La organización sin fines de lucro e independiente a cualquier gobierno, Juntos por la Educación, emitió un comunicado al Gobierno Nacional y a la opinión pública, en cuanto a los desafíos educativos que acentúa la pandemia del COVID-19, y que desnuda la enorme deficiencia y la urgente necesidad del desarrollo de las capacidades, de las competencias y de la masa crítica profesional de las instituciones públicas.
Por ello, con la idea de contribuir al mejoramiento del sistema educativo público, con capacidades de producción científica, comunicación y articulación ciudadana, de modo a paliar el cese de las clases presenciales, del acceso a la conectividad, de equipamientos, de madres y padres que atraviesan circunstancias difíciles para asumir también los desafíos escolares como nueva rutina y de docentes sin los recursos necesarios, es que se ven en la obligación moral de exhortar al Gobierno Nacional a “declarar emergencia educativa por los años 2020 y 2021”.
La inducción del mismo consistiría en primer término, en construir un pacto para la gestión con planes de corto y mediano plazos, integrar equipos responsables a nivel nacional, departamental, municipal y a nivel de las comunidades educativas y prever los medios y recursos necesarios para su consecución.
En segundo lugar adoptar este pacto con medidas excepcionales, robustas técnicamente y ajustadas a la diversidad para gestionar el cambio desde la creatividad y la innovación, con el objeto de promover aprendizajes y experiencias en dirección de las expectativas, las aspiraciones y los derechos ciudadanos.
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Tales medidas serían con miras a garantizar el bienestar físico y socioemocional de estudiantes y actores educativos en cuanto a la seguridad alimentaria, la prevención de situaciones de violencia y abusos, asegurar la continuidad de los aprendizajes de manera inclusiva por medio de la adaptación y priorización de propuestas educativas, y la focalización de aprendizajes vitales y adecuaciones curriculares programadas.
Asimismo, implican la diversificación de medios de acceso remoto tales como repositorios de contenidos digitales, plataformas y aplicaciones, redes sociales, televisión, radio, materiales impresos, celulares, tabletas y computadoras.
Todo esto con el fin de afianzar el papel central de los maestros ante la enorme oportunidad de fortalecer la cohesión con las familias y los tutores, y sostener espacios de reflexión sistemática con la comunidad educativa. Lo cual también implica prospectar y monitorear en forma permanente los escenarios de reapertura de las escuelas, anticipando riesgos, aprovechando las oportunidades y priorizando aquellas estrategias que mitiguen el abandono escolar y que nadie quede rezagado.
Y en tercer lugar, instan a dejar de perder tiempo en acciones parciales, desconectadas y asumidas de manera unilateral sin la participación ciudadana, ya que hoy más que nunca el Estado debe ejercer su función constitucional de garante de derechos.