Tras el último amotinamiento con derivación fatal en la penitenciaria de San Pedro y el intento en Tacumbú. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) dio a conocer un informe que afirma que el hacimiento en la población penitenciaria, requiere urgentes medidas estructurales para erradicar la violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el país.
Recuerda que en el período 2000 - 2019, se produjo un exponencial crecimiento de la población penitenciaria, de 3.219 a 15.740 reclusos.
Pero en el afán del Gobierno por construir nuevas penitenciarias, resaltan que se deben construir al menos 23 penitenciarías de 500 plazas cada uno, para un déficit poblacional penitenciario de unas 11.430 plazas. “Lo que sería una inversión fiscalmente inviable, políticamente indeseable, que se encuentra fuera del campo de cualquier agenda de prioridades públicas”.
Indica que unas 1000 nuevas personas privadas de libertad se suman a la población penitenciaria cada año. “La tasa de reclusos por cada 100.000 habitantes en el año 2000 era de 61, en 2019 llega a 225 por la misma cantidad de habitantes”.
“Más penitenciarias no solucionan el problema”
El informe también expresa que las principales preocupaciones son los problemas estructurales del sistema como la falta de acceso al agua potable, a la salud, a un alojamiento adecuado, a la educación y al trabajo. Como la corrupción dentro del sistema y la emergencia de grupos criminales.
“La construcción de nueva infraestructura penitenciaria traducida en cárceles no es una medida pertinente y adecuada para enfrentar el problema de fondo, como ya señalaran los organismos internacionales de derechos humanos”, puntualizan.
De acuerdo a esta superpoblación penitenciaria, identificaron como varios problemas centrales entre ellos: el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, el endurecimiento del derecho procesal penal y la falta de una política de prevención de delitos.
El MNP inició un diálogo constructivo con las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo para abordar los problemas centrales en busca de políticas públicas para la garantía plena de los derechos humanos en el sistema penitenciario paraguayo.