El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, habló acerca de la afluencia masiva de pasajeros que se espera en el marco de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2024, que se desarrollará en Paraguay este sábado 23 de noviembre.

Mencionó que estarán reforzando todos los controles y lo que se refiere a atención en los sectores de rampa, migraciones y estacionamiento, debido al gran movimiento que representará este evento deportivo en el país, ya que se espera que ingresen vía aérea entre 5.500 y 7.000 pasajeros.

“Esto va a superar todas las expectativas, estamos manejando que se harán unos 35 vuelos extras o lo que serían los chárters además de los que ya tenemos registrados, y más o menos sumando tendríamos entre 5.500 a 7.000 pasajeros llegando y posteriormente saliendo”, expresó a la 1330 AM.

Lea también: La Conmebol Sudamericana inyectaría al país USD 50 millones

Ante ello, Aguilar indicó que están coordinando con las compañías aéreas que traerán a las hinchadas de los equipos de Racing (Argentina) y Cruzeiro (Brasil), a los efectos de ir dando un horario de llegada y salida, a fin de que no ocurra un colapso en el aeropuerto. Es así que se estima que esta final de la Sudamericana a realizarse en Asunción significará un aumento bastante considerable en las recaudaciones, por todo el despliegue que ya se está generando.

En ese sentido, desde la Conmebol ya habían adelantado que la alta demanda de los fanáticos argentinos y brasileños impulsó a varias aerolíneas a programar vuelos chárter, con al menos 15 vuelos comerciales no regulares y más de 30 aeronaves privadas que estarían arribando a la principal terminal aérea del Paraguay, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A esto se suma igualmente los más de 100 buses que ingresarán al Paraguay por los pasos fronterizos o vía terrestre, además de la cantidad de empleo que generará, de unas 4.000 personas aproximadamente que estarán trabajando en la organización de la final deportiva. La final generaría una inyección económica al país de USD 50 millones aproximadamente, según datos proporcionados por la Conmebol.

Puede interesarle: La institucionalidad es un modelo clave de Paraguay, dice titular de Felaban

El miércoles 13 de noviembre, a las 10:00, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) celebrarán la ceremonia de inauguración del Centro de Entrenamiento de Aviación (CEA), en el marco del “Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Profesionales de la Aviación en Paraguay”, implementado por ambas entidades.

El evento contará con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el embajador de la República de Corea en Paraguay, Chan-sik Yoon; el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza: la directora País de Koica Paraguay, Hyeyoung Shin; como así también, altos directivos y representantes de la Dinac, Embajada de Corea, Koica Paraguay y otros organismos y entes del Estado.

El proyecto de referencia, iniciado en el año 2019 y financiado por Koica, cuenta con un presupuesto de USD 12.100.000 y responde a la necesidad de desarrollar la industria de la aviación y al contribuir al crecimiento económico del Paraguay, mediante la mejora de capacidades de los profesionales de la aviación civil en las áreas de mantenimiento de aeronaves, control de tráfico aéreo y operaciones de vuelo en Paraguay.

Lea más: Estado paraguayo pide disculpas por la muerte del soldado Feliciano Vera

El CEA será un centro de referencia para la formación de profesionales del sector de la aeronáutica en Paraguay, por lo que será fundamental para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la industria aeronáutica. Además de ofrecer formación especializada y actualizada, este centro permitirá simular distintos escenarios y promover un aprendizaje práctico en un entorno controlado.

Koica es la principal Agencia de Cooperación del Gobierno de Corea para el Desarrollo, que trabaja para erradicar la pobreza global y fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible en distintos países. Koica trabaja en Paraguay contribuyendo a las áreas de administración pública, transporte, salud, desarrollo regional, envío de voluntarios y programas de becas.

Lea también: ONG: Peña dice que ley no cercena derechos y que “nadie debe estar renuente al control”

El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos