El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aún está pendiente de remitir al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la resolución sobre la suspensión de las elecciones para la renovación de autoridades. No obstante, el senador Dionisio Amarilla manifestó que serán respetuosos de lo que decida esta institución y esto no significa que dé marcha atrás en sus pretensiones de liderar su partido.

“Las aspiraciones de presidir el partido no pueden ser tan livianas y que caigan por el solo hecho de haberse suspendido el proceso electoral, muy por el contrario, esto nos permite encarar otras tareas en este caso en el legislativo”, afirmó el parlamentario, quien dejó en claro que su postulación nació a partir del visto bueno de un equipo nacional.

Amarilla indicó que por esta razón, él y su movimiento, evaluarán los pasos a seguir, pero recién una vez que haya una discusión al interior del Partido Liberal sobre un nuevo calendario electoral. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) ya había diseñado un cronograma para las elecciones que tenían como fecha el 17 de agosto, sin embargo, este sufriría modificaciones.

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“Somos respetuosos de las instancias instituidas en la arquitectura constitucional, y en ese sentido, si el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha establecido que las elecciones no pueden realizarse porque hay una ley que les ordena, no solamente administrar las elecciones generales, recurriendo al uso de la tecnología, sino también a los partidos políticos, bueno, esperaremos que el partido convoque para discutir este tema”, añadió.

En conversación con diversos medios de prensa, Amarilla aseguró que participará de la discusión al interior del partido en torno a las elecciones, puesto que consideran clave la renovación de autoridades para la recuperación del PLRA, el cual logró su peor resultado electoral en los últimos comicios del 2023 y apuntan a lograr mayor fuerza, tanto en las municipales del 2026 como en las generales del 2028.

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“Realmente no es una situación conveniente para el Paraguay, pero es la reacción correcta”, dijo el experto energético Victorio Oxilia sobre la decisión tomada por el gobierno de Santiago Peña de suspender la revisión del Anexo C de Itaipú, ante el espionaje informático contra Paraguay que Brasil confirmó el lunes pasado en un comunicado, tras una publicación en un medio brasileño, y que se habría realizado entre junio de 2022 y marzo de 2023.

“Hay puntos que para nosotros son estratégicos y para el mercado eléctrico brasileño. Para ellos el tema de la energía es vital, tampoco le conviene una indefinición. La imprevisibilidad es lo peor que puede pasarle a Brasil, teniendo en cuenta que su mercado tiene una serie de autores privados y públicos, dijo Oxilia, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las decisión fue tomada tras ventilarse un supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional. El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Para los brasileños es muy importante tener una orientación sobre los temas energéticos. Este hecho (espionaje) ya está dentro de una investigación interna en el Congreso brasileño, está siendo evaluado por una comisión mixta denominada Control de las Acciones de Inteligencia del gobierno brasileño. El día de ayer, se instaló la nueva mesa directiva del parlamento y se discutió el tema”, comento.

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Oxilia manifestó que como, resultado del debate, los legisladores del vecino país, acordaron requerir el próximo 9 de abril informaciones oficiales a la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin) y a la Policía Federal. “Yo defiendo la idea de que es necesario continuar con la negociación. Si vamos a aguardar que esto se aclare, vamos a esperar demasiado tiempo y eso a nosotros no nos conviene. Realmente no se está llegando a un consenso en las negociaciones, el hecho de que se haya postergado varias veces, nos da esa señal”, refirió.

La preocupación del experto energético, surge debido a que en el transcurso de los próximos meses, Brasil se encontrará inmerso exclusivamente en las disputas electoralistas con miras a las elecciones generales del 2026. “Las cosas pueden quedar muy difíciles a futuro. El gobierno de Lula da Silva es bastante favorable en términos de negociación”, puntualizó.

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El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, manifestó que están trabajando para que este año se vuelva a exportar tomate a Argentina. Estiman volver a enviar volúmenes importantes entre julio y agosto de este año. También mencionó que prevén fortalecer la producción para garantizar envíos todo el año.

“Estamos trabajando para que este año volvamos a exportar tomate a Argentina. Ahora hay importación libre de algunas hortalizas y el precio del vecino país es competitivo. Ojalá entre julio y agosto volvamos a enviar volúmenes importantes que impacten en la economía y agricultura familiar. Deseamos que esta exportación no sea solo por unos meses, sino todo el año”, expresó el ministro a Unicanal.

Durante la conversación también comentó que mediante los esfuerzos que realizó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para combatir contra el contrabando, la comercialización de productos por parte de la agricultura familiar se tornó más fluida.

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“Todo lo que hizo la DNIT para combatir el contrabando permitió una fluida comercialización, vender bien y devolver la esperanza a la agricultura campesina. Hoy hay una fuerte participación de la agricultura en el comercio local. Y también sabemos que todo lo que se pueda producir en el país, se puede seguir exportando”, indicó.

El ministro Carlos Giménez recordó que Paraguay alimenta a más de 80 millones de personas en el mundo con los granos que se exporta (soja, arroz, cereales en general) además de la carne y frutas como piña y banana; hoy también se le suman hortalizas como el tomate, locote y cebolla.

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“Demostramos que con la correcta actuación de las instituciones, que podemos garantizar nuestro estatus fitosanitario para enviar nuestros productos a países del mundo. Tenemos un gran mercado, y estamos acorde a las exigencias de los países. El trabajo del Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) es crucial. Estamos conquistando mercados importantes”, enfatizó.

Finalmente, también se refirió a la tradicional marcha campesina de de marzo que se realizó durante dos días. Dijo que hay reivindicaciones que son importantes tal como el acceso a créditos, búsqueda de mercado y la titulación de tierras, pero, se mostró en contra de aquellas personas que quieren utilizar a los productores para cuestiones políticas. “Cuando un productor es pobre y no tiene trabajo, es fácil manipularle políticamente, y nosotros queremos cuidarles y que tengan independencia. Hay reivindicaciones en las que estamos de acuerdo, otorgar créditos, buscar mercados y titulación de tierras”, señaló.

La tradicional marcha campesina que en marzo de cada año cita en Asunción a diferentes organiza­ciones de productores del campo, esta vez tuvo una adhesión particular con la manifestación de varios partidos polí­ticos que aprovecharon la convocatoria para ganar un poco de vidriera y hacer desfilar a sus potenciales candidatos para las generales de 2028. En este contexto, el Gobierno, al que atacan en el intento de ganar espacio, les dio lecciones de compro­miso social y responsabilidad institucio­nal brindando las garantías estatales para el desarrollo del evento.

Si bien no hay mucha renovación para no decir cero alternancias en sus nucleacio­nes, los mismos espantavotos de siempre se agarraron del micrófono para llegar a los presentes, ya que las iniciativas propias de levantar importante cantidad seguido­res van a pique de fracaso en fracaso en los últimos tiempos. Una vez más, el gobierno del presidente Santiago Peña demostró altura en su gestión para el ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso el de manifestarse. La administración estatal se ocupó en brindar todas las garantías, princi­palmente la de seguridad.

Sin escatimar el Gobierno dispuso el servi­cio de 12.000 policías distribuidos en pun­tos claves de la capital del país, de manera de resguardar el buen desarrollo de la mar­cha campesina, de la que se colgó este año la oposición mediática que se amontonó para ganar protagonismo. Es así como varios impresentables se favorecieron con los flas­hes de las cámaras y se colaron de la tradi­cional protesta, pese a que ni saben de dónde vinieron los campesinos que pelean desde hace décadas reivindicaciones que les ayu­den a mejores condiciones productivas.

Todo vale en el intento de algún espacio político. Por un lado, clamaban una Justicia más eficiente, mientras aparecieron arriba de la tarima gente como Rafael Filizzola que chicaneó un proceso judicial por más de una década.

Otro como Miguel Prieto, con una adminis­tración minada por denuncias de irregula­ridades que van desde repartija de licitacio­nes a operadores y leales, sobre precios en contrataciones públicas, compras en condi­ciones fraudulentas de alimentos durante la pandemia, hicieron gala de la hipocresía con un descaro sin límites que no ocultaron la intención política con miras presidencial a las próximas elecciones presidenciales.

Una exsenadora que no se resigna de dejar el circo y que fue destituida por corrupción al ser descubierta en maniobras administrati­vas en el comisionamiento de funcionarios que eran sus subordinados. Un gobernador de Central con rosario de cuestionamientos por lapidaria gestión en sus tiempos de inten­dente de Villa Elisa como el caso de Ricardo Estigarribia, que repartió contratos de la municipalidad a su clan familiar, fungieron de grandes salvadores y férreos combatien­tes contra la corrupción y la impunidad.

¡Qué ironía! Lejos de marcar presencia en un acto tan respetado como el encuentro anual de los campesinos en la capital y dejar propuestas, proyectos concretos que enca­minen soluciones reales de los trabajadores del campo, como es costumbre los oportu­nistas politiqueros de la oposición solo apro­vecharon la convocatoria para figurar, bus­car perspectivas para que el dron refleje una muchedumbre a la que no son capaces de aglutinar como partidos políticos.

Lo importante era demostrar el poder de convocatoria de unos partidos opositores que todavía no pueden afinar un proyecto en común antes que respaldar y acompañar al campesinado con propuestas factibles a mediano y largo plazo. Ese es el triste rol de la oposición, colarse de eventos emblemá­ticos para una demostración de una fuerza que no la tienen única y exclusivamente electorales con cero contenidos para los fines sociales.

El campesinado, una vez más la templanza del campesinado, dejó lecciones de civili­zación, pese a los males que los aquejan y el descontento que pudieran arrastrar contra este y otros gobiernos anteriores. Las pre­cauciones tomadas por la administración central del país ayudaron a que las manifes­taciones se desarrollen sin incidentes, como debe ser en un Estado que hace respetar la democracia en la que todos tienen la posibi­lidad de elevar su voz de protesta.

Estas condiciones de seguridad y liber­tad son fundamentales en el ejercicio del derecho ciudadano, en este caso para dar garantías a la manifestación de un sufrido sector como el campesinado, pese a que de ella se colgaron los oportunistas de siempre, expertos en lamentos e ineptos en aportar proyectos reivindicativos.