Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

En medio de una innegable transición democrática posdictadura y una coyuntura política poco predecible, este 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico de los llamados Archivos del Terror, documentos de alto valor histórico, político y social no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y, tal vez, para el mundo entero.

Paraguay vivía los primeros años de gobierno luego de la caída de una dictadura que duró más de 30 años: el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó en 1989. Transcurrieron apenas unos pocos meses de la aprobación de la Constitución Nacional de 1992, que daba los primeros pasos con las herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo. Nuevos órganos constitucionales y figuras que garantizan derechos fundamentales, pero en el caso concreto fue el habeas data el protagonista, una garantía constitucional que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable, quien en vida fuera Martín Almada. Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, Almada luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas de la dictadura.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia, puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el régimen de Stroessner.

Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el Gobierno. Comenzó una investigación solitaria, que a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia no solo del país, sino de toda Latinoamérica.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató años más tarde que, mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó. Esta le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

Un 22 de diciembre de 1992, el equipo se dirigió a un edificio en las cercanías de Asunción, puntualmente a la sede del Departamento de Producción de la Policía de la capital. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa que hubiera habido. Intentaron allanar el lugar, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

Lo que se encontraron era estremecedor e impactante. Montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataba nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura stronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

Tamaño acervo documental graficaba tal vez en cierta medida la brutalidad del régimen dictatorial, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa Operación Cóndor. Los documentos también confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que operaba de manera conjunta y sistemática para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos.

Con el tiempo, los popularmente conocidos como Archivos del Terror se convirtieron en un testimonio clave para la Justicia, reivindicación y fortalecimiento del “Nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, los Archivos del Terror fueron inscritos en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco, y en 2011 en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

El hallazgo de los Archivos del Terror no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la famosa Operación Cóndor.

“Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló. Reconoció que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

En el marco de la reunión anual con los jefes de misión de las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país, el canciller Rubén Ramírez Lezcano expuso los lineamientos generales de la política exterior del Gobierno, destacando la importancia de seguir posicionando a Paraguay en el ámbito internacional, con el compromiso de continuar con una diplomacia activa y proactiva que refuerce los intereses nacionales en el exterior.

El canciller aprovechó la ocasión para agradecer el arduo trabajo realizado por los diplomáticos y consulares paraguayos en el mundo, y subrayó la relevancia de mantener un alto nivel de compromiso en el desempeño de sus funciones. “Se avecina un año de grandes desafíos, pero estoy seguro de que, trabajando con la misma dedicación y esfuerzo, lograremos avanzar en nuestros objetivos”, expresó. Asimismo, dijo que el presidente Santiago Peña espera que se siga trabajando con el mismo empeño y se generen grandes logros para el Paraguay.

Posterior al encuentro con el canciller, los embajadores y cónsules paraguayos fueron recibidos en Mburuvicha Róga por el jefe de Estado, Santiago Peña, que fue una valiosa oportunidad para hablar sobre las prioridades de nuestra política exterior y reafirmar el compromiso de representar al Paraguay con excelencia en cada rincón del mundo. “Juntos seguimos trabajando por el desarrollo y el posicionamiento de nuestro país en el ámbito internacional”, acotó.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un comunicado en el que afirma que el Estado paraguayo cumplió con todas las medidas ordenadas en el caso del exfiscal Alejandro Nissen Pessolani, según lo establecido en la resolución emitida el 26 de noviembre de 2024, precisa un comunicado.

Al respecto, recuerda que en 2022, la Corte IDH había declarado a Paraguay como responsable por la violación de los derechos de Nissen Pessolani, con relación a un proceso disciplinario que culminó en su destitución. El tribunal internacional halló imparcialidad en el proceso, la denegación de un recurso judicial efectivo y la vulneración de los derechos a la estabilidad laboral.

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“Como medida de reparación, se ordenó al Estado paraguayo, entre otras acciones, a eliminar los registros de la condena de Nissen Pessolani, pagar indemnizaciones y realizar publicaciones sobre la sentencia. Tras un proceso de supervisión, la Corte IDH constató que Paraguay ha cumplido cabalmente con todas las medidas ordenadas, lo que ha permitido el archivo definitivo del caso”, señala el comunicado.

Destacan además, que este hecho representa un avance significativo en el compromiso del Estado paraguayo con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Vale recordar que la composición de la Corte para la Resolución de 26 de noviembre de 2024 fue siguiente: jueza Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica); juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente (Brasil); juez Humberto A. Sierra Porto (Colombia); juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); juez Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay); jueza Verónica Gómez (Argentina) y jueza Patricia Pérez Goldberg (Chile).

Desde el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic) han destacado que con este logro, Paraguay reafirma su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos y sienta un precedente importante para la garantía de un acceso a la justicia imparcial y efectiva para todas las personas.

En el 2003, el exfiscal Nissen había sido destituido de su cargo por resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo enjuició por investigar el origen de un automóvil BMW en poder del entonces presidente Luis González Macchi, así como también un Mercedes Benz, de Oscar González Daher (+).

Un año después, Nissen entonces había presentado una denuncia del hecho ante la CIDH.

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