Miriam Orrego, miembro del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad Penitenciaria, informó que mañana se reunirán con los demás sindicatos para organizarse y salir a las calles, exigiendo el reajuste salarial.
En comunicación con Universo 970 AM dijo que definirán cuando retomaran la huelga, de manera a hacer un frente común y salir de nuevo a la calle. “Esta huelga es irreversible porque están avasallando nuestros derechos y ya están tocando nuestros estómagos”, aseveró.
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Aseguró que las autoridades de turno se benefician con sendos sueldos y que ellos deben sobrevivir con miserias. La sindicalista manifestó que van a agotar todas las instancias y que tienen previsto reanudar la huelga por 30 días.
"Nosotros estamos reclamando nuestro derecho de seguir viviendo. Nos hacen ver como si fuéramos los malos de la película. Solo reclamamos una vida digna porque por nosotros también pasan la suba de la canasta familiar”.
Sostuvo que la mayoría de los trabajadores penitenciarios tienen familias que mantener, que muchas de ellas son madres solteras, otros que sufren de enfermedades y que es difícil seguir una tratamiento con Gs. 2.200.000.
Los integrantes del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se encuentran “en pie de guerra”. Continúan con su advertencia de que presentarán una denuncia a nivel internacional por el amparo presentado por el Gobierno, dejando sin efecto la medida de fuerza.
Los trabajadores solicitan una mejora salarial del 30%, propuesta negada por el Ministerio de Justicia y Hacienda, que replantean que se creen cargos a través de concursos internos para que los guardiacárceles sean ascendidos y recategorizados.
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“Falsas promesas”
“Fueron falsas promesas y solo tenemos 170 rubros disponibles que se estarían transformando para el sistema penitenciario", sentenció Orrego.
El pasado 22 de octubre, a través de un amparo constitucional promovido por Sergio Coscia, procurador general de República, la huelga que guardiacárceles que debía iniciar en la fecha quedó suspendida. El salvaguardia judicial fue firmado por la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía de Bassani.
El documento establece la suspensión de la medida de fuerza y pide a los sindicatos mencionados que provean de la lista de los funcionarios asignados a garantizar el servicio de seguridad en todos los establecimientos penitenciarios.