Benítez visitó el Juzgado de Ejecución N° 4 de Capital y el Juzgado de Ejecución de Caacupé para que las PPL vulnerables y en grupos de riesgo sean beneficiadas con medidas menos gravosas según corresponda.
En ese sentido, en el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial a través de los juzgados de Ejecución, ya se realizaron 4 audiencias, en las cuales 3 personas fueron beneficiadas con libertad condicional.
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