Aldo Benítez / @aldo_be / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Una operación del Ministerio del Ambiente y la Fiscalía, que detectó masiva tala ilegal de árboles nativos en el Parque Nacional Serranía San Luis, departamento de Concepción, expuso además la llamativa presencia y actuación en el lugar del diputado liberal Arnaldo Andrés Rojas Feris, quien se mostró hostil con los intervinientes. Por su parte, desde el Indert dicen que el área donde se hizo la intervención corresponde a un excedente fiscal.

El operativo se realizó después de dos meses de trabajo previo, según Darío Mandelburger, director de biodiversidad del Ministerio del Ambiente (Mades). En las últimas semanas, los guardaparques de esta área protegida venían reportando ruido de motosierras y tractores en las inmediaciones de la Colonia Santa María de la Sierra, en el distrito de San Alfredo, departamento de Concepción, en pleno Parque Serranía San Luis.

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Las motosierras se empezaron a escuchar desde marzo, justo después de que Julio Alberto Giménez, funcionario de la oficina regional de Concepción del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), haya presentado al Mades unos documentos alegando que unas 318 hectáreas del parque, en la zona de la Colonia Santa María de la Sierra, en realidad forman parte de un excedente fiscal.

Giménez mostró incluso constancias del Indert en donde el área ya fue reordenado en un lote, el “Agro-Silvo pastoril Nº 11 Manzana A-Ampliación”, y hasta tiene el propietario: Carlos Rubén Barboza Acosta.

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Los rollos de árboles tirados en el bosque. Foto: Gentileza.

Sin embargo, lo que expone el funcionario Giménez es totalmente opuesto a lo que afirman desde el Mades. “El Parque Serranía San Luis fue el primero en tener título de propiedad de todo el sistema de parques nacionales. Son 10.200 hectáreas, bien definidas en su territorio y la zona donde descubrimos la invasión, corresponde al parque”, dijo a La Nación Julio Marecos, director de fiscalizaciones de la institución.

Marecos agrega que el Mades actuó basado en que se tenía una invasión del área protegida. “Nosotros tenemos el título, tenemos la documentación que respalda la propiedad. Además, en nuestra intervención hemos detectado que se hicieron extracciones de madera, en forma selectiva, de árboles nativos. Aquí hubo una devastación en este parque, de nuestro bosque”, expone Marecos, quien estuvo en el lugar esta semana.

Restos de maderas por todos lados. En apenas semanas pudieron talar muchos árboles. Foto: Gentileza.

El fiscal de la unidad ambiental de Concepción, Carlomagno Alvarenga, encargado de acompañar el operativo por el Ministerio Público, confirma también el desmonte. “Encontramos evidencias de que se llevaron rollos, de que talaron árboles”, expone.

Las primeras intervenciones arrancaron el pasado lunes 13 de abril. Cerca del mediodía, los guardaparques con apoyo de funcionarios del Mades y de la Fiscalía del Ambiente detuvieron a Rufino Corrales, de 47 años, quien estaba en pleno trabajo de desmonte, motosierra en mano. Además, destruyeron el campamento que tenía en el lugar, con colchones, carpas, etc.

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“Ya no me filmes”

Las intervenciones continuaron el martes. Según el fiscalizador Marecos, encontraron senderos o “picadas” que fueron abriendo los rollotraficantes para llevar la madera. El fiscal Alvarenga dice que hallaron una planchada donde había nueve rollos de árboles, listos para ser transportados. Pero el miércoles último, el operativo tuvo una particularidad con la presencia del diputado del Partido Liberal (PLRA) por Concepción, Arnaldo Andrés Rojas Feris. El parlamentario llegó al mismo sitio en donde, dos días antes, los intervinientes detuvieron a Rufino Corrales y destruyeron su improvisada carpa.

Como en la mayoría de las intervenciones, los agentes del Mades estaban filmando el momento en que llegaba el parlamentario. “Anive che filma” (Ya no me filmes) se escucha decir en un tono agrio a Rojas Feris, pidiendo que paren con la grabación. En otro video se oye enérgico al diputado, pidiendo que se solucione el tema hablando. Para la gente del Mades, la actuación de Rojas Feris fue, cuanto menos, poco amistosa.

Representante de Derechos Humanos

El fiscal Alvarenga dice que Rojas Feris justificó su presencia en el lugar alegando que fue a ver la situación de Carlos Rubén Barboza Acosta, el supuesto dueño del Lote Nº 11. “Este señor Barboza Acosta denunció que estaba siendo avasallado en sus derechos humanos, porque quemaron sus cosas, entonces, su abogado solicitó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Desde el Parlamento le designaron a Rojas Feris, es lo que él nos dijo”, señala el representante del Ministerio Público.

Al parecer, el caso despertó todo el sentimiento altruista del diputado Rojas Feris, ya que recibió la denuncia del abogado Barboza Acosta el lunes, el martes remitió el pedido para que la Comisión de Derechos Humanos de Diputados designe a alguien, el miércoles 15 recibe la notificación de que él fue designado y ese mismo día, cerca del mediodía, ya estuvo en la zona donde se descubrieron las masivas talas de árboles en el Parque San Luis.

El supuesto propietario, Barboza Acosta, no estuvo durante las intervenciones. De hecho, no vive en el lugar. No figura en las actas de intervención del Mades ni de la Fiscalía ambiental. Salvo el motosierrista Rufino Corrales, no hubo otras personas ni siquiera demoradas dentro de estos operativos.

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La destrucción

“Lo seguro es que hubo extracción de madera. Tenemos las actas de los procedimientos, las fotos, las documentaciones. Encontramos un campamento en donde estaban cortando árboles, ya sea para metro, para carbón, para lo que sea. Pudimos hacer la intervención después de un tiempo y gracias a las denuncias de guardaparques”, dice Mandelburger.

El profesional dice que la zona es rica en árboles como el incienso, lapacho, petereby, cancharana, entre otros, pero aclara que la destrucción ambiental no se da solamente con la extracción de estas especies, sino que es un conjunto de cosas, ya que se afecta a toda la biodiversidad.

La cantidad de rollos que se encontró en el lugar. Foto: Gentileza.

“Lo que pasa con este tipo de extracciones es que buscan los mejores árboles. Destruyen así las condiciones naturales y generan una alteración ecológica inmensa”, menciona a su vez Marecos. El fiscalizador del Ministerio del Ambiente asegura que tiene todas las documentaciones y que ya está en manos de la Fiscalía seguir con el proceso de investigación en este caso.

El fiscal Alvarenga es categórico en señalar que lo encontrado en el lugar está lejos de lo que uno puede ver para ser un asentamiento humano. “Hallamos varios piquetes, vestigios de madera aserrada. Se hicieron tirantes, encontramos postes. Madera que echaron y que estaba preparada para ser llevada. Es decir, la destrucción es importante”, comenta Alvarenga.

Las carpas improvisadas que fueron destruidas luego del procedimiento. Foto: Gentileza.

El agente del Ministerio Público añade que, más allá de que esa área sea del parque o terreno privado, la tala es totalmente ilegal y comprobada, ya que no existe un plan de manejo forestal. Por este motivo, la Fiscalía va a seguir su investigación, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga el terreno.

Alvarenga dice que va a pedir, de igual manera, todas las documentaciones para verificar cuáles son los antecedentes y determinar si ese territorio en disputa pertenece al parque o es realmente un excedente certificado por el Indert para loteamiento. De todas formas, es un tema diferente a la tala descubierta.

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Conaderna se pronunció

La presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso señaló que el diputado Arnaldo Rojas Feris, como autoridad nacional pública, no puede desconocer las leyes y que dichos trabajos están prohibidos en un Área Silvestre Protegida, pues constituyen delitos ambientales.

Asimismo, agregó que están recabando más datos para comprobar la supuesta existencia de documentos del INDERT que otorgan derechos de ocupación a un particular en pleno Parque Nacional.

En este contexto, la Conaderna manifiesta su total respaldo y apoyo a las actuaciones de la Fiscalía, a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga, los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente los guardaparques del área protegida y la Policía Nacional; y el repudio a la actuación de una autoridad nacional, por la agravante de que los supuestos hechos punibles son ejecutados con la intervención o en presencia del mismo en un área silvestre protegida.


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