La Asociación Rural del Paraguay (ARP) lamenta que se transgredan las leyes creadas en la Constitución Nacional, y que al hacerlo no generan avance alguno o resultados positivos. Manifiesta esto a través de un comunicado, con relación a la expropiación a favor del Estado, de que 4.305 hectáreas del área de la reserva Morombí serán transferidas a ocupantes provenientes de los asentamientos 6 de Enero y León Herido.

Con esta medida, se intercede en el área silvestre protegida, infringiendo los principios constitucionales, además de otras leyes de alcance administrativo y medioambiental, como la Ley 352/94, que se muestra clara y firme determinando que las áreas silvestres protegidas no pueden ser consideradas latifundios.

Asimismo, se incumple la Ley 6.676/20 que prohíbe la conversión de superficies con coberturas de bosques en áreas a ser destinadas a la agricultura o a asentamientos urbanos, recalca el gremio.

“Una ley que para nacer debe violentar otras normas del derecho positivo constituye un nefasto precedente de que la ley puede ignorarse, o de que una ley tiene un valor relativo, además de enviar un mensaje nocivo de que pueden orquestarse en ese marco de nuevas invasiones y expropiaciones”, expresa el comunicado.

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Asimismo, señalan que es una pena, ya que podría considerarse como un ilícito por incumplimiento de normas medioambientales aprobadas de origen internacional, y que forman parte del derecho de todos los ciudadanos.

El gremio se plantea la interrogante de considerar si esta expropiación, que violenta normas de la República, y que podría entenderse como una especie de confiscación, sería el final de un conflicto político social, o si simplemente es la apertura de una nueva grieta para generar nuevas invasiones.

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“Consideramos que esta ley de expropiación del área de reserva de Morombí podría ser un legado enormemente tóxico y nocivo al libre funcionamiento de las instituciones del país, y perjudicial al futuro económico, ya que puede interpretarse como un ítem negativo para las inversiones y la confianza de empresarios”, recalca el pronunciamiento.

Es por ello que los productores agropecuarios exigen en defensa de los intereses gremiales el respeto de la Constitución y de las leyes de la República, porque solo trabajando en un marco de seguridad y orden se tendrá paz, progreso económico y un bien común a compartir, concluyen.

La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado manifestando su preocupación por la promulgación de la Ley N° 6739 que expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social 4.305 hectáreas de la reserva Campos Morombí.

Las mismas están ubicadas entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, para ser distribuidas entre dos asentamientos, considerando que esta determinación deja un precedente para que otros grupos radicales tengan carta blanca para invadir y deforestar reservas naturales privadas o públicas.

“El artículo 2° de la ley expresa que ‘el área expropiada queda desafectada de la calidad de área silvestre protegida’, que había sido declarada por Decreto 14910/2001. El siguiente artículo establece que se debe indemnizar al propietario de dicho inmueble en un plazo no mayor de 90 días corridos”, detalla.

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Agrega que, desde la APS, consideran que este tipo de decisiones no favorece el normal desarrollo del campo, pues crea zozobra y dudas en el interés de los productores de invertir en sus campos y de seguir manteniendo sus reservas boscosas, ya que en Paraguay la mayor cantidad de reserva de bosques se encuentra en manos del sector privado.

“Para nuestro gremio es fundamental el acompañamiento de los grupos campesinos con capacitación y oportunidades mediante la transferencia de tecnología y conocimientos, por lo que creemos que la decisión del Poder Ejecutivo de expropiar una reserva natural para destinarla al establecimiento de estos asentamientos pone en riesgo miles de hectáreas de bosques que se encuentran en manos del sector privado y a la vez estimula las invasiones de tierras de grupos subversivos”.

Finalmente, manifiestan que desde la APS acompañan el trabajo en conjunto para el desarrollo de proyectos tendientes a lograr el empoderamiento de los campesinos.

“Instamos al Gobierno a que siga buscando el bienestar de la gente mediante acciones que no pongan en riesgo el capital de los productores e inversores, más aún en época de pandemia, cuando el escenario es mucho más preocupante e incierto de cara al futuro. Necesitamos garantías y previsibilidad en las políticas públicas para seguir invirtiendo en el campo”, concluyen.

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La utilización de reservas naturales o parques nacionales como espacios para el desarrollo de actividades ilícitas se volvió recurrente. Por ello, la Senad ha ejecutado operaciones de gran envergadura para eliminar los centros de producción y acopio de cultivos ilegales.

Una comitiva de agentes especiales de la Senad y el Ministerio Público apostados en Salto del Guairá se trasladó a la zona boscosa de la reserva natural Moromí. Dentro de las zonas protegidas estaba instalado un campamento precario donde se hallaban 3 mil kilos de marihuana picada, distribuidas en 110 bolsas. También fueron halladas bolsas de semillas de cannabis.

El fiscal Meiji Udagawa dispuso la destrucción de las sustancias y el campamento encontrado. El procedimiento no arrojó ningún detenido, pero se tienen varias informaciones que van a ser indagadas en el presente caso.

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Los agentes especiales de la Senad realizaron este miércoles un operativo dentro del parque nacional Paso Bravo, departamento de Concepción, en la zona limítrofe con San Carlos del Apa, donde se hallaron 3 pistas clandestinas en condiciones aptas para su uso, además de un laboratorio de procesamiento de cocaína y pasta base. Se incautaron también alijos de cocaína y marihuana.

La extensa zona del parque nacional, de cerca de 100 mil hectáreas, últimamente está siendo utilizada por estructuras del tráfico aéreo de drogas por su ubicación estratégica.

Tras horas de patrulla a campo traviesa, los antidrogas ubicaron tres pistas utilizadas aparentemente por aeronaves para el traslado de drogas. En las proximidades de una de ellas detectaron un improvisado campamento que contaba con todos los insumos y elementos para procesar cocaína y pasta base. Cocina a gas, recipientes de gran volumen, productos químicos a definir, moldes para las drogas, cintas de embalar, entre otros elementos. Allí encontraron aproximadamente 55 kilos de cocaína en moldes y 110 paquetes de marihuana prensada.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado respecto al caso Marina Cué, actualmente reserva Yberá, que permite la regularización de las tenencias de las tierras a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, a lo que el gremio exige el veto presidencial para salvar tales tierras que hoy se buscan expropiar, y que son la única posibilidad de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí.

El documento expresa que las áreas silvestres protegidas a perpetuidad son una de las pocas herramientas que tiene el Estado para resguardar los espacios verdes, la biodiversidad y los pulmones del planeta.

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“Permitir que un asentamiento continúe en la zona es poner en riesgo una biodiversidad única en el mundo, cuando existen en la actualidad varias propiedades del Indert que pueden cumplir con la función y los objetivos de dar oportunidad a las familias que merecen tierras para resguardar su subsistencia”, señala el gremio.

Al tiempo de alegar que entienden que no se pueden desconocer los profundos problemas sociales que representan los asentamientos, pero que es imperante que se deben ofrecer soluciones de fondo, para lo cual existen las herramientas y recursos institucionales en el marco de las políticas públicas.

En ese sentido, la preocupación es sustentada, ya que por ley nacional misma se advierte que no serán considerados como latifundios las fracciones de tierras destinadas a reserva forestal y declaradas áreas silvestres protegidas. Y que desde hace décadas, Paraguay sufre las constantes invasiones de tierras que luego son expuestas a una deforestación de alto impacto ambiental con el único fin de extraer madera.

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Por lo tanto, con la mencionada expropiación, se provocaría un precedente nefasto, considerando que admite un modus operandi que a partir de ahora será una práctica admitida por los poderes del Estado: el de invadir reservas forestales y áreas protegidas, deforestar, instalar asentamientos y luego exigir la expropiación.

Más aún cuando se trata de atropellos violentos, recordando el particular y macabro caso de la masacre de Curuguaty. Es por ello que la ARP no puede dejar de expresar su profundo rechazo y exige al presidente de la República que con el recurso del veto presidencial cumpla con su papel asignado de ser, en última instancia, el resguardo institucional de la nación, culmina el comunicado.