Se trata del cuarto informe y presentarán avances sobre cuestiones que el comité había planteado en la última reunión y que Paraguay tenía que cumplir.

Una delegación paraguaya presentará su informe sobre Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, el próximo 9 y 10 de julio.

Según explicó Alejandra Peralta directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General al programa TRIBUNA por Paraguay TV, se trata del cuarto informe país el que se presentará y Paraguay tiene que presentar una lista de avances sobre cuestiones que el Comité había planteado en su última reunión con representantes de nuestro país.

El mencionado comité ya elaboró anteriormente, recomendaciones sobre ciertas áreas. “Este comité es el que supervisa el cumplimiento del pacto de derechos civiles y políticos, del cual Paraguay es estado parte” indicó.

El mencionado pacto tiene un catálogo de derechos civiles y políticos que Paraguay debe cumplir en ciertas áreas, en temas penitenciarios, mujer, niñez, y Paraguay dará el informe de los avances, así como también las nuevas recomendaciones, que serán bastante satisfactorias, según comentó la funcionaria de la Fiscalía.

Agregó que esto nos sirve para seguir avanzando, para saber lo que espera el comité de nosotros como país y sostuvo que es un aval muy importante para pelear por esas recomendaciones.

Aclaró que no se trata de una prueba, sino más bien será un dialogo, donde se cuenta la situación, lo logrado y esperar las recomendaciones con humildad, lo que esperan de nosotros en qué cambiar o mejorar, y por supuesto volver a trabajar sobre esto.

Explicó además que este informe se presenta cada 4 años. “Tenemos un periodo de tiempo para desarrollar la tarea en la casa. De estas audiencias participan varios estados y cada vez se divide entre los 193 países miembros para que les alcance a todos, son diferentes comités, tenemos 9 tratados internacionales” refirió.

Peralta expuso que se habló bastante en toda la semana del problema de las cárceles. “Tendremos que comenzar a hablar de las soluciones, tampoco es la cuestión de repartirnos culpas sino de empezar a proyectar una solución integral, porque la solución al problema penitenciario lo vamos a tener que trabajar de manera integral y eso involucra a los tres poderes del estado, no solo al ministerio de justicia” afirmó la experta en derechos humanos.

En torno a una de las problemáticas carcelarias, en este caso el hacinamiento, señaló que la primera idea que debemos quitarnos de la mente, es que el delincuente no tiene por qué vivir como una persona sin dignidad, también los procesados y condenados, son seres humanos, esto hay que entender y tiene que ver con un trabajo de sensibilización social.

Señaló que nuestra población penitenciaria casi alcanza las 16 mil personas, mientras que se tienen cárceles solo para 5000 personas. “Tenemos el hacinamiento de la cárcel porque están construidas para un numero tope de personas que puedan vivir con dignidad, porque si ya se le restringió la libertad también se le restringa sus derechos básicos, como un colchón, alimentación digna o agua potable, un baño, etc.” expresó.

Unas 13.000 de las 16.000 aproximadamente, están sin sentencia y en las cárceles. Unas 3000 y un poco más, son las que si tienen condena. Según la ley, si no se tiene condena, la persona sigue siendo inocente, es decir tenemos 13 mil inocentes sin condena en las cárceles del país, citó la directora de derechos humanos de la Fiscalía. Esto sucede por el abuso con la prisión preventiva. La misma fue creada como medida cautelar y no como medida punitiva o pena anticipada, como se la utiliza ahora, comentó.

“El juez de garantías debe imponer una prisión preventiva cuando sean demostrado por el fiscal investigador que esa persona no se someterá al proceso porque pueda fugarse y no existe otra forma de asegurar su comparecencia para aplicar la prisión preventiva que debería ser la última opción, la persona atiende derecho a litigar en libertad” acotó.

Según Peralta, cuando el artículo 245 del Código Procesal Penal, se modificó en el 2011, no se midieron las consecuencias que podía acarrear, que es el hacinamiento. Por eso, se debe realizar un análisis social y trabajar en derogar ese artículo.

“Se debe abordar de manera integral, porque también están los pasilleros, que no tienen celda y están agrupados en el patio, están los adictos dentro de esos grupos, por lo cual allí se debe involucrar al Ministerio de Salud” aseguró.

Por último, señaló que si no se enfoca esta cuestión de manera integral, no tendremos suficiente espacio ni aunque construyéramos 15 cárceles.