El senador Pedro Santa Cruz denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción a la intendenta de Quiindy, Alba Acevedo de Bogado, por presunta sobrefacturación en la compra de alimentos.
La denuncia fue presentada por los hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y asociación criminal. La Municipalidad de Quiindy pagó 46 mil guaraníes por cada unidad de carne vacuna enlatada de 340 gramos, más conocida como “vaka’i”.
El legislador solicita la investigación fiscal por sobrefacturación en la adquisición de kits de alimentos para el sector educativo, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus.
El arroz se compró a 6.200 guaraníes el kilo, poroto a 12 mil guaraníes el kilo, fideo a 8.200 guaraníes, locro a 12 mil guaraníes, sal a 5 mil guaraníes, azúcar a 7.600 guaraníes, harina de trigo a 6.200 guaraníes y leche entera a 7.200 guaraníes.
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La Junta Municipal ya denunció en su momento a la intendenta Alba Acevedo ante el Ministerio Público por presunta lesión de confianza y daño patrimonial de 1.300 millones de guaraníes, según los antecedentes.
Concejales del distrito aprobaron también el pedido de intervención a la gestión de la intendenta en el 2018 por supuesto mal desempeño, con ocho votos a favor, dos en contra y dos ausencias, pero finalmente no prosperó.
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Prieto benefició a red de empresas y de oenegés ligadas a sus leales
Kits de alimentos, ollas populares, obras, una discoteca convertida en constructora y un sinnúmero de hechos llamativos forman parte del intrincado esquema con vínculos cercanos al intendente de Ciudad del Este
La administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este benefició a una red de empresas y oenegés ligadas a funcionarios leales al jefe comunal. En plena pandemia, adjudicó un millonario contrato para kits alimenticios que fueron “entregados” por una firma ligada a su directora jurídica. Directores de la comuna aparecen ligados a una discoteca que fue convertida en constructora. Y la lista sigue.
Kits de alimentos, ollas populares, obras y una discoteca convertida en constructora. Un sinnúmero de hechos llamativos forma parte del intrincado esquema de oenegés y empresas ligadas a funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este cercanos al intendente Miguel Prieto y que han sido beneficiadas con millonarios contratos por la administración comunal.
LOS ESCÁNDALOS DE LA PANDEMIA
Los primeros indicios del esquema ligado a Prieto y sus leales saltó en plena crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de coronavirus. Unos 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
Junto a Prieto están procesados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez. Justamente, sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes particulares.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
En el periodo investigado se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la intendencia municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de dicha intendencia, jugó un papel clave en este entramado.
Según la acusación del Ministerio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficticias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se convirtió en la principal subproveedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contraprestación real de productos por el dinero abonado.
La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexistente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Florentín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficticias de mercaderías.
El seguimiento de las transacciones permitió descubrir que estas facturas formaban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de facturas no auténticas provenientes de al menos cuatro subproveedores ficticios, con el propósito de justificar compras que nunca se realizaron, según la acusación.
OLLAS POPULARES Y VOLUNTARIOS
En la misma época, se volvió a montar otro esquema ligado a otros dos funcionarios. En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña y denunciados.
Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipalidad, mientras que Silva Battochi cumple funciones en esa misma dirección. La funcionaria aparece ligada también la firma SCDE SA, empresa constructora que recibió millonarios contratos con la comuna, pero que antes era una discoteca en el Alto Paraná.
Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo con los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus respectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.
Juan Quiroga Cañete era presidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.
Laura Beatriz Cañete, también hermana de Juan Quiroga, aparecía como prosecretaria de la comisión encabezada por Silva Battochi (su cuñada). Esta no es la única denuncia en la que aparece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021. En 2021 la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
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PAI tiene en stock 54.000 dosis de vacuna contra el covid
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene disponible un stock de 54.000 dosis de vacunas anticoronavirus en los vacunatorios del país, confirmó el director Luis Cousirat. Los biológicos dejarán de tener uso de emergencia y pasarán a formar parte del esquema regular.
“Están distribuidas las vacunas en algunos centros vacunatorios, ya no en todos, muchos ya han cerrado la campaña de vacunación contra el covid al utilizar la totalidad de las dosis. Pero tenemos algunos vacunatorios con pequeñas cantidades de dosis pendientes. De los 1.400 centros vacunatorios que tenemos, algunos aún cuentan con este biológico”, señaló a la 780 AM.
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Detalló que los inmunizantes son de laboratorio Moderna, que protegen contra la variante ómicron. “El sublinaje sería XBB 1.5 es la composición más actualizada que existe de este biológico. Ahora para lo que sería la temporada de otoño invierno del hemisferio norte va a salir una nueva composición de la vacuna que es la que nosotros vamos a contar también ya a finales de este año del mismo laboratorio Moderna contra la variante ómicron”, dijo.
Uso regular
Recordó que a nivel mundial solamente existen tres productores que han actualizado la composición de sus vacunas, entre ellas están Moderna, Novavax y Pfizer. “Entonces, la que nosotros disponemos en el país es cuyo fabricante está justamente en Boston, EE. UU.”, expresó.
Cousirat reafirmó que las vacunas son seguras y no tienen contraindicaciones. “Todas estas vacunas contra el covid están en proceso ya de dejar de tener el registro de uso de emergencia. Justamente ya están terminando las etapas pendientes de lo que sería la fase IV entonces ya dejar de tener uso de emergencia para quedar como parte de vacunas ya autorizadas para su uso regular”, puntualizó.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.
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Evitaron ejecución de garantía de USD 88 millones
Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del mecanismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía contractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos reclamarle nada, ni ellos pueden hacerlo y eso es un gran logro porque el exministro (de Hacienda) había firmado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio González, procurador general de la República.
De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se inició una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.
“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos comprometimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.
ACOMPAÑAMIENTO DE INSTITUCIONES
El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Presidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adicionales al mecanismo.
Desde setiembre del año pasado, se escucharon propuestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comunicada oficialmente el lunes 22 de julio.
“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin contar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbitraje y pagar un monto sideral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.
González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventualmente la demanda, lo que conllevaba perder la totalidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.
“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legitimación del derecho de Paraguay porque se han percibido gran parte del dinero depositado”, concluyó.