El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Kits de alimentos, ollas populares, obras, una discoteca convertida en constructora y un sinnúmero de hechos llamativos forman parte del intrincado esquema con vínculos cercanos al intendente de Ciudad del Este

La administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este benefició a una red de empresas y oene­gés ligadas a funcionarios lea­les al jefe comunal. En plena pandemia, adjudicó un millo­nario contrato para kits ali­menticios que fueron “entre­gados” por una firma ligada a su directora jurídica. Direc­tores de la comuna aparecen ligados a una discoteca que fue convertida en constructora. Y la lista sigue.

Kits de alimentos, ollas popu­lares, obras y una discoteca convertida en constructora. Un sinnúmero de hechos llamativos forma parte del intrincado esquema de oene­gés y empresas ligadas a fun­cionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este cercanos al intendente Miguel Prieto y que han sido beneficiadas con millonarios contratos por la administración comunal.

Los primeros indicios del esquema ligado a Prieto y sus leales saltó en plena crisis eco­nómica y sanitaria generada por la pandemia de coronavi­rus. Unos 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo per­juicio económico a la munici­palidad.

Junto a Prieto están procesa­dos Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fer­mín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez. Jus­tamente, sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes particulares.

La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Muni­cipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesi­tadas debido a la pandemia de covid-19.

La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no con­taba con el inventario com­pleto de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.

En el periodo investigado se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la intendencia municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual ase­sora jurídica de dicha inten­dencia, jugó un papel clave en este entramado.

Según la acusación del Minis­terio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficticias de com­praventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se con­virtió en la principal subpro­veedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encu­brir la falta de contrapresta­ción real de productos por el dinero abonado.

La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexis­tente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Floren­tín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficti­cias de mercaderías.

El seguimiento de las transac­ciones permitió descubrir que estas facturas formaban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de facturas no auténticas provenientes de al menos cua­tro subproveedores ficticios, con el propósito de justificar compras que nunca se realiza­ron, según la acusación.

En la misma época, se vol­vió a montar otro esquema ligado a otros dos funciona­rios. En particular, hacen referencia a dos subcomisio­nes encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Bat­tochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales fun­cionarios de la comuna esteña y denunciados.

Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipali­dad, mientras que Silva Bat­tochi cumple funciones en esa misma dirección. La funciona­ria aparece ligada también la firma SCDE SA, empresa cons­tructora que recibió millona­rios contratos con la comuna, pero que antes era una disco­teca en el Alto Paraná.

Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comi­sión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Bat­tochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.

El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solici­taron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el des­embolso de dinero supues­tamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese enton­ces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confi­namiento por la pandemia de coronavirus.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo con los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus res­pectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.

Juan Quiroga Cañete era pre­sidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la Subcomi­sión de Apoyo a Voluntarios Organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.

Laura Beatriz Cañete, tam­bién hermana de Juan Qui­roga, aparecía como pro­secretaria de la comisión encabezada por Silva Batto­chi (su cuñada). Esta no es la única denuncia en la que apa­rece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una her­manastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administra­ción de Miguel Prieto.

Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la fun­cionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021. En 2021 la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene disponible un stock de 54.000 dosis de vacunas anticoronavirus en los vacunatorios del país, confirmó el director Luis Cousirat. Los biológicos dejarán de tener uso de emergencia y pasarán a formar parte del esquema regular.

“Están distribuidas las vacunas en algunos centros vacunatorios, ya no en todos, muchos ya han cerrado la campaña de vacunación contra el covid al utilizar la totalidad de las dosis. Pero tenemos algunos vacunatorios con pequeñas cantidades de dosis pendientes. De los 1.400 centros vacunatorios que tenemos, algunos aún cuentan con este biológico”, señaló a la 780 AM.

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Detalló que los inmunizantes son de laboratorio Moderna, que protegen contra la variante ómicron. “El sublinaje sería XBB 1.5 es la composición más actualizada que existe de este biológico. Ahora para lo que sería la temporada de otoño invierno del hemisferio norte va a salir una nueva composición de la vacuna que es la que nosotros vamos a contar también ya a finales de este año del mismo laboratorio Moderna contra la variante ómicron”, dijo.

Recordó que a nivel mundial solamente existen tres productores que han actualizado la composición de sus vacunas, entre ellas están Moderna, Novavax y Pfizer. “Entonces, la que nosotros disponemos en el país es cuyo fabricante está justamente en Boston, EE. UU.”, expresó.

Cousirat reafirmó que las vacunas son seguras y no tienen contraindicaciones. “Todas estas vacunas contra el covid están en proceso ya de dejar de tener el registro de uso de emergencia. Justamente ya están terminando las etapas pendientes de lo que sería la fase IV entonces ya dejar de tener uso de emergencia para quedar como parte de vacunas ya autorizadas para su uso regular”, puntualizó.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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