La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.

En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.

Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.

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Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.

Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.

Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.

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Cada vez están más en aumento el número de consumidores que se quejan ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de que se realizan modificaciones en las tarifas y los clientes no reciben la notificación adecuada.

Es por eso que la Sedeco había presentado el pasado miércoles una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la modificación de los artículos 30 y 33 del decreto N° 6999/17, que regula la comunicación de cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones.

Esto debido a que Sedeco ha recibido múltiples denuncias de usuarios afectados por modificaciones unilaterales en las tarifas de sus servicios, sin un aviso adecuado ni consentimiento previo. La notificación en medios masivos con plazos reducidos, según la entidad, vulnera lo dispuesto en la Ley N° 1334/98, que exige claridad, oportunidad y accesibilidad en la información sobre los contratos y sus cambios.

El decreto mencionado permite a las empresas de telefonía realizar aumentos en tarifas, siempre que las mismas sean “puestas a disposición del público” con una antelación de tan solo 72 horas, lo cual a juicio de la Sedeco resulta insuficiente e inadecuado para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.

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De este modo, desde Sedeco se considera que la normativa actual no proporciona a los usuarios el tiempo necesario para evaluar los cambios o considerar opciones alternativas sin penalización, incurriendo de este modo en prácticas desleales que terminan vulnerando los derechos de los usuarios.

Ante esto, desde la Sedeco se propone un plazo mínimo de 15 a 30 días y que la modificación de tarifa y costos sean notificadas directamente y de manera personal a cada consumidor, para asegurar que los mismos puedan tomar decisiones informadas.

Sedeco también insta a Conatel a exigir a las empresas de telecomunicaciones a dejar de depender de manera exclusiva de publicaciones en medios masivos, especialmente los diarios. “Las empresas que envían promociones directamente a los usuarios pueden y deben informar de la misma manera sobre aumentos tarifarios”, afirmaron.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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A la par de “accesi­bilizar” las vías de comunicación con la institución, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) desa­rrolla una serie de capacita­ciones y promueve una serie de reformas legislativas para fortalecer los derechos de los consumidores en Paraguay. Hasta agosto, el ente registró un aumento del 33 % en los reclamos recepcionados por una serie de prácticas abu­sivas en las que incurren los proveedores de servicios, que van desde el incumplimiento de la ley “no molestar” hasta la renovación automática de contratos y más.

Entre los 5 rubros con más reclamos están los servicios financieros, de seguros, de salud, de telefonía, electro­domésticos y electrónicos, al igual que el incumplimiento de la ley “no molestar”. A la par, dentro de cada rubro, hay diferentes prácticas conside­radas abusivas, ya sea falta de información, renovación automática del contrato, cobranza ilegal de cuentas canceladas, aumentos arbi­trarios y sin aviso y varias más. Buscando empoderar a los consumidores paragua­yos para que puedan cono­cer y exigir sus derechos, el ente ha venido desarrollando de forma frecuente charlas de prevención y webinars. El último realizado fue el 16 de octubre, se centró en “La competencia como herra­mienta de generación de un mercado justo”. Para acce­der a las jornadas virtuales, se puede ingresar a la web de la Sedeco (ww.sedeco.gov.py) y visitar la sección de capaci­taciones virtuales. Además de las charlas de prevención y webinars, este año se imple­mentaron las audiencias vir­tuales (de conciliación), con el propósito de ofrecer a los consumidores atención acce­sible, que pueda ser comple­tamente virtual.

La titular de la Sedeco, Sara Irún, se reunió reciente­mente con representantes de la Cámara de Diputados y el abogado Javier Wajntraub, especialista internacional, para discutir la necesidad de promover reformas legislati­vas que fortalezcan los dere­chos de los consumidores en Paraguay. En el encuentro se resaltó la necesidad de incluir a actores claves para avanzar en una legislación que benefi­cie a toda la ciudadanía. A la par de las reformas legales, la institución también avanza en la implementación del Sis­tema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y estableció un manual de pro­cedimientos específico para las municipalidades adhe­ridas, que permitirá que los municipios de todo el país asuman el rol de autorida­des locales en la aplicación de normativas de protección al consumidor, promoviendo la descentralización operativa y centralización normativa.

Si bien siempre está disponi­ble la opción de acudir direc­tamente hasta la sede de la ins­titución para recibir asesoría, también se puede escribir al número de WhatsApp de la Sedeco o ingresar a la página web, donde hay un sector de consultas y reclamos. En cual­quiera de los casos, el consumi­dor debe completar el formula­rio dispuesto y, tras este paso, en un plazo de 72 horas recibirá la respuesta de si corresponde o no la apertura de expediente.