La comunidad científica se mueve entre la perplejidad y la inquietud tras el anuncio del secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr, de un gran “estudio” que revelará en unos meses las “causas” de una “epidemia de autismo”.

RFK Jr explicó que estos trabajos de investigación con “centenares de científicos del mundo entero” revelarán “antes de septiembre” las causas de lo que denomina una “epidemia” de autismo.

Prometió también “eliminar” esas causas. Y aunque no lo precisa en su intervención, se refería a las vacunas, a las que acusa erróneamente de ser las responsables de esta enfermedad.

“Quien pretende resolver un problema tan complejo en cinco meses es un estafador”, dijo en X Neil Stone, especialista de enfermedades infecciosas en la University College Hospitals de Londres.

Para Hugo Peyre, psiquiatra infantil en el Centro Hospital Universitario (CHU) de Montpellier, Francia, las declaraciones del secretario de Salud estadounidense muestran “cierto desconocimiento de la literatura científica”.

El autismo, enfermedad compleja de amplio espectro, está muy estudiada y los médicos se preguntan desde hace tiempo sobre su origen.

Aunque no existe hasta el día de hoy una causa única identificada, se han propuesto varios factores como una neuroinflamación, la toma de algunos medicamentos como el antiepiléptico Depakine durante el embarazo o predisposiciones genéticas.

“Cerca de 200 genes fueron asociados al autismo y cerca del 80 % de los casos de autismo pueden estar relacionados con mutaciones genéticas”, dice Thomas Bourgeron, responsable de la unidad de genética humana y funciones cognitivas en el Instituto Pasteur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó hipótesis contrarias a los conocimientos científicos. “Es posible que sea necesario que dejemos de tomar algo, comer algo, o tal vez es una vacuna”, afirmó.

La oenegé estadounidense Autistic Self Advocacy Network, acusó al departamento de Salud de querer “producir investigaciones falsas y fraudulentas que apoyan las creencias preexistentes de Kennedy y Trump sobre la relación del autismo y las vacunas”.

El presidente y su responsable de Salud han difundido ambos en varias ocasiones una teoría falsa que establece una relación entre la vacuna SRP (sarampión, rubeola y paperas) y el autismo.

Esta especulación surge de un estudio falseado por su autor Andrew Wakefield, que fue retirado y múltiples veces desmentido por trabajos posteriores.

Esto no impide que la desinformación sobre este tema inunde las redes sociales, como lo constatan los equipos de verificación de AFP, e incluso que sea difundida por dirigentes políticos.

Entre ellos, Robert Kennedy Jr, quien, pese al consenso científico, ordenó en marzo una nueva investigación sobre el tema en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), principal agencia sanitaria del país.

Uno de los argumentos principales retomados por quienes asumen esta teoría sin fundamento es que los casos de autismo aumentan. Según las cifras del CDC, la prevalencia pasó para los niños nacidos en 1992 de 1 de 150 a 1 de 36 para los nacidos en 2012.

Pero para los especialistas, de ninguna manera se debe hablar de “epidemia”. “Es importante hacer una distinción entre la prevalencia real, que corresponde al estado de salud de la población y que parece estable, y la prevalencia medida”, dice Bruno Peyre.

Aunque la prevalencia medida “aumenta de manera espectacular desde el inicio de los años 2000″, eso no quiere decir “que los niños estén más enfermos”, agregó. El incremento se explica sobre todo por la ampliación de los criterios de diagnóstico del autismo y un mejor conocimiento de los profesionales.

“Los criterios de diagnóstico cambiaron drásticamente en las últimas décadas, pues se toma más en cuenta en las últimas décadas a las personas sin deficiencia intelectual y hay una mejor detección entre las niñas”, añade Thomas Bourgeron.

“Los profesionales de la salud y las familias están mucho más atentos a los trastornos del espectro del autismo”, subraya por su parte Hugo Peyre.

Tras insistir en la necesidad de seguir con las investigaciones sobre el tema, especialmente sobre la comprensión de los factores de riesgo prenatal y perinatal, la psiquiatra infantil lamentó que “los factores señalados por Robert Kennedy Jr ya fueron descartados por la comunidad científica con estudios de muy buena calidad”.

Fuente: AFP

Las cárceles del país contarán con un régimen especial para las visitas a los internos durante la Semana Santa, confirmó el Ministerio de Justicia. Se establecieron días y horarios en cada centro penitenciario y el ingreso se hará bajo estrictos controles de seguridad.

Puntualmente para la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se fijaron los días miércoles y domingo de 09:00 a 15:00. Se aclara que los menores podrán entrar únicamente el domingo.

En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, mientras que el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú tiene habilitado los días miércoles, jueves y viernes, de 09:00 a 15:00, con agendamiento previo.

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El mismo sistema rige para las penitenciarías regionales. Para Misiones se habilita el ingreso los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. El sábado tienen autorización para entrar los menores, de 09:00 a 14:00.

La Penitenciaría Regional de San Pedro habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores. Por otra parte, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se podrá ingresar para visitar a los reclusos el martes, jueves y sábado de 09:00 a 14:00. Quedan los días jueves y sábado habilitados para menores.

Los visitantes del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cambyretá tienen habilitado los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00, y queda el domingo como único día habilitado para menores. La Granja Penitenciaria Ko’e Pyahú recibirá visitas el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 15:00. Y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores.

En tanto, en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. También se fijó el domingo como único día para recibir a los niños de 08:00 a 16:00.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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El nuevo viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, expuso que bajo el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se está trabajando en delimitar las responsabilidades de cada funcionario del sistema penitenciario con el fin de otorgar al Estado un mayor control y soberanía sobre sus cárceles.

“El problema central y ese es el gran desafío que siempre se tuvo es poder cambiar por un lado la cultura organizacional en los centros penitenciarios. La cultura que tenía, por ejemplo, Tacumbú es muy diferente a la cultura organizacional de la cárcel de San Pedro, esto no debería ser así, tendría que estar totalmente estandarizado”, manifestó el funcionario, designado ayer jueves en el cargo, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal.

“Me refiero a que se tenga un manual de perfil de cargos, de procedimientos para que cada funcionario sepa exactamente lo que debe hacer y lo que no debe hacer, esto es un elemento fundamental para poder delimitar las responsabilidades. Esto ya se está elaborando y tendría que estar concluyendo”, agregó. Señaló que otro de los desafíos del Gobierno se debe centrar en el proceso de selección y formación del servidor penitenciario.

“Las penitenciarías son espacios donde existen disputas de poder. El día que se logre afianzar el nuevo modelo en donde podamos delimitar de manera clara las responsabilidades de cada uno de los funcionarios ante la existencia de una irregularidad, entonces será el camino por el cual se podrá transitar para tener cada vez mayor control y soberanía en los espacios penitenciarios. Si estos dos elementos que cuesta tanto modificar se logra si se notará un cambio sustancial en el sistema penitenciario”, indicó el abogado que ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.

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El viceministro siguió argumentando que “si hacemos un poco de historia, en el Paraguay vemos que a partir del año 2000 se empezaron a construir nuevas penitenciarías, al poco tiempo estás nuevas cárceles empezaron a reproducir las mismas prácticas corruptas que se dan en otras penitenciarías. Esto nos muestra que habilitar únicamente nuevas infraestructuras no es suficiente para cambiar el modelo”.

Por otra parte, detalló que el Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela son los principales grupos criminales más relevantes dentro del sistema penitenciario paraguayo. Agregó que ambas bandas lograron obtener el control aprovechándose de las carencias del Estado. “Hay otros que aún no están consolidados y este es el momento justamente de trabajar. Estos grupos básicamente se acercan de manera amable y van generando lealtad, el paraguayo es muy leal”, dijo a la 1080 AM.

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